La diputada porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro y el Sindicato de Trabajadorxs Sexualxs de Argentina (AMMAR) presentaron hoy un proyecto para derogar un artículo del Código Contravencional local, al afirmar que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.
La oficialización de la propuesta fue en uno de los salones del Parlamento porteño, en el marco de las actividades previstas por el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, que se conmemora cada 8 de mayo. Allí estuvieron presentes Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR; Paloma Piro, de Casa Roja; Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de la Mujer, y Clarisa Spataro, responsable del área de Géneros de ATE Capital.
La propuesta apunta a derogar el artículo 97 que encuadra como una contravención con pena económica a quienes ofrezcan o demanden «en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad». “Una vez más impulsamos este proyecto que responde a la decisión política que tenemos desde hace años para erradicar este marco legal, que es el artículo del Código Contravencional en la Ciudad de Buenos Aires, que habilita estas prácticas de violencia institucional”, explicó la legisladora.
Agregó que este tipo de situaciones de violencia institucional y de violación de los derechos humanos “se dan todos los días en las calles de la Ciudad, son sistemáticas y están naturalizadas”. «Volvemos a intentar la derogación del artículo, tal como en 2021, porque no estamos dispuestos a bajar los brazos en esta lucha frente a prácticas que deshumanizan a las personas”, remarcó.
Orellano, en tanto, consideró que la contravención vigente que regula el trabajo sexual “habilita situaciones de hostigamiento, con abuso de poder, de autoridad, mucha violencia y con discursos racistas y transfóbicos que tiene el personal de la Policía de la Ciudad hacia las compañeras, sobre todo, a las del colectivo travesti y trans y las migrantes”. “Siempre es una preocupación que estos artículos estén vigentes, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino lamentablemente en otras 16 provincias, porque generan que la policía, que es el patrón histórico de las trabajadoras sexuales, tenga la posibilidad de avasallar los derechos humanos de quienes ejercemos el trabajo sexual”.
Piro, por su parte, dijo que como “trabajadora sexual” ve que “día a día en barrios como Constitución, Flores, Once, Liniers y Caballito los policías se están pasando del límite de su trabajo porque en vez de cuidar la calle, nos discriminan como chicas trans, nos sacan el dinero o nuestros celulares con la amenaza que nos van a llevar detenidas”.
Durante la reunión, desde AMMAR informaron que, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio Público Fiscal porteño, no se registraron detenciones durante 2022 y lo que va de 2023 por esta contravención, sino que advirtieron sobre «un creciente número de casos de detenciones, pero por el delito de resistencia a la autoridad» que tienen foco en el barrio de Constitución. «Eso nos da la razón porque el artículo 97 está en desuso, por eso es importante discutir su derogación», concluyeron.
