La primera semilla se plantó hace décadas. Los primeros brotes fueron aislados, pero resistentes. Y la ramificación no para de crecer: cada vez más comunidades de la Provincia se organizan para sumarse a la lucha de los pueblos fumigados pioneros, aquellos que marcaron el camino. Sólo en el último año, más de una decena de localidades bonaerenses iniciaron procesos para analizar el suelo que habitan y el agua que beben. Buscan tener datos certeros sobre esa sospecha que les quita el sueño: que la contaminación por acumulación de agrotóxicos en el ambiente es un hecho, y que la gran cantidad de enfermedades crónicas y agudas en sus familias tiene causales identificables.

“¡Gracias Lobos por abrirnos el camino!”, dice un cartel escrito con marcador rojo sobre la cartelera amarilla que concentra la atención en una de las reuniones de la Convocatoria Ambiental Belgranense. A 90 kilómetros, la experiencia de Lobos –que analizó su ambiente y comprobó la presencia de pesticidas en pozos de agua, plazas y escuelas– motorizó a la comunidad de General Belgrano a hacer lo mismo. Lobos, a su vez, tenía antecesores, como el emblemático caso de Pergamino. Así conocieron dos nombres: el de Virginia Aparicio, del INTA de Balcarce, y el de Damián Marino, doctor en Química de la Universidad de La Plata. Dos de los investigadores que tienden puentes para que la militancia ambientalista de pueblos fumigados se traduzca en datos concretos.

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Exposición crónica

“Primero hay una demanda a sus municipios que no son atendidas y luego se organizan. Otras veces, son iniciativas de los propios municipios –como en Coronel Pringles o Lamadrid-. Pero Lobos marcó un antes y un después porque se ocupó de la escritura del protocolo para poder replicar el estudio y fue fácil que se pasara de mano en mano la metodología para hacer los muestreos”, cuenta Aparicio, ingeniera agrónoma. La Convocatoria Ambiental Belgranense es una de las que está usando ese instructivo gestado en Lobos para tomar muestras de su ambiente.

“Lleva mucho tiempo y mucho conocimiento poder tomar las muestras. Estamos entrenándonos para hacerlo lo más representativo posible”, señala Victoria Mendizábal, veterinaria y docente en General Belgrano. “El cáncer acá es moneda corriente. Si es atribuible a estos químicos no lo podemos decir, pero el Estado no se toma el trabajo de hacer un relevamiento. Es fundamental aportar con este estudio a la comunidad para saber dónde estamos parados”. Esperan poder presentar las muestras el mes próximo.

“En líneas generales, siempre aparecen agrotóxicos. No llegan al 5% las muestras que no tienen nada. Desde el punto de vista médico no se sabe qué pasa con esas pequeñas concentraciones en reiteradas oportunidades. No se sabe qué pasa si todos los días consumís esa agua, esa fruta, esa carne”, advierte Aparicio. Y remarca: “la preocupación de las comunidades y el esfuerzo por realizar las determinaciones es interesante para forzar al sistema político a generar las herramientas necesarias”.

Nicolás Olalla, de Aporte Por el Ambiente de Lobos (APAL) muestra su preocupación porque los plaguicidas estén alcanzando las napas de agua subterránea para consumo humano a grandes profundidades, hallándose la población expuesta a mezclas o cócteles de estos químicos biocidas a bajas dosis y en forma crónica: «el tema está instalado en la sociedad y no se entiende por qué hay una demora en la discusión para llegar a una posible solución que implique la participación ciudadana y donde el eje de la discusión sea la salud socioambiental”.


Sospechas probadas

“El hecho de que las asambleas estemos haciendo los análisis es porque el Estado no se está ocupando”, advierte Patricia Domínguez, de Vecinxs Autoconvocadxs por la Salud Ambiental en Trenque Lauquen, donde en 2019 realizaron el muestreo. Ya tienen los resultados: la que más cantidad de trazas de agrotóxicos tuvo fue la del agua de red, con cinco moléculas halladas y la mayor concentración del herbicida 2,4-D. “Todas las asambleas tenemos una historia, algunas de mucho tiempo. Pero la situación empeora y hay asambleas nuevas. Lo que cambió –contrasta Patricia- es la posibilidad de relacionarnos con el ámbito científico y que empezó a involucrarse con la situación que plantea la gente desde hace un montón de tiempo. Antes éramos solo los ambientalistas y ahora desde distintos ámbitos científicos tuvieron recepción de la problemática». También, en algunos casos, cambió la mirada judicial, como en Pergamino. «Empieza a probarse que es real. Que lo que nos pasa en nuestros cuerpos y territorios no era simplemente un sospechar”.

