La Corte Suprema de Justicia admitió tener más de $ 30 mil millones acumulados en el Fondo Anticiclíco creado en 2008 por ella misma «a fin de garantizar recursos financieros en situaciones excepcionales». La información tomó estado público a partir del pedido de informes realizado a principios de mayo por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) ante la parálisis que, denuncian, atraviesa el fuero laboral como resultado de la falta de equipamiento necesario para atender las audiencias testimoniales en formato virtual.

Según un relevamiento de la entidad que representa a los defensores de los trabajadores en la Justicia, durante el año pasado se habían suspendido 150 mil audiencias que implicaban una bloqueo al acceso a la Justicia laboral para miles de trabajadores en un contexto en el que era más necesario que nunca ese acceso por la catarata de despidos y suspensiones ilegales que aplicaron las patronales con la excusa de la pandemia y a pesar de las normas en contrario que emitió el gobierno.

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El intento de desbloquear esa situación a principios de este año, con la habilitación de audiencias presenciales, tuvo que posponerse por la aparición de casos de Covid-19 y por las deficiencias de la infraestructura edilicia para cumplir con los protocolos sanitarios elementales.

En ese cuadro exasperante, la AAL reclamó conocer el estado de ese fondo anticíclico con el objetivo de que se aplique en el equipamiento de recursos tecnológicos para realizar las audiencias en formato virtual o acondicionar salas para garantizar el formato presencial. Es que, aseguran, el Presupuesto 2021, aprobado por acordada 32/2020, estableció partidas específicas para el equipamiento informático. El fondo, acusaba la AAL, «es millonario, pero la Corte no rinde cuentas ni de su monto ni de su uso».

La Corte Suprema, máximo órgano del Poder Judicial, sin embargo, se tomó su tiempo para dar cuenta del pedido de informes realizado conforme lo dispone la Ley 27.275 de acceso a la información pública. Allí, se establece un período de 15 días hábiles para que los organismos estatales respodan la consulta requerida por cualquier ciudadano y, a su vez, contempla una prórroga por un período idéntico. El organismo presidido Carlos Rosenkrantz hizo uso de todo ese tiempo para dar cuenta de la solicitud que, desde el punto de vista de la AAL, resultó incompleta y, por lo tanto, violatoria de la Ley 27.275.

Por ese motivo, según adelantó la presidenta de la entidad, Cynthia Benzion, la AAL hará una presentación ante la Agencia de Información Pública reclamando, paradójicamente, que la Corte Suprema se ajuste a derecho. En caso de no avanzar por esa vía, aseguran, continuarán por vía judicial en el fuero Contencioso Adminsitrativo.

La respuesta de la Corte con fecha del 15 de junio a la que pudo acceder Tiempo apenas da cuenta de uno de los puntos que reclama la entidad, el que se refiere al monto acumulado en el Fondo, pero omite explicar si se hizo uso de parte de ese presupuesto para equipar a la Justicia Nacional del Trabajo o si se tuviera planificado hacerlo.

Por el contrario, la Corte remitió el pedido de información al Consejo de la Magistratura. Para Benzion, «no respondieron nada. La acordada que creó el Fondo es para situaciones excepcionales que dificulten el acceso a la Justicia. Es lo que estamos viviendo».

La dirigente explicó que «ni siquiera podemos decir que es una respuesta parcial, claramente es un incumplimiento de la ley de información pública. No se lo vamos a dejar así, vamos a presentar otra nota a la Corte y vamos a recurrir a la Agencia que es el mecanismo previsto. Caso contrario, iremos al fuero Contencioso Administrativo».

Para Benzion la situación del fuero laboral en términos generales «sigue semiparalizada. Seguimos viendo resoluciones de primera instancia que dicen que no pueden reanudar las audiencias por falta de tecnología. Sigue habiendo resoluciones arbitrarias que responden al criterio de cada juez. Si dejan estar o no presentes a lo abogados o por vía remota. Hay casos que ni siquiera nos dejan presenciar las audiencias. Impiden que avancen las causas y que hagamos nuestro trabajo vulnerando el derecho del debido proceso y se siguen acumulando audiencias suspendidas».

La titular de los abogados laboralistas contó que, de manera informal, invitaron a la entidad a participar de un acto que el Consejo de la Magistratura organizó para celebrar la entrega de 90 computadoras con cámaras web incorporadas: «Nos pareció parte de la misma tomada de pelo. En 15 meses de pandemia hacen un acto para celebrar que entregan 90 computadoras que equivalen a 1,1 por juzgado. Es una desidia y un ninguneo al fuero laboral». «