Los trabajadores del INDEC organizados en la junta interna de ATE dieron a conocer un documento en el cual lamentan haberse enterado “por los medios” acerca de la presentación de un proyecto de ley que reemplazará la actual ley 17.662 y pondrá en pie lo que denomina un Sistema Estadístico Nacional (SEN).

La iniciativa lleva varios años de debate y llevó a la publicación, en noviembre de 2019, de un documento titulado “Hacia una nueva legislación estadística. Aportes a la consulta pública para la modernización de la normativa estadística de la República Argentina” que recogió las recomendaciones de técnicos locales y la “comunidad estadística internacional” para la elaboración de un proyecto de ley que sirviera para reemplazar la legislación vigente y, a la vez, renovara los aires luego de los años de intervención del organismo y presunta manipulación de datos de manos del equipo del entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno entre los años 2007 y 2015. Gran parte de las estadística elaboradas durante ese período, de hecho, han sido desestimadas por el propio organismo y no resultan material de consulta para investigadores, consultoras, el periodismo y la opinión pública en general.

El texto de presentación de aquel documento disponible en la web del INDEC señala que la legislación vigente “ha superado el medio siglo de existencia (y) resultó un instrumento sólido para su tiempo y propició considerables progresos que le permitieron al INDEC convertirse en un instituto líder entre las oficinas estadísticas latinoamericanas, reconocido por la alta calidad de sus productos y su capacidad de innovación metodológica”. Al mismo tiempo, reconoce que “sin embargo, al principio de la gestión iniciada en diciembre de 2015, se hallaba inmerso en un proceso de deterioro institucional que había generado, principalmente, una falta de credibilidad y la desconfianza de la opinión pública en las estadísticas oficiales. La debilidad de la institución era, entre otras causas, producto de la ausencia de una normativa actualizada con la incorporación de los estándares modernos de buenas prácticas estadísticas; la falta de procesos operativos y administrativos formalizados; y la desarticulación del plantel de recursos humanos”.

Durante ese período, resulta fundamental destacarlo, fueron los técnicos y trabajadores del INDEC organizados en la Junta Interna de ATE los que enfrentaron los desplazamientos de técnicos de probada idoneidad y velaron por la intangibilidad de los datos y la solidez y credibilidad de la información estadística.

Hace algunos días, por impulso del ministro de Economía Sergio Massa, ingresó en la Cámara Alta el proyecto de ley para que sea considerado por los senadores. Sin embargo, según denuncian los mismos trabajadores y técnicos que defendieron al organismo poniendo en juego sus puestos de trabajo, sus opiniones no fueron consideradas ni fueron consultados antes de la presentación del proyecto.

Los cambios que propone el proyecto de ley

La letra del proyecto al que pudo acceder Tiempo Argentino modifica la naturaleza jurídica del organismo transformándolo en un “ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional con órbita en el Ministerio de Economía”. En la actualidad se trata de un “organismo descentralizado” dependiente de la Secretaría de Política Económica del Palacio de Hacienda y, como tal, carece de la autarquía financiera que la nueva norma le concedería.

Como forma de garantizar una mayor autonomía la ley buscará dar mayor participación al Congreso Nacional que, a través de la Cámara Alta, será el encargado de aprobar el nombramiento del director del organismo propuesto por el presidente de la Nación. El mismo, además, estará en su cargo por un período de cinco años excediendo, por lo tanto, el período del mandato presidencial. A su vez el director podrá ser reelecto por solo un mandato adicional.

El proyecto establece también la creación de un director técnico que ocupará el segundo puesto en el rango institucional y será elegido mediante concurso público. En sus fundamentos, la ley señala que ha tomado como referencia “el modelo de ley genérica para la estadísticas nacionales de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE); la Ley Genérica sobre Estadísticas Oficiales para América Latina, aprobada en la Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y las leyes que dieron la autonomía a las oficinas nacionales de estadística de la región”.

La ley establece además la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Sistema Estadístico Nacional que podrá promover mejoras metodológicas y, eventualmente, promover la remoción del director por mal desempeño de sus funciones que, de cualquier forma, resultará entera potestad del presidente de la Nación.

La letra de la norma, sin embargo, no hace referencia a las condiciones laborales de los técnicos y la precariedad laboral que reina, como en tantos otros organismos públicos en el ente estadístico nacional. Apenas dispone la transferencia del patrimonio y los recursos humanos desde el actual INDEC al nuevo organismo creado por la ley.

Los cuatro puntos de los trabajadores

Más allá del contenido del proyecto de ley que los involucra de manera directa, los representantes de los técnicos manifestaron su disgusto por el mecanismo de presentación de la ley que, con la firma de Sergio Massa, Juan Manzur y el propio Alberto Fernández, ingresó a la Cámara Alta.

El mismo Raúl Llaneza, delegado general de la Junta Interna ATE e integrante de esa organización durante los años en los que perduró la mencionada intervención, señaló a Tiempo que “queremos advertir que la decisión de construir un nuevo sostén jurídico para nuestra actividad no le corresponde al gobierno o a una sola pata del gobierno”, por eso, explicó, “creemos necesario que nos envíen el borrador del proyecto para poder analizarlo y, por supuesto, ser parte de la discusión”.

En un documento que difundieron destacan cuatro puntos que consideran clave para cualquier nueva legislación que rija al organismo. El primero de ellos es la “Autarquía”. Allí señalan que “hemos venido exigiendo que el INDEC debe tener independencia del poder político”. Para ellos, “hoy, luego de la puesta en vigencia del decreto 927/2009 depende del Ministro de Economía” algo que “pone en estado de vulnerabilidad el Sistema Estadístico Nacional”.

En segundo lugar exigen un mecanismo para el “nombramiento de Autoridades”. Para ello destacan la Resolución 91/2008 de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la que, explican, “habla de la dotación del organismo a esa fecha, la precariedad laboral y las designaciones irregulares de los cargos de dirección (ya que no son designados luego de ganar un concurso) situación que genera una discriminación a aquellos agentes que estén en condiciones de concursar por esos cargos críticos”.

En tercer lugar exigen que toda reforma debe garantizar una solución a la “precariedad laboral” que, aseguran, no resulta apenas una discusión de índole gremial sino que se trata de “uno de los principales escollos para el mantenimiento de equipos compuestos por profesionales adecuadamente capacitados y experimentados en la elaboración de estadísticas de calidad”. Raúl Llaneza explicó a Tiempo que “en los últimos años, la pérdida del valor de los salarios, el aumento de la cantidad de trabajadores monotributistas y el empeoramiento de las condiciones laborales en general, acentuaron la salida de profesionales del organismo y la rotación de personal en los equipos”. Por eso aseguró que “el punto uno de la discusión debe ser que todos los trabajadores del instituto deben encontrarse en convenio, con salarios por encima de la línea de pobreza y acordes a las tareas que se realizan”.

Por último fijan como cuarto punto la necesidad de un “Presupuesto propio y autonomía funcional”. Es que, para ellos, el organismo “debe tener presupuesto propio garantizado por ley para garantizar la independencia real del poder político”.

El dirigente de ATE aseguró que, desde la Junta Interna de ATE-INDEC solicitaron reuniones con todos los jefes de bloque del Senado Nacional así como con el ministro de Economía Sergio Massa y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kiciloff para habilitar un mecanismo mediante el cual sean involucrados en un debate del que, en definitiva, fueron los principales animadores durante casi una década.