“Las comunidades de pueblos de la Provincia de Buenos Aires que experimentamos en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas, así como nuestra agua, el ambiente y nuestros bienes naturales comunes sufren los impactos de la constante exposición, decimos basta de demora, es ahora, paren de fumigar”.

Más de 70 asambleas y organizaciones ya firmaron un documento dirigido al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, exigiendo la derogación de la resolución 246/2018, conocida como “la resolución del veneno”, que autoriza la aplicación de agrotóxicos cerca de viviendas, escuelas y cursos de agua.

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Entre las principales exigencias destacan “la derogación de la Resolución 246/2018 del Ministerio de Desarrollo Agrario; instrumentar de manera inmediata en toda la provincia de Buenos Aires la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas en los 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental; prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial, ya que son las que más riesgo y consecuencias generan al ambiente y las poblaciones; e instrumentar en esas hectáreas alcanzadas por la mencionada exclusión, las políticas públicas vigentes en el área y garantizar la asistencia técnica por parte del estado para la producción agroecológica”.

Aquella resolución, impulsada por el entonces ministro y exgerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, autorizaba las aplicaciones de agrotóxicos –tanto aéreas como terrestres– “en los lotes contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales que comprenderán la zona de amortiguamiento”. Pero a los pocos días de su entrada en vigencia debió ser suspendida por el repudio generalizado de organizaciones sociales, ambientales, educativas y de Derechos Humanos.

El documento, que ya está en manos de los funcionarios provinciales, también advierte que “dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia”.

Se calcula que en nuestro país se pulverizan anualmente más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos. De ese total, más de 300 millones son solo de glifosato, probable cancerígeno, como lo declararon la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Estado argentino a través del Instituto Nacional del Cáncer (INC).

“Mientras el Estado –destaca el comunicado– incumplía con sus deberes, las comunidades organizadas de los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires hemos conseguido protecciones diversas, a través de la justicia u ordenanzas locales, tratando de subsanar la falta de políticas públicas concretas para alejar la utilización de productos extremadamente peligrosos de nuestras familias”.