“Las comunidades hemos logrado un fallo contundente y que marca una situación inédita porque habla de lo que considera el derecho al consentimiento. Ese derecho cuestiona todos los proyectos extractivistas en la provincia, lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, el oleoducto y el puerto petrolero que quieren hacer en el Golfo San Matías. No va a ser posible sin la consulta ni el consentimiento de las comunidades”, dice Orlando Carriqueo, Werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Carriqueo se refiere a la resolución del juez de El Bolsón, Marcelo Muscillo, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado en 2021 por siete comunidades (Ancalao, Lofche Pulam Lafken Amulen Che, Newen Ñuke Mapu, Pilquiniyeu del Limay, Ragiñ Plang Curra Meu y Mariano Solo), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y la propia Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche alegando “una afectación en sus territorios producto de las actividades mineras”.
A través del fallo, el juez ordenó a la provincia de Río Negro “implementar un mecanismo de consulta con las comunidades originarias a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado respecto de los proyectos mineros en sus territorios” y dispuso “la prohibición de avanzar con cualquier exploración, prospección, cateo o explotación de dichos territorios comunitarios hasta tanto no se haya culminado con el proceso establecido”.
A partir de la resolución, la Secretaría de Minería provincial debe notificar a todas las empresas mineras la prohibición de ingresar a los territorios. Tampoco podrán extraer muestras minerales o llevar a cabo cualquier actividad relacionada con la actividad.
“Se habían entregado permisos de cateo mineros en los territorios, y las comunidades recién se enteraron cuando llegó la empresa. Eso generó, en primer lugar, la decisión de cerrarles las tranqueras para que no puedan pasar y, en segundo lugar, realizar un amparo colectivo porque ya teníamos el antecedente de 2005 y eso nos sirvió para hacer los planteos, sobre todo en lo que respecta a la vulneración del derecho indígena a la consulta” explica Carriqueo y agrega un detalle fundamental para el reclamo: “En el fallo queda claro que la consulta va a ser vinculante. Estamos muy conformes porque define claramente las necesidades de las comunidades. Si rechazamos ese proyecto, el Estado está obligado a respetarnos”.
En todos lados al mismo tiempo
Carriqueo destaca lo logrado –siete comunidades frenaron un proyecto minero en sus territorios–, pero avisa que la lucha continua. “Si hay empresas que se meten sin consulta, vamos a pedir que se retiren. No vamos a esperar que el Estado haga todos sus pasos burocráticos. Nosotros mismos nos vamos a presentar en el campo, les vamos a dar un plazo para sacar sus cosas, y si ellos no se quieren retirar que se atengan a las consecuencias”.
El Werken también sabe que la pelea, además de larga, es desigual. Y se da en todos lados al mismo tiempo. “Lo que está pasando en Jujuy, donde las empresas entran como Pancho por su casa, genera un desequilibrio dentro de las propias comunidades. La realidad es que no estamos en las mejores circunstancias, debiera haber un debate social más amplio de lo que significa todo lo que te venden como progreso. Ahora es el litio en Jujuy y antes eran el gas y el petróleo de Vaca Muerta, pero lo único que están generando es mejoría económica para los empresarios y para las casas matrices en el exterior ¿Cuál es el verdadero beneficio de los grandes proyectos extractivistas? No hay riqueza y se pone en riesgo algo que hoy es central en todo el mundo: el agua”.
