El gobierno prometió al Fondo Monetario Internacional que la inflación irá disminuyendo paulatinamente y que hacia fin de año estará en el orden del 3 por ciento mensual. De esa manera, piensa cumplir con la pauta del 60% que se había autoimpuesto para 2023.

El compromiso fue tomado en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, divulgado este lunes. El documento, más conocido como “carta de intención”, fue incluido por el FMI en el informe técnico elevado por los auditores al directorio del organismo, que el viernes pasado aprobó un nuevo desembolso por U$S 5.400 millones.

“Se proyecta que la inflación de este año se modere durante el año de 6,3 por ciento mensual en enero/febrero a alrededor del 3 por ciento mensual para fines de 2023, respaldado por una combinación de medidas de política fiscal más estrictas, tasas de política monetaria real positivas sostenidas (y cierta recuperación en la demanda de dinero), mejor coordinación de salarios y precios, y precios mundiales de materias primas más suaves”, señala el documento.

De todas maneras, las autoridades aclararon que “se espera que la caída de la inflación sea gradual, dada la alta inercia de la inflación”.

El desafío luce difícil en vistas de la aceleración que ha tenido el fenómeno inflacionario en los últimos meses. Hacia fines del año pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, había planteado el objetivo de que en abril la variación del índice de precios al consumidor comenzara “con un 3 adelante”.

La realidad le contestó con un rally alcista que por ahora no encuentra techo: 5,1% en diciembre, 6% en enero y 6,6% en febrero. La mayoría de los pronósticos privados vaticina que en marzo el piso será de 7%.

Sin embargo, en el capítulo de proyecciones macroeconómicas, el gobierno mantuvo las previsiones de un rango de inflación de entre 55% y 65% para el fin del período.

«Shocks de oferta» como causa de la inflación

Adicionalmente, en una declaración que complementa la carta de intención, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, adjudicó a “un conjunto de shocks de oferta” la suba de la inflación a una tasa interanual de 102% en febrero. “Esta no es una dinámica impulsada por la demanda”, aseveró.

Sin embargo, Chodos aseguró que “continuamos tomando todas las medidas para abordarlo de manera decisiva”. Y detalló: “Nuestra política, mezcla de la contención fiscal, el límite de la financiación monetaria, y la tasa de interés y política cambiaria muestran un compromiso incansable para abordar este problema. Estamos confiados que seguirá un camino de desinflación gradual pero consistente”.

Como para asegurarse de esos objetivos, el FMI fue bastante enfático en la insistencia en que se fijen tasas de interés positivas en términos reales (es decir, por encima de la inflación) y en evitar el desborde del gasto público, que deberá seguir anclado en 1,9% del PBI. Así lo señaló la subdirectora del organismo, Gita Gopinath, en un comunicado. También pidió actualizar la cotización del dólar para evitar un retraso cambiario.

Como se descuenta que habrá menores ingresos fiscales, por la sequía, el gobierno se verá obligado a practicar un ajuste en los gastos. Las recomendaciones del Fondo para ese fin consistieron en una implementación más rápida del recorte a los subsidios en las tarifas públicas y una limitación de los criterios para aceptar ingresos a la moratoria previsional, entre otros aspectos.

En su carta de intención, el gobierno prometió que a pesar de los perjuicios que la sequía genera para el conjunto de la economía (y cuyos efectos todavía no están claramente definidos, señala en más de una ocasión), “estamos adaptando proactivamente nuestras políticas para garantizar la estabilidad macroeconómica y la adherencia a los objetivos del programa. Estamos listos para seguir actuando según sea necesario”.