Que estas evaluaciones las fomenten los colectivos sociales implica un esfuerzo de organización y capacitación, pero también un costo, que da lugar a colectas y búsqueda de donaciones. “Lo que nos limitaba es el precio, como a todos”, enfatiza Susana Laborde, de la asamblea Basta de Fumigarnos de Necochea. Y sigue: “queremos mostrar la situación existente”. Sobre todo a partir de la confirmación que tuvo Tandil: en 2019 profesionales de la Universidad del Centro de Buenos Aires (Unicen) demostraron la presencia de 16 agrotóxicos en el agua y suelo de 15 escuelas rurales. “Tandil está pegado a Necochea, no vamos a encontrar resultados diferentes. Pero necesitamos el dato para hacer alguna acción de difusión y, de última, judicial”, explica Laborde. El muestreo en escuelas, jardines, plaza, río y pozo se realizó este mes. Los resultados se esperan para febrero.

La Asamblea Navarro Ambiental también los aguarda para ese mes. Como cuenta uno de sus integrantes, Sergio Santana, llevan una militancia ambiental de 15 años que se potenció a partir de los estudios  revelados en Lobos, a 30 kilómetros de ellos. La contaminación allí está a la vista. La ven, por ejemplo, en las recurrentes muertes de peces en la laguna. También alarma la situación sanitaria. “Todos tenemos familiares que murieron de cáncer o lo están atravesando. Es una de las manifestaciones que nos preocupa. Mi vieja se murió a los 43 de cáncer. Fue el detonante que hizo que me metiera con las cuestiones ambientales”, acota Santana.

“Las comunidades siempre estuvieron alertas y organizadas. Lo que noto y festejo es el hartazgo de esperar que el Estado accione. Eso cambió. Hasta acá, venían con expectativa de que el Estado haga la medición, presentar el petitorio, la nota. A eso decidieron ponerle fin”, destaca Marino, de la UNLP. Si bien se van conociendo datos del suelo y el agua de cada localidad, “la gran deuda y por lo que debería primar el principio precautorio es sobre la mezcla por bajas dosis en largos períodos de exposición. Del Estado argentino, no hay nada en ese sentido”. A su laboratorio llegaron muestras como las de Exaltación de la Cruz, que en el último año hizo un gran trabajo de difusión y concientización a partir de sus resultados. “Todos estos esfuerzos con muy valiosos, pero son voces que no tienen atención. Hay que pensar políticas de Estado que partan discutiendo el volumen de uso de plaguicidas, el manejo del suelo y cambiar el Código Alimentario en lo referente al agua de consumo y luego rediseñar las tecnologías de provisión de agua –añade Marino–. Lo demás, es parche”. 

El problema no es sólo rural

Pablo Orcajo llegó a Tandil hace una década. Pero fue en 2018 cuando se incorporó a la lucha ambientalista ya existente por esos pagos. “Una vuelta llevé a mi hijo de tres años al jardín y desde la delegación se echaba herbicida en el pastito de la vereda. Ahí con un par de padres y madres dijimos ‘basta’”, cuenta. Desde entonces crecieron el reclamo y los datos científicos disponibles. En los últimos meses el tema escaló por dos factores: la sanción de una ordenanza que permite las fumigaciones a 60 metros de las viviendas y a 150 de las escuelas y la firma de un convenio entre el municipio y una compañía para la producción de paneles de trigo. Así, los rechazos al trigo transgénico y al uso masivo de agrotóxicos confluyeron y se conformó una asamblea unificada.

“Tandil tiene 150 mil habitantes. Los de zona rural necesitamos que los urbanos nos acompañen”, plantea Orcajo, y relata un episodio que contribuyó en ese sentido. “Hubo una deriva de agrotóxicos biocidas de efecto hormonal y le quemaron 6 mil plantines a uno de los viveros más importantes de la zona. Toda la producción que les iba a dar de comer esta temporada. Las plantas se achicharraron, se deformaron. Pone la piel de gallina: eso es lo que respiramos”, apunta. “Eso pegó un simbronazo en Tandil y expuso al área de Ambiente, que no controla, y a los ingenieros agrónomos que dicen que no hay deriva” (desplazamiento de los plaguicidas utilizados en la agricultura industrial). La ciencia ya demostró que sí la hay, por distintas vías y por períodos que exceden el momento de aplicación.

