La deuda de las distribuidoras con Cammesa pisa los 100 mil millones de pesos. Casi la mitad corresponde a empresas provinciales, seguidas de cerca por empresas privadas. Las cooperativas, en tanto, acumulan un 15% del total de la deuda y reclaman que las provincias retienen sus pagos. Las privadas apuntan contra el congelamiento de tarifas, pero el complejo escenario tiene actores poderosos ubicados en distintos lados del mostrador y negocios ocultos.

“Cammesa es una mesa de dinero, controlada por las grandes distribuidoras y generadoras. El Estado no está en deuda con las empresas por el congelamiento, sino que estas empresas son las que manejan el negocio, no hacen inversiones y fugan los ingresos. Hay una cantidad de juegos que el Estado va a tener que ir destapando y, para eso, debería intervenir Cammesa, para ver bien qué está pasando”, resumió a Tiempo el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci.

“Para las cooperativas sí es un problema serio el congelamiento porque muchas no pueden pagar genuinamente”, alertó Minucci.

Las cooperativas, por su parte, buscan desmarcarse de las privadas. El presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), José Álvarez, explicó a Tiempo: “Las privadas no solo distribuyen, sino que también generan y transportan y tienen otros grandes negocios. Nosotros estamos de acuerdo con el congelamiento, pero necesitamos que se nos reconozca el Valor Agregado de Distribución (VAD), que es la herramienta a través de la cual se reconocen los gastos de las distribuidoras”.

Las deudas privadas

La deuda privada con Cammesa ronda los $ 35 mil millones y está liderada por Edenor y Edesur. Edenor, perteneciente a Pampa Energía, debe unos $ 9.100 millones. La deuda de Edesur, que pertenece al gigante italiano Enel, asciende a casi $ 9.400 millones.

Tal como lo cuenta la propia empresa en su web oficial, Enel Argentina “participa en todas las etapas del proceso energético: generación, transporte, comercialización y distribución”. El equipo forma: Generación Costanera, Generación El Chocón, Central Dock Sud y Enel Green Power, en generación; Trading Argentina, en comercialización; Edesur, en distribución, y TESA, CTM y Yacylec, en transporte.

En cuanto a Pampa Energía, “participamos en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica”. En la generación, Pampa opera a través de centrales térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos; en transmisión, “a través del co-control de Transener, que transporta el 85% de la electricidad de la Argentina”; en distribución, con la popular Edenor.

Por su parte, DESA, liderada por el empresario Rogelio Pagano, concentra el 65% de la distribución eléctrica en el interior de la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno de Cambiemos, DESA compró Edelap, Edes, Eden, Edea y, ya que estaba, la salteña Edesa. Entre todas, deben a Cammesa unos $ 4.500 millones. De estas, Edelap y Eden son las que más deben.

Edersa, que provee de energía eléctrica a Río Negro, pertenece al Grupo Neuss, que a fines de 2019 inició un juicio contra Argentina en el CIADI, por “reiterados incumplimientos tarifarios adoptados por el Estado argentino (y particularmente de la Provincia de Río Negro)”. Su deuda con Cammesa oscila los $ 6 mil millones.

Edemsa, por su parte, es parte de una nebulosa de empresas que arranca en el Grupo Vila-Manzano, pasa por el gobierno de Mendoza, hace escala en las Islas Vírgenes Británicas y termina en el gigantesco holding de Londres, Andina PLC. Edemsa le debe Cammesa casi $ 7 mil millones.

Finalmente, la jujeña Ejesa es controlada por el grupo Ceisa, que a su vez es controlado por la tucumana Edet, que a su vez pertenece a la filial argentina de la chilena CGE. Entre Ejesa y Edet, deben a Cammesa unos $ 250 millones.

Los subnegocios de Edenor y Edesur

Edenor y Edesur comparten en partes iguales la conformación de SACME, empresa que se ocupa de la coordinación, supervisión y operación del sistema de generación, transmisión y subtransmisión de la red de energía eléctrica en AMBA. En síntesis, es la empresa que se encarga de controlar que Edenor y Edesur hagan bien su trabajo, para luego enviar informes a Cammesa.

