“La Ciudad debería duplicar su población. Debería tener seis millones para evitar que ingresen tres millones de personas todos los días”, decía en 2013 Mauricio Macri, entonces Jefe de Gobierno porteño, justificando el avance de los privados, con la venia del Estado local, sobre las pocas tierras públicas que quedan en la Capital.

Desde entonces, la ciudad se ha hecho más densa y expulsiva, presa del apetito del negocio inmobiliario que arrasa, además, con la historia de la arquitectura urbana. El reemplazo sistemático de antiguas edificaciones de alto valor patrimonial por emprendimientos especulativos lejos está de resolver el déficit habitacional, más bien lo impulsa, llevando a índices exorbitantes el valor del metro cuadrado, además de provocar la pérdida de la identidad barrial.

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Ese proceso, que parece inexorable durante las gestiones macristas, se ha acelerado en pandemia. Las organizaciones vecinales y los especialistas que defienden el patrimonio cultural, social e histórico de la Ciudad de Buenos Aires lograron frenar la demolición inmediata de un puñado de edificios tras la sanción de una serie de leyes y el dictado de resoluciones judiciales. Sin embargo, la burocracia, la falta de controles de las autoridades y la ausencia de una solución de fondo conspiran para que a diario se pierda –y para siempre– gran parte de este acervo.

Luego de años de idas y vueltas (ver aparte), la Ciudad le encargó a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU) que analizara los 141 mil lotes que tienen construcciones previas a 1941. El 87% de ese total fue descartado de plano por la institución académica, que apenas catalogó 18.195 inmuebles. Dicha nómina fue presentada al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), integrado por una decena de entidades y presidido por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) porteña, que a su vez debe elevar a la Legislatura esa lista para que sancione una ley que proteja estos edificios.

“El problema más grande que tenemos es el de la discrecionalidad. Un montón de inmuebles quedaron afuera. Todas las semanas aparecen demoliciones de lugares impresionantes que uno no se explica cómo están permitidas”, explica a Tiempo Mauro Sbarbati, de la ONG Basta de Demoler, la asociación vecinal que expone desde hace más de una década el triste destino de muchas de estas construcciones.

Entre estos sitios, se destaca el edificio Villa Virginillo, construido en 1908 en la esquina de las avenidas Dorrego y Córdoba, en el límite entre Palermo y Colegiales, una zona que se caracterizó por sus tradicionales edificaciones bajas que hoy contrastan con las mega obras en altura que se multiplican sobre todo en las avenidas. El edificio, que conserva su nombre en la ochava, donde sobresale, en lo alto, un águila de piedra, ya Demoliciones en la Ciudad: la actividad que no admite restricciones El reemplazo sistemático de antiguas edificaciones de alto valor patrimonial por emprendimientos inmobiliarios especulativos se aceleró en la pandemia. 

Organizaciones vecinales como Basta de Demoler apuntan a la discrecionalidad del Ejecutivo porteño en el otorgamiento de permisos de obra. El edificio de Marcelo T. de Alvear y Uriburu será demolido. Lo reemplazará una torre de 10 pisos, que ya se comercializa. Está condenado. El CAAP, uno de los filtros burocráticos que define la suerte de estos inmuebles, estableció que no es necesaria su preservación. Tal como lo adelanta un cartel en su fachada tapiada, el lugar se convertirá en un edificio de al menos siete pisos con locales comerciales en su planta baja, que ya se comercializa aún antes de la demolición. 

“No se está construyendo para mejorar la oferta de la capacidad habitacional, porque claramente son edificios que cuestan miles de dólares el metro cuadrado. Con este tipo de obras no se atiende la necesidad de nuevas viviendas”, argumenta Sbarbati. También hay cartel de demolición, autorizada por la Ciudad, en Morelos 435, en Flores, donde hay una casa exponente del Art Nouveau porteño. Allí vivió su autor, el arquitecto Jacobo Pedro Storti, un italiano nacido en Carrara que llegó a la Argentina a los cuatro años. Junto a su colega Rodolfo Fasiolo llevaron adelante importantes trabajos en Paraná, donde construyeron la Biblioteca Popular, inaugurada en 1910, y el edificio donde actualmente funciona Radio Nacional. Construyeron una serie de “casas de renta” y petit hoteles en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría ya demolidos, como una emblemática casona en Díaz Vélez y Río de Janeiro, donde funcionó la marmolería Celsi. El elegante edificio de Marcelo T. de Alvear 2191, esquina Uriburu, también será demolido. Sobre sus ruinas se erigirá un coloso de vidrios de la desarrolladora ByB de por lo menos 10 pisos. La CAAP ni siquiera consideró que su estructura armoniza “con su entorno inmediato del conjunto Art Decó de la Facultad de Medicina y Odontología de la UBA”, señalan desde Basta de Demoler. 

