En la asunción del nuevo canciller, Jorge Faurie, el presidente Mauricio Macri la emprendió directamente contra el abogado laboralista Héctor Recalde, a quien denunció de encabezar una «mafia de los juicios laborales».

La embestida no es un caso aislado. Se trata de un escalón más en la ofensiva que el gobierno lleva adelante contra el fuero laboral. Ya en julio de 2016, Macri adelantó en una entrevista con Joaquín Morales Solá que su política de ajuste debía forzosamente partir de un encuadramiento de ese fuero, al que responsabilizó por las dificultades en la llegada de inversiones externas. Allí señaló que era necesaria una justicia laboral «más equitativa».

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Los principios sobre los cuales se funda el derecho laboral parten del concepto de «preferente tutela» en favor de los trabajadores a partir de la asimetría que existe en la relación laboral entre patrones y asalariados. Por eso, se considera que la actitud de los jueces laborales debe ser «imparcial pero no neutral».

Aquellas declaraciones fueron la antesala de una serie de ataques contra jueces laborales. A la fecha, el gobierno lleva adelante cinco pedidos de juicio político contra camaristas del fuero laboral vía el Ministerio de Trabajo, el Enacom y Vialidad Nacional. Enrique Arias Gibert y Graciela Marino son dos de los magistrados. Fallaron a favor de los trabajadores bancarios cuando las cámaras del sector, por indicación del gobierno, se negaban a acatar el acuerdo paritario suscripto en diciembre de 2016. En tanto, los jueces Diana Cañal y Luis Raffaghelli dictaron un fallo de reinstalación de trabajadores despedidos por el Enacom, mientras que Mirta González Burbridge reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional.

El gobierno nacional impulsó, además, la recusación de la jueza de primera instancia de la provincia de Buenos Aires Dora Temis, porque había dictaminado la restitución de los descuentos de los docentes por los días de paro.

En diálogo con Tiempo, el diputado Recalde señaló: «No es un ataque a mi persona. Están buscando generar temor en los juicios laborales. Es algo que se arregló con las grandes cámaras empresarias. Con esto tapan otros problemas como la baja del consumo de leche, la desocupación y se preparan para la flexibilización laboral y previsional. El ataque es la mejor defensa. Los juicios laborales bajaron a la mitad desde abril por la ley de ART. Si hubiera libertad para pleitear tendríamos un piso de 4,5 millones de juicios laborales que son los trabajadores en negro. Pero, además, con los decretos no hacen más que espantar ellos mismos las inversiones por falta de seguridad jurídica.»

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, consultado por Tiempo, coincidió en que «no hay simplemente un agravio a los abogados sino un ataque a los trabajadores. Es un preludio para las reformas laborales. Cuando en enero se aprobó la ley de ART la campaña fue similar. Intentan instalar un clima que les permita justificar, frente a la opinión pública, reformas laborales regresivas o ataques a los sindicatos.»

Cremonte opinó que «el ideal de ellos es un país sin derecho al trabajo, sin justicia laboral, sin derechos laborales ni sindicatos. Es el de poder manejarse con sus trabajadores de manera individual en una relación de desigualdad absoluta.»

Recalde ya presentó una denuncia en la OIT contra el gobierno nacional por discriminación e interferencias en el Poder Judicial. Sobre la llamada industria del juicio sostuvo: «Hay patologías, pero son casos aislados. Que digan con nombre y apellido quiénes son. A mí me pusieron un epíteto pero no me denunciaron. Las denuncias contra Gisbert y Marino fueron desestimadas por la comisión de acusación y disciplina que ordenó el archivo del sumario. El oficialismo no lo lleva a plenario para que siga la espada de Damócles sobre la cabeza de los jueces.»

El pasado 7 de junio, Juan Mahiques, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, formuló un pedido de pruebas para profundizar la ofensiva contra estos jueces. Entre ellas, solicitó la declaración testimonial de Silvia Squire, subsecretaria de la cartera laboral, cuando ese ministerio es el denunciante. Además, entre otros puntos, reclamó que se libre un oficio a Facebook para que informe «todos los posteos del perfil de Arias Gibert». El propósito sería determinar por esa vía si existe animosidad del juez contra el gobierno.

En diálogo con Tiempo, Arias Gibert señaló que «están intentando mantener la causa porque se les cae. Todos los casos tienen que ver con la libertad sindical. El ataque a los abogados es humo para avanzar en la reforma laboral. Tratan de diluir el contrapoder sindical para cambiar las relaciones laborales dentro de la empresa.»

Según el portal especializado Gazeta Judicial, el gobierno ya delineó los siguientes pasos: «El ministro Triaca, está impulsando en conversaciones con la CGT una ley de prevención de accidentes laborales, mientras intenta que las provincias adhieran al servicio de conciliación laboral, un sistema al que hasta ahora adhirieron solo seis provincias y que tiene como objetivo reducir drásticamente la cantidad de juicios.»

El lunes pasado, en medio del paro de los choferes de la UTA de Córdoba, el diputado oficialista Mario Negri convocó a una sesión especial del Congreso Nacional para el día siguiente con el propósito de reformar el artículo 24 de la Ley 25.877 de régimen laboral para incorporar el transporte terrestre como servicio esencial y, de ese modo, limitar el derecho a huelga. La sesión fracasó por falta de quórum.

Fue la Legislatura cordobesa la que recogió el guante y, con los votos de Unión por Córdoba (PJ) y del interbloque Cambiemos, le otorgó ese estatus al transporte de pasajeros en el nivel provincial y estableció sanciones de tres días de arresto a los dirigentes de sindicatos que no cumplieran con las disposiciones de guardias mínimas y preavisos para ejercer el derecho a huelga. La votación no parece casual. «

Entusiasmo Patronal

Las diferentes cámaras empresarias no dudaron en salir a respaldar las declaraciones del presidente contra los abogados laboralistas. El titular de la UIA, Miguel Acevedo, declaró: «Estamos totalmente de acuerdo con los dichos del presidente porque esto aumenta terriblemente los costos». El foro IDEA aseguró que «el desborde» en la industria del juicio «genera dudas a las empresas a la hora de decidir inversiones».

En el mismo sentido se manifestaron la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara de Comercio (CAC) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).