Cammesa es controlada por un directorio conformado por representantes del Estado y de las cámaras de generación, transporte y distribución de la energía. En este punto, cobra importancia el juego político. “Hasta diciembre de 2019, el directorio de Cammesa era controlado por Pampa Energía (Edenor), principalmente, junto a Enel (Edesur) y Pagano (Rogelio, fundador y líder de DESA); Nicolás Caputo, socio principal de la generadora Central Puerto y cercano a Mauricio Macri, y el director por parte del Estado, Mario Cairella, hombre de Gustavo Lopetegui. Están cartelizados, se mueven en conjunto”, afirmó a Tiempo el secretario de Estudios Técnicos, Legales e Internacionales de APSEE, Guillermo Albaytero.

Así las cosas, las grandes empresas acaparan todos los eslabones de la cadena y tuvieron grandes dividendos durante los cuatro años del gobierno macrista, cuando las tarifas aumentaron en más del 3 mil por ciento. Si bien las inversiones prometidas no llegaron a concretarse, sí se concretó la compra de Petrobras Participaciones, que controla Petrobras Argentina, en unos 1.300 millones de dólares, en julio de 2016, por parte de Pampa Energía. De la misma forma, Enel compró Eletropaulo, la distribuidora más importante de Brasil, en casi 1.500 millones de dólares, en junio de 2018.

Las provincias

Las empresas controladas por los estados provinciales son las que más deuda acumulan con Cammesa. El total supera los $ 45 mil millones y el ranking está liderado por la misionera Emsa y EPE Santa Fe, con deudas que superan los $ 11 mil millones. Más atrás, se ubican la chaqueña Secheep, con más de $ 7 mil millones de pasivo y EPE Córdoba, con unos $ 3.500 millones de atraso en los pagos.

Las cooperativas

Las cooperativas deben unos $ 15 mil millones. De ese total, el 90% se reparte en una decena de cooperativas. Cammesa inició juicio a todas, entre 2018 y 2019, cuando un grupo de cooperativas lideradas por la neuquina CALF había iniciado una rebelión contra los aumentos de precios del sector y se negaron a pagar.

“Si no tenemos reconocido el VAD, a las cooperativas se nos complica mucho. Por eso, buscamos que se nos reconozcan al menos tres facturas, aunque eso seguro va a terminar siendo negocio para las grandes empresas, que se meten detrás del pedido nuestro, porque es muy difícil separar una cosa de la otra”, advirtió Álvarez.

Aun así, “las cooperativas en general tenemos pocas deudas, pero ocurre también que las provincias retienen pagos que nosotros hacemos y que no llegan a Cammesa”, afirmó Álvarez. Ocurre que la gran mayoría de las 600 cooperativas eléctricas del país no pueden comprar directamente a Cammesa, sino que compran a otras distribuidoras, en general, provinciales. Con todo, “las cooperativas sí hemos invertido y hemos hecho muchas obras y reparaciones, no pusimos el dinero en ningún otro lado”, finalizó Álvarez.

La respuesta del Gobierno

El proyecto de ampliación de presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados dispone, en los artículos 14 y 15, que el Gobierno perdone tres meses de pago a las distribuidoras, siempre y cuando se pongan al día antes del 31 de octubre. Resta la aprobación del Senado, pero difícilmente se trunque, ya que los estados provinciales estarían entre los grandes beneficiados.

Sin embargo, en paralelo, desde la Secretaría de Energía contaron a Tiempo que “respecto a las deudas de las provincias, se evalúa la aplicación de retenciones a la coparticipación”. Según la fuente, “el mayor problema son los pasivos y punitorios acumulados”, por lo cual “se está haciendo un estudio muy profundo del escenario actual, para buscar una solución que signifique una salida a la situación”.

Cammesa tiene juicios iniciados contra todas las cooperativas que acumulan deudas grandes, mientras que solo dos privadas y una provincial están en la misma situación.