Nicolás Olalla, de Lobos, coincide en que el problema no es sólo para ámbitos rurales. “El límite entre lo que ocurre en un pueblo rural y la contaminación que reciben las personas urbanas es difuso. (Damián) Marino en uno de sus trabajos detectó en el agua de lluvia de La Plata, lejos de las zonas donde se aplican los productos, contaminación con herbicidas de uso agrícola. La información de la ciencia argentina es basta como para poder tomar decisiones en serio en relación a esta problemática”, dice.

“Lo ambiental va como las mareas: se levanta la ola, tiene intensidad, baja –describe Sergio Santana, de Navarro- Cuando tengamos los resultados de nuestros muestreos, creo que va impulsar la crecida de otra ola”. Mientras la participación comunitaria crece, decrece y vuelve a crecer, “la respuesta del Estado es totalmente nula. La comunidad siempre va siendo creativa para seguir problematizando el hecho”. Y concluye: “Mi análisis es que el impulso viene de las comunidades porque los que están a cargo del Estado tienen intereses personales. Los concejeros escolares siembran soja, el intendente siembra soja, hay todo un entramado de negocios alrededor del modelo de producción. Nadie lo toca porque tocan sus propios intereses, ahí está el brete de la cuestión. Los que están a cargo del Estado son los que se benefician de este modelo contaminante”.

La pata judicial y la ciencia

La creciente organización de las comunidades y su mayor nexo con referentes científicos en la lucha contra el uso masivo de agrotóxicos tiene también otra pata: la judicial. “Hay una re-valorización de los testimonios de los vecinos, vecinas y comunidades directa o indirectamente afectados”, dice Rafael Colombo, de Abogados Ambientalistas. Sostiene que una de las razones “tiene que ver con el incremento y expansión de la información científica disponible y una mayor circulación y visibilidad de las voces que provienen de los pueblos fumigados. Eso ha generado una mayor conciencia social en las áreas metropolitanas de Argentina, reconociendo no solo el drama que viven las familias fumigadas sino también advirtiendo por primera vez quizás que, como consumidores residenciales urbanos, son el eslabón final de una agroindustria que pone alimentos transgénicos  envenenados sobre la mesa familiar”. A esto le suma “una simetría cada vez más fuerte entre los testimonios de las vecinas y vecinos fumigados y los testimonios científicos” dentro de los procesos judiciales, que no son pocos.

También los cuerpos

No sólo suelo, agua y flora están bajo la lupa. También los cuerpos de los habitantes de los pueblos fumigados. En Mar Chiquita, a partir de un proyecto de extensión que involucra a la Universidad de Mar del Plata, la Escuela de Medicina, y las asambleas Paremos el Desierto Verde y Paren de Fumigarnos, se está evaluando la situación epidemiológica. “Está programado hacer muestras de agua de pozo y de red, de suelo y también -por primera vez en la zona- análisis en mujeres adultas para identificar si tienen glifosato en orina y daño genético”, contó la asambleísta Verónica Taglorietti. Y cuestionó que cuando alguien va a la salita por los efectos del contacto directo con una fumigación –por caso, parálisis facial- le dicen que es por alergia y no queda registro.

En Laguna Brava (Balcarce), enviaron muestras de sangre, orina y agua en el marco del Proyecto Sprint (Transición Sostenible de Protección Vegetal: un Enfoque de Salud Global): un consorcio de institutos de investigación de diez países europeos junto con el INTA por parte de Argentina –único participante de la región- y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Busca generar herramientas de evaluación de riesgos de los plaguicidas para la salud y los ecosistemas. “Esperamos los resultados del INTA para marzo. Nos da un poco de miedo recibirlos. Tenemos mucha gente con cáncer y sabemos que el Hospital de Niños de Mar del Plata recibe la mayor cantidad de enfermos de cáncer de esta zona. Estamos complicados. Pero al Estado no le interesa”, lamenta Iván Villarreal, de la Asociación Civil para el Fomento y la Protección del Paisaje Laguna Brava.

Agua que no has de beber

A Damián Marino, doctor en Química de la Universidad de La Plata, hay algo que lo “preocupa sobremanera”. Tiene que ver con una de las ‘soluciones’ que da el Estado en algunos casos ante reclamos por la contaminación del agua que se consume en los pueblos. “Muchas veces la solución termina siendo el agua envasada. Y cuando uno va a revisar el Código Alimentario Nacional, el agua envasada tiene una reglamentación más laxa y flexible que el agua de red. Hay hasta perforaciones que no serían aptas para la red pero sí para agua envasada. Estoy insistiendo para que cuando pidan agua envasada pidan el mismo informe que le hicieron al agua de red. Para que realmente resuelva el problema y no que lo incremente. Es algo que no siempre se pone en discusión”, alerta.