A las apuradas, con poco debate en comisiones y sin participación ciudadana. De esa manera, según denuncian opositores, vecinos y agrupaciones sociales, pretende aprobar este jueves el oficialismo porteño un proyecto que ingresó hace menos de dos meses en la Legislatura, bajo el nombre de “Distrito de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”, conocido popularmente como la «Ley Farmacity», por ofrecerle exenciones impositivas a grandes empresas a cambio de que se instalen en barrios populares, en detrimento de comerciantes locales. En casos como el Barrio Padre Carlos Mugica, la iniciativa interviene sobre terrenos que están en conflicto (aún irresuelto) con Nación. Hace apenas una semana el documento fue aprobado por tres comisiones, y mañana será debatido sobre tablas para convertirse en ley.

El proyecto establece beneficios a grandes firmas para los cuatro barrios populares que cuentan con leyes de reurbanización: en la ex Villa 31; en las tierras del Barrio Rodrigo Bueno; dentro del Playón de Chacarita; y en el Barrio 20, en Villa Lugano. Referentes sociales y expertos en la materia coinciden en denunciar que, bajo el rótulo de “promover el desarrollo económico de los barrios populares” el gobierno de la Ciudad, además de beneficiar a «empresas amigas», atenta contra la economía y los negocios locales de esos barrios y busca la expulsión de vecinas y vecinos de las villas. Además, según subrayan, quiere quedarse con los terrenos del Barrio 31 que están en disputa con Nación.

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“Este proyecto es la última etapa para expulsar a los habitantes de los barrios populares, porque al habilitar a las grandes empresas con importantes beneficios para que compitan de manera desleal con los negocios locales, las familias que no van a poder sostener más sus negocios se irán a vivir a otros lugares”, analiza en diálogo con Tiempo María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) – FIUBA, e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

Una vez aprobada la Ley, las primeras 15 grandes empresas que se instalen en los barrios populares recibirán como beneficio un descuento de hasta el 80% del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos, o del monto invertido en un proyecto de desarrollo de espacios, o sobre todas las actividades económicas que desarrollen en la Ciudad. El resto de las empresas que se inscriban en la segunda etapa recibirán los mismos beneficios, pero con descuentos de hasta el 65%.

En la Ciudad existe una ley de Promoción a la Economía Social y Popular, sancionada en diciembre del 2020, que establece incentivos para que esos sectores puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización. ”Lo cierto es que esta ley que ya lleva casi dos años aprobada tiene nulo financiamiento, ya que a las familias de la Ciudad que viven de la economía social y popular no les ofrecen créditos ni ningún otro beneficio que estipula la norma, y por el otro lado Larreta se apura a aprobar estos beneficios para las grandes empresas, es muy evidente todo”, agrega Koutsovitis.

Sofía González, comunera de la Comuna 1 del Barrio “Padre Carlos Mugica”, señala que si bien este proyecto va a perjudicar a los pequeños comercios de los barrios, están «convencidos» de que esta ley de ‘integración productiva’ «fue pensada para quedarse con las tierras de Nación que están en nuestro barrio. Larreta les está dando esas tierras que hoy están en discusión a las grande empresas, es decir, avanzan sin saber si es legal o no”. La referente de la ex Villa 31 afirma que “el gobierno de la Ciudad no puede adueñarse de tierras nacionales con una ley local. Estos terrenos están en litigio pero Larreta igual avanza. Una vez que éste proyecto se vote, y las grandes empresas ocupen las tierras ¿Quién los va a sacar de ahí?”. Y concluye: “Es por eso que decimos que no solo vienen a destruir los comercios de los barrios populares, también vienen a quedarse con tierras de Nación”.

La contraprestación de la Ley Farmacity tiene gusto a poco

Lo único que les «exige» la ‘Ley Farmacity’ a las grandes empresas es que deban presentar un plan de contratación en el que conste que un 30% del personal de sus negocios sean trabajadores residentes del Barrio Popular, pero al mismo tiempo habilita la opción de no cumplir con este porcentaje, si es que la empresa aduce que no encontró trabajadores con experiencia en los rubros requeridos. El oficialismo defendió el proyecto al afirmar que “es parte de los procesos de urbanización” ya iniciados y que es su “objetivo generar trabajo”. Desde la oposición argumentan todo lo contrario, que esta ley beneficia a “grandes empresas” y que competirán de manera “desleal” contra los pequeños comercios.

Tierras añoradas

Pasaron dos años desde que el presidente Alberto Fernández ordenó realizar una auditoría sobre las tierras del Estado que el ex mandatario, Mauricio Macri, entregó durante su gestión al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. La auditoría se realizó y está en poder de quien llevó adelante el relevamiento: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El organismo está dirigido por Martín Miguel Cosentino Moreto, y depende directamente de la Jefatura de Gabinete de ministros que comanda Juan Manzur.

Desde febrero de 2020 hasta hoy, aún no se informó sobre el resultado de la pesquisa realizada y, ante la falta de respuestas, miles de vecinas y vecinos de la Ciudad reclaman al gobierno nacional que expida rápidamente toda la información recolectada, para evitar que el Ejecutivo porteño avance sobre el destino de esas tierras que hasta hoy pertenecen al Estado nacional.

Son un total de nueve lotes de tierras, de los cuales cuatro fueron adquiridos por la empresa Sancor Seguros y otro por EMFISA, y los restantes fueron entregados por Macri a la Ciudad días antes de dejar el gobierno nacional. Si se suman la cantidad de hectáreas son más de 100. Los playones de Caballito, Liniers y Palermo están en manos de Playas ferroviarias Sociedad Anónima y el resto en poder del Gobierno de la Ciudad.