La Justicia de La Pampa condenó a Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez, por el aberrante crimen de Lucio Dupuy. Ambas mujeres fueron encontradas culpables de la serie de brutales golpes, patadas y torturas psicológicas a las que sometieron al nene de 5 años, antes de su fallecimiento en noviembre de 2021.
El caso cobró repercusión mediática porque la violenta era la madre -lo que rompe con su estereotipo- y especialmente porque era una pareja de lesbianas. Ahí jugaron los prejuicios, generando confusas asociaciones.
Todo el país, sin distinción de género, estuvo y está pidiendo justicia por Lucio. Sin embargo, sectores antiderechos trataron de usar el caso para embarrar al feminismo o criticar a las parejas de lesbianas.
Algunos políticos que nunca se preocuparon ni ocuparon del tema de la violencia ni de los derechos de los niños/as salieron con propuestas superfluas y demagógicas aprovechándose del dolor de familiares o de las angustias de quienes padecen situaciones similares.
Son varios puntos sobre los que debemos reflexionar.
En primer lugar, es satisfactoria y ejemplar la condena a ambas mujeres a cadena perpetua. Responde a las expectativas sociales y especialmente de la familia de Lucio. Sin embargo, el Derecho Penal llega tarde. La vida del niño nadie la puede recuperar. Hay que profundizar en las causas por las que ocurrió el asesinato cuando hace cinco años que el niño sufría violencia y abusos sexuales. Fueron muchos los hechos, muchas las señales y nadie quiso verlas o involucrarse: su padre, sus abuelos, la jueza que les dio la tenencia, sus docentes, todos/as los profesionales de la salud que lo atendieron en diferentes circunstancias, vecinos/as, para citar solo los más relevantes. Nadie vio a Lucio. Nadie lo registró. A nadie le importó. Y no se trata de culpas ni de restarle responsabilidad a la perversión de la madre y su pareja, sino de ir más allá y ver qué intervenciones podrían haber evitado el luctuoso resultado. Hace falta un cambio de actitud social. Todos/as debemos involucrarnos y denunciar ante la más mínima sospecha de violencia. Deben darse más herramientas y establecerse más protocolos en el ámbito de la salud y la educación para la detección de casos de violencia.
En segundo lugar, es importante comprender que si bien el caso de Lucio muestra uno de los ejemplos más extremos de la violencia infantil, no es ni fue el único. Desde que ocurrió su asesinato hubo otros 39 que no recibieron la misma cobertura mediática. El 30% de las denuncias por violencia doméstica es contra niños/as y adolescentes, en el 80% de los casos los victimarios son los progenitores y en el 75% son varones, según los datos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -si bien aún no hay cifras oficiales a nivel nacional-. El año pasado la OVD recibía más de una denuncia de violencia doméstica por hora y 3 de cada 10 afectaban a niñas, niños y adolescentes. Esto nos revela que estamos inmersos en una cultura violenta y que el paradigma de niño/a como sujeto de derechos aún no está internalizado. Los adultos creen que pueden hacer cualquier cosa con los/as niños/as sin respetar sus derechos u opiniones. Muchas situaciones se han naturalizado.
Debemos difundir los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la interpretación que de ellos hacen los órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los tres poderes del Estado tienen responsabilidad en la protección de los derechos de NNyA. No hay estadísticas a nivel federal, no sabemos cuántos chicos/as hay en Argentina en situación de violencia, cuántas/os abusadas/os. Las cifras se hacen en base a supuestos, o iniciativas desde la sociedad civil o estimaciones en base a los que entran al servicio público.
No hay un sistema eficaz que permita la detección temprana de estos casos. En la mayoría de los casos tampoco un Poder Judicial que se involucre. Cuando quienes deben cuidar a esas niñas y niños los vulneran, entonces deben tomarse medidas de protección. Sin embargo, las propias adolescentes y niños/as no saben que ellos/as mismos pueden denunciar. En muchas jurisdicciones no hay aun abogados/as del niño/a. Muchos/as profesionales no quieren involucrarse: no denuncian en los hospitales, tampoco los/as docentes. Si llegan a denunciar, no siempre actúa correctamente. En la Justicia no hay juezas/ces especializados/as en violencia ni perspectiva de género.
En el caso Lucio, al darle la tenencia a la madre, no hubo perspectiva de género. La perspectiva de género no implica automáticamente otorgar el cuidado a la madre reproduciendo el rol de un estereotipo, sino que permite saber que también hay mujeres que no pueden o no quieren maternar. Y eso tampoco tiene nada tiene que ver con su preferencia sexual. En los juicios penales a abusadores, condenan a pocos. Muchas veces la Justicia no les cree a las chicas/os.
Algunos cambios se registran en algunas jurisdicciones para agilizar los procesos administrativos y judiciales, pero también hay resistencias al cambio en las burocracias. Un avance interesante es el que genera el empoderamiento a través de la Educación Sexual Integral (ESI) que permite a NNyA saber más sobre sus propios cuerpos y su autocuidado, pero lejos estamos de que se cumpla la ley en todas las provincias y niveles.
Las mujeres pudimos alzar nuestras voces contra la violencia de género a partir del caso de Alicia Muñiz asesinada por Carlos Monzón en la década del 80 y sin embargo cuarenta años después tuvimos que llegar a plantear los Ni Una Menos porque la violencia continúa. En los 90s el movimiento LGBT comenzó a reclamar con fuerza frente a la violencia y los crímenes de odio pero aún hay mucha impunidad e invisibilidad y en algo de eso estamos trabajando en el Proyecto Maravilla de Mujeres contra la violencia que llevamos adelante desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos junto con la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para eliminar la violencia de género. Hoy hay mayor visibilidad y sensibilidad sobre estas violencias. Muchas leyes han cambiado, hay algunos protocolos, faltan estadísticas y aún queda mucho por hacer, pero se avanza. En materia de violencia contra las niñas, niños y adolescentes tan no existe la misma conciencia. Son uno de los grupos más vulnerabilizados y no tienen representación política. Es difícil, por preservación de su identidad, escuchar sus voces en primera persona en los medios de comunicación. Esperemos que Lucio descanse en paz y que su caso sea un parteaguas. No se trata solo de que algún político que nunca se ocupó del tema salga corriendo a presentar un proyecto de ley con poca sustancia para expiar culpas o sacar rédito. Se trata de un cambio de paradigma en serio y de una toma de conciencia colectiva que haga que todos/as los/as en los diferentes roles nos ocupemos de cuidar a todas las niñeces en todos los aspectos. Ni un pibe ni una piba menos.
La autora de la columna es doctora en Derecho y Profesora de Derechos Humanos y de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
