Según el Indec, uno de cada tres argentinos es pobre. Luego de tres años de oscurantismo estadístico, el dato actualiza la dimensión de un drama endémico con rasgos novedosos: el trabajo todavía dignifica, pero no alcanza a llenar la olla. 

Tras una década de fuerte inversión pública, que permitió ampliar el acceso a niveles básico de subsistencia, la Argentina redujo drásticamente el hambre, subsuelo de la movilidad social. Pero la persistencia de la injusta distribución de los ingresos propició un fenómeno que las políticas del actual gobierno potenció: según las cifras oficiales, la mayoría de los pobres tienen trabajo. Sólo en el ámbito del empleo formal –un tercio de los trabajadores–, la mitad percibe salarios que están por debajo de la línea de la pobreza. El problema se agudiza en el sector informal, que involucra a otro tercio de la población económicamente activa. 

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

A contramano de lo que sugirió Mauricio Macri, esa realidad no se resuelve sólo con “crear empleo”. Esta “nueva” pobreza es hija del salario basura, la precarización y la destrucción del poder adquisitivo de los salarios. Esos problemas, por cierto, no arrancaron con el macrismo. Pero hay razones para sospechar que su receta podría agravar el cuadro. ¿O acaso no fue Carlos Melconian –presidente del Banco Nación y economista de cabecera del presidente– quien pidió un “desempleo de dos dígitos” para reducir salarios y “costo laboral”? 

Salvo los nostálgicos de la fallida “teoría del derrame” –que en el macrismo son multitud–, existe consenso respecto de que el Estado es el único capaz de nivelar la distribución del ingreso. El gobierno, sin embargo, usó las herramientas estatales en el sentido inverso. En su primer semestre de gestión, Cambiemos aceleró la transferencia regresiva en beneficio de los sectores más ricos y concentrados. Sojeros, mineras, petroleras y bancos recibieron beneficios fiscales a costa de un fuerte ajuste que golpeó a los sectores medios y vulnerables. El ejemplo más brutal de esa política fue el tarifazo. Pero no fue el único. La devaluación, la inflación y, sobre todo, la ola de despidos amplió la brecha social.  

Paliar la pérdida del poder adquisitivo con bonos y exenciones impositivas de fin de año, que apenas alcanzan a una porción ínfima de trabajadores bajo convenio, sirve para enfriar una huelga general que la flamante conducción de la CGT –haciendo equilibrio entre su pulsión acuerdista y la presión de las bases– convocó más por obligación que por deseo. También le sirve al gobierno, que arranca un año electoral clave poniendo plata en los bolsillos del sector más dinámico del electorado. Es, igual, una inversión sin garantías: al gobierno le resultará difícil convencer que habrá un mañana mejor si sigue creciendo el número de argentinos a los que les cuesta vivir al día.