A pocas horas de conocerse el resultado de las elecciones que lo dieron como ganador, el flamante presidente de la Nación anunció su intención de avanzar en la privatización de los medios públicos junto con la aerolínea de bandera y la petrolera YPF.
El presidente electo, Javier Milei en una entrevista en radio Mitre señaló que “no adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado”, señaló.
La voluntad del presidente, sin embargo, no alcanza para que el plan de privatización se lleve adelante. Para lograr ese objetivo deberá superar una serie de obstáculos de orden gremial y también legal para los que necesita una fortaleza de la que a priori adolece.
El plan de privatizaciones de empresas públicas que llevó adelante en su momento el gobierno de Carlos Menem pudo avanzar especialmente porque el entonces presidente contaba con una mayoría en ambas cámaras en el Congreso y el aval más o menos explícito de la CGT que lo había apoyado en su desembarco en el poder.
En este caso, la intención del mandatario generó el inmediato rechazo de los trabajadores involucrados. El mismo martes el SiPreBA realizó una asamblea en Radio Nacional y el miércoles una en la TV Pública. Para el jueves está agendada una reunión de esa naturaleza en la Agencia de Noticias Télam cuyos trabajadores ya atravesaron y revirtieron el intento de desmantelamiento de la Agencia en el gobierno de Mauricio Macri cuando despidió a más de 350 trabajadores.
El martes, además, una reunión de Comisión Directiva del SiPreBA, abierta a delegados de todos los medios colmó el salón del sindicato. Allí, entre otras medidas, se resolvió “ratificar la defensa de los medios públicos y por su rol para la democracia, por el derecho a la comunicación, por la libertad de expresión, por el federalismo y por la pluralidad de voces”. El clima reinante augura una respuesta en regla cuando la amenaza presidencial comience a tomar forma concreta.
En diálogo con Tiempo Argentino, el secretario general de SiPreBA señaló que “vamos a estar en la primera línea de lucha defendiendo los medios públicos así como las condiciones de trabajo y los derechos laborales de los y las trabajadores de prensa. Hoy hubo una asamblea masiva en la TV Pública, ayer en Radio Nacional y mañana haremos otra en Télam. Nos declaramos en estado de asamblea permanente y movilización. Buscamos transmitir tranquilidad a los compañeros porque ya atravesamos situaciones similares en los ’90, en el 2000 y en el macrismo y ahora estamos mucho mejor preparados para enfrentar la situación que venga”.
El camino legal
Pero además, la privatización de empresas estatales no es potestad de una decisión presidencial. Para avanzar en ese camino el presidente libertario deberá reunir una mayoría en el Congreso que por el momento no tiene.
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) fue creada por la Ley 26.522 poniendo a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional. Por ese motivo cualquier alteración de su finalidad requiere de una ley.
La Agencia Télam, por su parte, fue creada por Decreto 2507/02, como Agencia de Noticias del Estado.
De este modo, todo el Sistema Nacional de Medios Públicos está constituido por sociedades del Estado regidas por la ley 20.705 del año 1974 que exige la intervención legislativa para cualquier modificación sobre su continuidad tal como lo indica su artículo 5°: “sólo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo resolver la liquidación de una sociedad del Estado”.
Así las cosas y con un congreso que lo tiene confinado a una minoría difícilmente pueda viabilizar su plan al menos en el corto plazo y sin violentar la legislación vigente.
Con todo, Javier Milei podría apelar a la variante de un decreto de necesidad y urgencia que, de todas maneras, debería ser ratificado por el Congreso Nacional. Esa situación de indefinición complicaría la posibilidad de conseguir un comprador que, por otra parte, debería desmantelar las unidades operativas cuya estructura responde a las necesidades de empresas con fines públicos que no necesariamente deben garantizar una rentabilidad empresaria en tanto buscan garantizar acceso a la información de sectores de la población.
Radio Nacional, por caso, cuenta con emisoras dispersas en todo el país que garantizan el flujo de información a poblaciones muchas veces aisladas y que dificilmente resulten rentables desde el punto de vista empresarial pero son fundamentales para la integración de esas comunidades.
La Agencia de Noticias Télam, además, nutre de información chequeada y avalada a miles de medios privados y cooperativos a lo largo y ancho de todo el país del mismo modo que lo hacen las agencias nacionales de noticias en muchos países desarrollados del mundo. Si bien para eso percibe una tarifa su función, por ese motivo, tampoco puede medirse desde el punto de vista empresarial sino desde la lógica del derecho a la información que tiene la sociedad.
