Una suba de las tasas de interés y el recorte en los subsidios a las tarifas son, por ahora, las primeras medidas que estudia tomar el gobierno para cumplir con el duro ajuste fiscal que establece el principio de acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional.

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, admitió la posibilidad de una corrección en la tasa de referencia que establece la entidad. La misma sería aplicada una vez que se eliminen los pases pasivos a siete días, instrumento que el organismo pretende desactivar para que el grueso de los bancos, en vez de prestarle su sobrante de dinero al Central, lo haga al Tesoro. A mayor tasa, mayores chances de que el mercado esté dispuesto a financiar al gobierno. «Estamos esperando que termine ese proceso para ver si hacemos algún otro cambio en la tasa de interés. Y también estamos esperando ver qué es lo que va a terminar resultado con la inflación de enero», dijo Pesce, en una entrevista con el diario Ámbito Financiero.

En cuanto a las tarifas, se aguarda la decisión política de la Secretaría de Energía y de los entes reguladores de gas y electricidad (Enargas y Enre) para elaborar y poner en vigencia los nuevos cuadros tarifarios. En las últimas semanas se llevaron a cabo las correspondientes audiencias públicas para que empresas y consumidores expresaran sus opiniones. La idea es que el incremento general en las boletas finales ronde el 20%, pero en paralelo las franjas de la población con mayores ingresos deberán afrontar la eliminación y/o reducción de la parte de la tarifa que cubre el Estado. Todavía no se sabe cómo se implementará ese mecanismo.

Las decisiones implicarían poner en marcha los entendimientos alcanzados con el FMI, que traen consigo un durísimo ajuste fiscal. Este año, el gobierno deberá reducir el déficit en alrededor de U$S 4.000 millones para cumplir la promesa de bajar el saldo negativo primario del 3,4% del PBI que establecía el frustrado proyecto de Presupuesto 2022 al 2,5% acordado con el staff técnico del Fondo. El año que viene debería bajar a 1,9% del producto y en 2024 a sólo 0,9%.

El economista Claudio Lozano estimó que el acuerdo compromete un ajuste fiscal para los últimos dos años del mandato de Alberto Fernández de 8920 millones de dólares (al tipo de cambio del presupuesto 2022) y de 4200 millones de dólares respecto al presupuesto que el propio Guzmán presentara en el Parlamento y que no fuera aprobado. En su visión, si se cumple la consigna de expandir el gasto de capital, cumplir esas metas «sólo es factible reduciendo el gasto corriente, justamente el que ya se ajustó en 2021: salarios, jubilaciones y prestaciones sociales».

De la misma manera, el Banco Central será obligado a dejar su rol de principal auxilio del Tesoro. Los aportes monetarios de 3,7% del PBI deberán bajar a sólo 1% este año y 0,6% el que viene. En otras palabras, si las transferencias y giros de utilidades del BCRA se acercaron a los $ 2 billones el año pasado, en 2022 no podrán superar los $ 600 mil millones. En esta restricción privó la visión ortodoxa del staff, que cree que la emisión de dinero es el principal motivo de la inflación y de recalentamiento de las cotizaciones paralelas del dólar; si bien aceptó algunos enfoques del gobierno (por ejemplo, la continuidad de los acuerdos de precios para calmar expectativas), en este aspecto impuso el suyo.