Uno de los temas excluyentes de esta semana fue la firma del Consenso Fiscal para 2022, al cual adhirieron todos los gobernadores de las provincias argentinas, a excepción del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de lo que Horacio Rodríguez Larreta mencionó, y que varios medios reprodujeron, esta iniciativa no apunta a un “aumento de impuestos” sino a una “armonización tributaria”, según las palabras de Silvina Batakis, la secretaria de Provincias. De esta forma, se otorga una mayor previsión a los contribuyentes al establecerse máximos para las alícuotas de los impuestos más importantes. Asimismo, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, destacó que el acuerdo “no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos, es decir que todos los gobernadores y gobernadoras que están firmando este consenso fiscal están autolimitando la suba de impuestos”.

Por ejemplo, en el impuesto de sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles, del 3% a la transferencia de automotores y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo. En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.

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El nuevo consenso busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado, con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones del país.

Según dijo el presidente Alberto Fernández: “Es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido, que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de la herencia, es muy interesante”.

A su vez, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito por desembolsos pendientes originados en convenios ya firmados. Esto evitará un “descalce” entre los ingresos en pesos de las provincias y su endeudamiento en moneda extranjera.

El caso de la Ciudad de Buenos Aires es paradigmático ya que, si bien Larreta alega no haber firmado porque dice “en la Ciudad no vamos a aumentar impuestos”, la realidad se encarga de mostrar lo contrario. Un ejemplo de ello fue la imposición el año pasado del 1,2% a los consumos con tarjetas de crédito, un tributo indirecto que además afecta en mayor proporción a los que menos tienen.

En el tema de la deuda, la situación de Larreta es complicada. Según lo informado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de CABA, los vencimientos de intereses en moneda extranjera de la Ciudad estarán cerca de cuadruplicarse en 2022 con respecto a 2021, pasando de 118,9 millones de dólares a 432,8 millones, siendo en su mayoría endeudamiento con bonistas privados. Típico de las políticas del cuatrienio macrista en la Nación.

A modo de cierre del tema, otra cuestión relevante del Consenso Fiscal con provincias fue expresada por el presidente: “Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”. Una mención que destaca los consensos, luego de la negativa decisión de la oposición de rechazar el Presupuesto 2022 del PEN.

Se requiere mayores entendimientos

Como he mencionado en otras columnas, la renegociación de la deuda con el FMI constituye uno de los desafíos más importantes de la actual coyuntura argentina. Una “mochila” muy pesada con la que la administración de gobierno actual tuvo que lidiar desde que comenzó su gestión.

La oposición de Juntos por el Cambio habla del acuerdo con el Fondo como si el actual gobierno estuviera buscando un préstamo con el organismo. Lo que el gobierno está buscando es modificar el acuerdo que nos dejó la administración anterior, un endeudamiento que es impagable y que lleva al país a un camino sin salida.

El informe “ex post” del FMI no deja ninguna duda respecto de que el gobierno anterior hizo un uso no debido, no ajustado a las normas del propio Fondo, de lo que se debía hacer con el financiamiento, y que la política fracasó, está dicho con todas las letras.

Queda claro que el crédito fue mal utilizado, también que el Fondo Monetario no realizó los controles que tenía que efectuar para que se use para lo que tenía que ser utilizado. Además puede discutirse si las políticas que se implementaron en el marco del crédito fueron un fracaso o un éxito, según del lado que se mire, porque sirvieron para que quienes integraban el equipo de gestión de Macri cumplieran con sus objetivos de facilitar la fuga, endeudar al país y condicionar a los futuros gobiernos.

Sin duda, no es una cuestión que pueda resolverse en “cinco minutos”, como dijo alguna vez el expresidente Macri. Ahora las prioridades son otras y así lo reafirmó el ministro Martín Guzmán en una reciente entrevista dada al diario El País de España: “Hubo una autocrítica (del FMI). La evaluación reconoce que el programa de 2018 fracasó y que no cumplió ninguno de sus objetivos”. Guzmán afirmó además que, si bien el gobierno argentino tiene “el pleno interés en cerrar un acuerdo lo más rápidamente posible”, no será de cualquier manera, sino basado en “un esquema de políticas macroeconómicas” que le permitan al país seguir en la senda de la recuperación y de la reducción de la inflación.

El ministro destacó que “el mismo FMI dice que debería haber habido más temprano una reestructuración de la deuda pública denominada en moneda extranjera, que luego nosotros llevamos a cabo en 2020; que debería haber habido regulaciones de capital para evitar que una parte significativa del préstamo se utilizase para financiar la salida de capitales; y también reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal que no solo se puede atacar con una política monetaria y la tasa de interés, como se hizo en ese momento”.

Es un equilibrio complejo. El ministro reconoce que con el staff del Fondo ha habido avances importantes, pero “a nivel de los accionistas, claramente ha habido un crecimiento de la comprensión de la situación, pero esa comprensión no se ha dado a la velocidad que sería deseable para tener un acuerdo ya con el FMI”.

A diferencia de lo sucedido en otros acuerdos con el FMI, esta vez la Argentina apunta a generar las condiciones que permitan hacerle frente al préstamo no sobre la base de un ajuste fiscal, sino a partir del crecimiento de la economía, en la que el Estado juegue un rol decisivo a la hora de invertir recursos para lograrlo, pero con una mejor distribución de los ingresos, y a partir de estas premisas comenzar a cumplir con el pago de la fuerte deuda heredada.