El ajuste en el ministerio de Agroindustria continúa y en esta oportunidad el sector afectado es la secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que “habrá 600 despidos, que constituyen el 50% del personal de la Secretaría”.
En reclamo a esta medida, los trabajadores decidieron este miércoles un paro de 72 horas, con un acampe en las puertas del Ministerio, donde realizaron una asamblea abierta y llevaron a cabo la “crucifixión” de los propios trabajadores, como formas de visibilizar el conflicto. El jueves, habrá una marcha hasta el Ministerio, en el mismo sentido.
Melina Zucchi, delegada de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar, explicó a Tiempo: “Hace dos semanas, hubo una reunión entre los coordinadores provinciales de la Secretaría con el Ministerio, donde fueron informados sobre los despidos. Al día siguiente, el secretario (Santiago) Hardie y el ministro (Luis Miguel) Etchevere estuvieron en Catamarca, donde nos recibieron y nos confirmaron que habrá un ajuste. No le ven sentido a que el Estado tenga que cubrir la asistencia técnica de los pequeños productores”.
Por estos motivos, “compañeros y compañeras de todas las provincias, de las distintas delegaciones nos convocamos a este reclamo. Detrás de cada compañero despedido, están condenando a una familia; por eso, la crucifixión”, contó Zucchi.
Los trabajadores entienden que el objetivo del Gobierno es “desmantelar la Secretaría y el propio Ministerio”. En Agricultura Familiar, “somos unos mil trabajadores en todo el país y con estos despidos nos están desmantelando”. La Secretaría trabaja con pequeños productores, campesinos e indígenas, “que en conjunto representan el 80% de la producción nacional”. Son, en definitiva, “los que llevan a la mesa el alimento de los argentinos”. Para Zucchi, el avance del Gobierno “es ridículo y totalmente repudiable” y por tanto “no vamos a parar hasta que no reincorporen a los despedidos y garanticen el normal funcionamiento de la Secretaría”.
La Secretaría de Agricultura Familiar es un organismo descentralizado del Ministerio, que cuenta con una delegación en cada provincia (excepto Tierra del Fuego), la cual está integrada por técnicos de terreno y profesionales de distintas disciplinas como agrónomos, veterinarios, comunicadores, antropólogos, trabajadores sociales, etc. “Trabajamos con las comunidades y vivimos el territorio, para potenciar el desarrollo rural integral. No sólo en el aspecto productivo, sino en el acceso a la tierra, al agua, a la comercialización, a la educación y demás”, detalló la delegada. “Promovemos el desarrollo rural integral; somos ya muy pocos para realizar esa tarea y nos quieren desmantelar a menos de la mitad. Hay muchas familias productoras que se quedan sin el poco apoyo que tenían del Estado”, apuntó.
Los crucificados
Los trabajadores que le pusieron el cuerpo a la “crucifixión” son parte de los despedidos en abril último. Algunos de ellos, con más de 30 años de trabajo. Tal es el caso de Raúl Gorriti, un referente del área en Misiones, que trabaja en el Ministerio desde 1986. “A mí, me despidió Walter Kunz, que antes era Nacional y Popular y ahora es PRO”, dijo Raúl sobre coordinador de la delegación de Misiones. Gustavo Mrongowius es técnico de terreno del extremo noroeste pampeano, donde trabajó durante 10 años. “Soy delegado elegido por los compañeros y aún así me echaron. No les importa nada”, afirmó. Daniel Monasterio, de la delegación de Catamarca, sintetizó: “Me tocó a mí como a cualquier otro. Ni se fijan a quién echan”.
Entre el ajuste y la baja de retenciones
En abril último, hubo 330 despidos de trabajadores de todo el país, pertenecientes al ministerio que conduce el ex presidente de la Sociedad Rural Etchevere. En los primeros dos años de Cambiemos, la cartera ya había reducido 700 puestos de la plantilla general.
El desguace del Ministerio continuó en junio último, con la cancelación del Monotributo Social Agropecuario (MSA), que permitía a los sectores más vulnerables de la producción rural el acceso a una obra social y a una jubilación. Según publicó el diario La Nación en ese momento, “desde el organismo señalaron que el MSA implica una erogación mensual de ‘30 millones de pesos’”. Es decir, $ 360 millones anuales. En paralelo, el Gobierno decidió en la misma época continuar con la política de reducción de retenciones a los grandes agroexportadores. Según un informe de CEPA, esta decisión impidió “al Estado nacional recuperar un total de 28.100 millones de pesos para 2018”. Si bien el valor es de referencia (toma el mismo nivel de exportaciones que 2017), la diferencia entre los 360 millones que decide ahorrar el Estado con el MSA no guarda ningún tipo de relación con los $ 28 mil millones que cede a los agroexportadores.
