“El gobierno nacional está entregando además de tierras, activos económicos de Mendoza. Los mendocinos exigimos explicaciones a los responsables de esta falta de institucionalidad. Sin dudas iremos hasta las últimas instancias para detener este atropello”, publicó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, en su cuenta de Twitter. Hace alusión a tres resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que fueron publicadas en los últimos días en el Boletín Oficial y que dan cuenta del relevamiento dispuesto en la ley 26.160 a las comunidades mapuches Lof El Sosneado, Lof Suyai Levfb y Lof Limay Kurref de las localidades de Malargüe, San Rafael y Los Molles, provincia de Mendoza. Allí se reconoce la ocupación de las tierras donde viven.
Los dichos del mandatario generaron una oleada de discursos racistas y negacionistas contra el pueblo mapuche de parte de funcionarios y políticos del Frente Cambiemos Mendoza. Uno fue el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien durante la bendición de los frutos (época de vendimia), expresó: “necesitamos que nuestros productores sean propietarios de sus tierras. Malargüe no tiene comunidades mapuches, lo dicen los especialistas, por eso necesita que cada uno de los productores que llevan cuatro o cinco generaciones haciendo patria realmente sea dueño de sus tierras, independientemente de la religión, la política. Malargüe fue, es y será familias productoras que trabajaron y hacen patria en esta hermosa tierra”. Tras ello recibió un cerrado aplauso por parte de la concurrencia, plagada de funcionarios y productores.
Pero incluso todo este ala de racismo y negacionismo sobre pueblos indígenas y el debate sobre quiénes deben ser los dueños de la tierra se basa en pilares falaces. Según explicó a Tiempo la abogada Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay de la Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos XUMEK, las resoluciones del INAI «lamentablemente no otorgan título propietario».
Fake news oficial sobre la comunidad mapuche
Los dichos del gobernador fueron amplificados por funcionarios y políticos del Frente Cambiemos Mendoza que instalaron en la prensa discursos racistas en contra del pueblo mapuche. Así, el senador Alfredo Cornejo, afirmó que “no hay ni hubo Mapuches en Mendoza” y que se trata de “una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches”. El intendente de San Rafael, Emir Félix, expresó que “se está haciendo un uso de la ley 26.160 alejado del ánimo con que fue creada, generando inseguridad jurídica”. Y Juan Manuel Ojeda agregó que “no existe la comunidad mapuche como tal en nuestro departamento” y “lo que sucede en Malargüe y San Rafael, puede llegar a complicar la propiedad privada”.
Consultada por Tiempo, Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay explicó que “la ley 26.160 de ninguna manera otorga títulos propietarios ni le da esa facultad al INAI. Lo único que hace es generar una carpeta técnica donde un equipo interdisciplinario realiza el relevamiento del territorio comunitario. Ese relevamiento no solo es territorial sino histórico, comunitario, identitario porque en términos armónicos con la Constitución Nacional, la comunidad tiene que demostrar su ocupación tradicional, actual y pública”. Y prosiguió: “Te lo digo en términos jocosos: ojalá fuera tan fácil el reconocimiento de los títulos propietarios comunitarios indígenas”. A fin de obtener un título propietario, las comunidades deberán continuar las contiendas judiciales.
Oportunismo político y racismo
El escándalo solo puede entenderse como un oportunismo político, en los mismos días de la detención de Jones Huala o de la excursión a Lago Escondido. Medios mendocinos, afines a JxC, llegaron a publicar que se «debe evitar que aparezcan personajes que se autoperciban miembros de pueblos originarios y hagan reclamos solamente para acceder de manera gratuita a grandes porciones de tierra».
“Hemos llegado a escuchar en estos días cuestionamientos sobre si realmente son o no del pueblo mapuche. Desde el año ´92 tenemos una ley que adhiere y hace vinculante el Convenio 169 OIT que establece el derecho a la autoidentificacion de las personas indígenas”, afirmó Alancay. Y añadió que “es realmente preocupante cuando se empiezan a dar estos discursos en donde volvemos a tener esta mirada completamente racista, específicamente contra el pueblo mapuche, porque claramente es uno de los pueblos que trastocan bien fuerte los intereses económicos y políticos en el sur de la Argentina”.
En Mendoza existen, al menos, diez pueblos indígenas reconocidos de forma oficial. Gabriel Jofré, miembro de la comunidad Malalweche, aseguró en declaraciones periodísticas que el exgobernador de Mendoza Alfredo Cornejo (que salió al instante a criticar las resoluciones) tiene un amplio conocimiento acerca de todo el proceso que realizaron las familias del sur para poder obtener la propiedad de estos terrenos. Incluso señaló que muchas de estas gestiones se realizaron durante su mandato al frente del Ejecutivo provincial: «La institucionalidad de los pueblos indígenas se está recuperando en Argentina porque durante muchos años fue marginada, excluida y señalada. Este proceso también se da hacia adentro de las comunidades».
Desde JxC reclaman una institucionalización previa de estas comunidades de la que, justamente, por lo que pasaron en estos siglos, carecieron (además de que vivieron y se desarrollaron en épocas en las que no estaba ni cerca la constitución de un Estado Nación con los límites actuales), y recién en los últimos tiempos están buscando recuperar, o al menos reconstruir. «Somos unidades territoriales. Hoy en día son más conocidos los huiliches, los pehuenches, los tehuenches. El ‘che’ hace referencia a gente de un lugar. Entonces, por ejemplo, Pehuenche significa gente del pehuén, es decir, de las araucarias. Estas son identidades más antiguas. Todas estas denominaciones se fueron porque los españoles llegan a lo que hoy es Argentina por Perú y Chile entonces nos denominaron como gente de los confines del sur. Toda esta historia la estamos reconstruyendo», explicó Jofré.
“El propio gobierno provincial ha tenido instancias de diálogo intercultural con estas comunidades ya que muchos llevan a cabo procesos productivos o proyectos de economía social”, señaló Alancay. También mencionó que Suárez y sus aliados políticos no manifestaron ningún rechazo cuando el propio gobernador firmó un decreto a fines de 2021 dándole las tierras de humedales y glaciares de la zona de Campo Potreros en Malargüe a El Azufre S.A. para construir un centro turístico de esquí.
