Después de pasar por todas las instancias posibles a nivel nacional, el reclamo contra las fumigaciones con plaguicidas en torno a escuelas rurales en Entre Ríos llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Coordinadora Basta es Basta, representada por el Foro Ecologista de Paraná, presentó una denuncia formal contra el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos y la Suprema Corte de la Nación, “por violación de derechos elementales, a la salud y la vida”.

“En Argentina ya agotamos todas las instancias judiciales. Primero fuimos ante los tribunales de grado de la provincia, después ante el Supremo Tribunal provincial de Entre Ríos y después a la Corte Suprema de Nación por el caso de escuelas fumigadas, en pos de los derechos de niños y niñas entrerrianas que asisten a las escuelas. Obtuvimos cinco fallos a favor en la provincia, el sexto fallo vino en contra. Ahí fuimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo de 2020. La Corte se expidió recién en marzo de 2023. Se tomó tres años para contestar un párrafo y rechazó por una cuestión formal nuestro recurso extraordinario. No trató el tema porque entendió que no tenía la entidad suficiente”, repasó la abogada María Fernández Benetti, en diálogo con Tiempo.

Aplicando el Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la Corte Suprema a principios de este año se desentendió con el argumento de que “según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Ante esta respuesta, el reclamo escaló al ámbito internacional.

Daño genético y enfermedades

En Entre Ríos hay más de mil escuelas rurales. Según el decreto 2239/19, la “zona de exclusión” donde no se pueden realizar aplicaciones con plaguicidas comprenden un radio de cien metros para las fumigaciones terrestres y 500 para las aéreas. “Nosotros habíamos pedido mil metros terrestres de protección y 3000 metros aéreos desde el casco de la escuela. Hoy en la provincia tenemos distancias mucho menores, un ala de protección mucho menor”, lamentó la abogada.

“Estamos denunciando afectación de salud en niños y niñas rurales de Entre Ríos. Presentamos muchísima prueba. Tratamos todo el tema de daño genético y la afectación de la ambiente, del agua, de la tierra y del aire”, planteó la letrada. Entre la evidencia aportada, incluyeron estudios que “mostraron que niños y niñas que fueron analizados se les había encontrado atrazina, glifosato, endosulfán en su sangre, sustancias que generan daño genético y que pueden provocar enfermedades cancerígenas”.

La denuncia ante la Corte Interamericana es para “pedir la exigencia del cumplimiento del pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional en Argentina”. En sus artículos cuatro y cinco, el pacto apunta al derecho a la vida y a la integridad personal.

“Inmersos en una nube de agrotóxicos”

Alicia Schvartzman, miembro del colectivo Basta es Basta, conoce en carne propia cómo es vivir rodeada de fumigaciones. “La vida en el campo es la que elegí para mis hijas. Trabajamos y tenemos un espacio de agroecología y biodiversidad, pero estamos rodeadas de monocultivos y por agrotóxicos en gran parte del año. Es muy difícil convivir con esto, hay un daño no solo a la salud sino también psicológico. Porque nosotras cada vez que vemos un mosquito –las máquinas pulverizadoras terrestres- se nos estruja el corazón. Saber que nos está afectando la salud día a día. Por ahí aparecen dolores de cabeza, se cierran las fosas nasales, caída del pelo. Estamos rodeadas y en realidad todo el pueblo y todos los pueblos de Entre Ríos están inmersos en una nube de agrotóxicos”, graficó.

La mujer vive en el pueblo de Basavilbaso, donde la Secretaría de Ambiente dispuso que un ingeniero agrónomo controle, ante cada aplicación de plaguicidas, que los vientos y las condiciones climáticas estén de determinada manera. “Pero nosotras ya sabemos que las derivas son incontrolables. A la noche se da vuelta el viento y se viene todo encima. Sabemos las consecuencias que tiene –dijo- Duele tanto cáncer y tantas enfermedades en la gente que vive por acá, pero la gente no se moviliza. Saben, pero no es lo mismo saber que tomar conciencia y actuar en consecuencia”.

“A veces los olores son insoportables. Vivimos en un lugar hermoso, lleno de árboles y pájaros. Las noches son hermosas, pero a veces tenemos que encerrarnos y cerrar las ventanas por el olor. Y sabemos que el olor no es solo olor, sino que los agrotóxicos entran a nuestros cuerpos”. Algo sobre lo que se está multiplicando la evidencia en el último tiempo, tanto a través de análisis de sangre como de orina en distintos pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Fumigaciones en escuelas

A mediados del año pasado, también en Basavilbaso, una fumigación fue noticia porque afectó a nenes y nenas en pleno horario de clases. La directora de la Escuela N° 49 Belisario Roldán, Raquel Larrosa, denunció entonces ante la Policía local y luego ante la Fiscalía que una fumigación terrestre la obligó a suspender las clases. Ya le había pasado antes: en 2017 había estado internada internada tras una pulverización, que fue denunciada pero nunca investigada.

Silvia Mathey Doret fue docente desde 2001 y directora de 2011 a 2021 –cuando se jubiló- en la Escuela 54 del barrio Perucho Verne, en las afueras de San José, departamento de Colón. Según contó a este medio, esa escuela “fue fumigada por más de 20 años”.

“Tenía a escasos cien metros hacia el norte una plantación de arroz y a unos 300 metros al este una plantación de pecanes. En ambas usaban herbicidas”, relató. Luego de que ella y otra trabajadora de la escuela sufrieran “una grave crisis de insuficiencia respiratoria después de una fumigación”, las aplicaciones dejaron de ser aéreas y pasaron a ser terrestres.

“Cuando quisimos hacer la denuncia ante autoridades, se nos dijo que sin una muestra de sangre contaminada con pesticida no podía prosperar la misma y que como habíamos sido inyectadas con corticoides por el cuadro que presentábamos, era imposible que quedaran rastros del pesticida. Ante este panorama desistimos de denunciar”, recordó la docente. Ese tipo de respuestas llevó a distintos pueblos fumigados a organizarse para la recolección de prueba, que se multiplicó en los últimos años.

Pueblos fumigados: cuando las sospechas se vuelven realidad

“Se fumigaba generalmente muy temprano a la madrugada y nos dábamos cuenta por el fuerte olor en el ambiente, como a desinfectante, y ese día varios niños sufrían descomposturas, broncoespasmos repentinos o erupciones en la piel que los médicos atribuían a alergias”, contó Mathey Doret.

Con el paso del tiempo surgieron espacios como la Asamblea Perucho y No a los Agrotóxicos San José Colón, para visibilizar el problema. “Podemos decir que en esta zona de la escuela afectada, la lucha popular tuvo un final feliz: por la presión social la arrocera dejó de funcionar y la plantación de pecanes adoptó la forma agroecológica de producir”, celebró la docente. Pero remarcó que aún falta mucho por cambiar para que las fumigaciones en la región dejen de empañar la vida escolar y afectar a comunidades enteras.