En nuestro país el desempleo y el trabajo en negro crecen a pasos agigantados producto de la política de desindustrialización llevada adelante por Mauricio Macri.

Desde el gobierno vienen impulsando una y otra vez reformas laborales que lo único que lograrían es quitarles  derechos conquistados por los trabajadores, sin lograr generar empleo. Algunos ponen como ejemplo de reformas las impulsadas en Brasil, sosteniendo que la reforma laboral puesta en marcha en ese país estuvo orientada a reducir la litigiosidad, descentralizar la negociación colectiva y morigerar criterios judiciales excesivamente proteccionistas que contribuyeron a desalentar la creación de empleo. Pero hace menos de un mes desde el gobierno brasileño reconocieron, según los datos divulgados por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que el número de desempleados en el país llegó a 13,1 millones de personas, 892 mil más que en el trimestre finalizado en noviembre de 2018.

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Ante esta innegable realidad, creo que a lo que hay que apuntar es a la jornada laboral en Argentina. Debemos replantearnos la necesidad de reducir la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales y así redistribuir el trabajo existente y aumentar la productividad mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Hace un tiempo presenté un proyecto de ley en tal sentido.  

La OIT recomienda aumentar la inversión en las capacidades de las personas y en las instituciones del trabajo e incrementar la inversión en trabajo digno y sostenible. Como sostuve anteriormente, le agregaría a estas sabias recomendaciones la regulación de la jornada de trabajo, reduciendo su límite máximo, ya que está demostrado que además permitiría la mejor redistribución del trabajo existente, aumentaría la productividad y disminuiría tanto el ausentismo como la siniestralidad laboral, tal como quedó explicado en un estudio realizado por la propia OIT en 1998. Y esto, por otra parte generaría mejor calidad de vida a los trabajadores y produciría un mayor rendimiento por parte de ellos.

Es indudable que en el futuro el trabajo va a cambiar, los avances tecnológicos –la inteligencia artificial, la automatización y la robótica– crearán nuevos puestos de trabajo y quienes van a perder sus trabajos en esta transición seguramente sean los que tengan menos herramientas para aprovechar las nuevas oportunidades. Lo que no cambia son los Derechos humanos de los asalariados.

Tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brindan estas transformaciones profundas para crear un futuro más prometedor y conseguir seguridad económica, igualdad de oportunidades y justicia social; así como, en última instancia, reforzar nuestro tejido social y revitalizar el contrato social, para lo cual es preciso una acción comprometida por parte de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para asegurar a los asalariados una participación justa en el progreso económico (tal como lo establece el art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional), el respeto de sus derechos y la protección de los riesgos a los que se exponen a cambio de su constante contribución a la economía.  «