El ministerio de Salud autorizó un nuevo aumento de aranceles para las entidades de medicina prepaga. La resolución (613-E) fue publicada en el día de hoy en Boletín Oficial y alcanza a las empresas el inscriptas en el Registro Nacional (R.N.E.M.P.). 

Según la resolución, la suba responde a un análisis de costos del sector realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud que consideró adecuada una actualización en dos cuotas del 6% a partir de julio y del 5% desde agosto. 

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En diciembre de 2016 la misma entidad había autorizado un incremento del 6% a partir del mes de febrero de este año. A diferencia de la mayoría de las discusiones de aumentos de salarios en paritarias, las cuotas del aumento tendrán un carácter acumulativo. Por eso, tomado de punta a punta, durante los primeros ocho meses del año, las tarifas de las prepagas sufrirán aumentos de un 18%. 

Estas entidades dan cobertura a alrededor de 4 millones de usuarios, muchos de los cuales, derivan sus aportes desde obras sociales sindicales. 

Durante todo 2016, las entidades habían actualizado sus precios en un 43,5% acumulado sobre la base de 4 cuotas dictadas en tres resoluciones diferentes, la última de ellas en septiembre. Así las cosas, no puede descartarse un nuevo incremento para el último tramo de este año. Desde la asunción de Mauricio Macri, la medicina privada aumentó en un 69.2%.

Hoy, un contrato directo de un matrimonio con dos hijos de un plan básico de OSDE (210) cuesta $8.926. Con los nuevos valores, para agosto costará $9.934. Para fines de 2015, el precio era $5.870.

En 2016, las entidades habían presentado como parte de sus argumentos la suba en los “costos salariales”. En el caso de Sanidad, con la excepción del las paritarias del sector droguerías (23%), aún no han sido acordadas. 

Pedro Bussetti, presidente de la Asociación Civil Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), explicó a Tiempo Argentino que “el gobierno autoriza aumentos dos o tres veces por año. El incremento a las prepagas en los últimos tiempos ha sido extraordinario. No hay ninguna esperanza de que la actual gestión contenga estos aumentos. La decisión está en manos de las empresas y no del Estado que no interviene y simplemente acepta lo que las empresas le tiran como propuesta”. 

El dirigente de la entidad de defensa de los consumidores denunció que “la ley 26.682 aprobada en mayo de 2011, dictamina que se conforme un Observatorio compuesto por las entidades de usuarios y consumidores para que sea allí donde se discutan los precios (no son tarifas porque no se las considera un servicio público). Pero nunca se conformó. Seguimos insistiendo porque es inadmisible que no se integre a la discusión al sector más débil que, a la vez, es el mayoritario”.

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