El fastuoso edificio de la Unione Operai Italiani, en Sarmiento al 1300, fue uno de los más importantes construidos por una sociedad italiana fuera de Europa. Hoy es un gigante abandonado que soportó derrumbes, ataques vandálicos, saqueos de su riqueza arquitectónica e incendios. Pieza exquisita del Art Nouveau porteño, fue adquirida en 2011 por la iglesia de la Cientología, el polémico movimiento religioso originado en EE UU y al que dieron impulso figuras de Hollywood, para convertirla en su Iglesia Madre.

Hace unos meses, los cientólogos celebraron haber conseguido los permisos de obra de “restauración”, lo que generó malestar en las asociaciones patrimonialistas debido a que la DGIUR dispuso que se pueda construir sobre una superficie de 2785 metros cuadrados, cuando la actual es de 1820 m2, lo que supone cambios sustanciales al patrimonio arquitectónico original. Trascendió, de hecho, que sin los correspondientes permisos se había avanzado en la destrucción de parte del mobiliario. 

“Todo esto no es casual. Tiene la intencionalidad de borrar la memoria. Una frase propia de la gestión de Macri en la ciudad era “Haciendo Buenos Aires”, pero Buenos Aires ya está hecha. Obviamente, las ciudades son dinámicas y están en constante transformación. Pero las ciudades son productoras de símbolos y van atravesando los tiempos. Se va construyendo nuestra evocación. Si transformo una ciudad pierdo el eje, mi hábitat, como cualquier animal”, dice Mónica Capano, exsecretaria general de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño, desplazada tras una maniobra de los legisladores del macrismo.

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El laberinto legal de la protección del patrimonio

Las organizaciones vecinales y los patrimonialistas exigen que haya una ley clara que proteja a estas propiedades de una vez por todas. “Desde los ‘70 en adelante, el Código Urbanístico beneficia la mayor cantidad de metros cuadrados por sobre la habitabilidad de la ciudad. Nunca hubo una verdadera política de preservación del patrimonio arquitectónico. Hacia 2008 empezamos a molestar mucho e ir a la justicia cada vez que había una demolición de un edificio impor tante. Hasta que llegamos a presentar jurisprudencia y empezamos a avanzar”, describe Mauro Sbarbati, de Basta de Demoler. 

Así se logró la Ley 2548 de Promoción Especial de Protección Patrimonial, y luego la 3056, que establecía que toda construcción previa a 1941 debía pasar por el CAAP para autorizar su demolición. Pero esta norma debía prorrogarse todos los años, hasta que finalmente en 2011 la justicia resolvió, a pesar de reiteradas apelaciones del gobierno de la Ciudad, que se complete el relevamiento de las propiedades y se sancione una norma que las proteja. Por caso, de los 18.195 inmuebles pasibles de ser protegidos según la FADU, apenas 127 de las Comunas 1 y 2 tienen legislación que las preserva. 

“Había hecho el cálculo de cuánto iba a tardarse en revisar todas las viviendas anteriores a 1941 con el esquema en el que se había manejado esta ley durante cinco años, y advertí que iban a hacer falta 40 o 50 años más”, se queja la especialista Mónica Capano. Así y todo, Sbarbati sostiene que toda la documentación debe ser consensuada con las comunas para dar participación a los vecinos.

La construcción aislada o como parte del paisaje
“El panorama es desalentador en todo sentido”, resume Mónica Capano, quien integró durante años el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) y recuerda que “en un momento, el Ejecutivo porteño había encontrado una pequeña trampa. Aquellos edificios que el Consejo consideraba valiosos y dignos de ser preservados, entraban en una especie de limbo donde no se satisfacía ni a los propietarios ni a los patrimonialistas, porque decían que tenían una protección cautelar determinada pero no una ley firme porque no lo mandaban a la Legislatura”. 

Entonces, como era de prever, “esos bienes, muchas veces con la complicidad de los dueños, empezaban a deteriorarse y pedían una revisión del caso. Claro, luego el CAAP resolvía que no tenía más valor patrimonial y autorizaba la demolición. Eso ocurrió en cascada”. Capano, quien actualmente trabaja en la restauración del mítico edificio de El Molino, frente al Congreso de la Nación, describe que el sistema de filtros adoptado presuntamente para conservar las construcciones generó “un enorme cuello de botella que obligó a tratar los casos de forma aislada. Una concepción del patrimonio perimida, porque quienes nos dedicamos a esto sabemos que el edificio no está suelto, hay que visualizarlo en un contexto en el que juega con otros edificios, con el arbolado, el adoquinado, lo que hoy hablamos en términos de paisaje”. 

La especialista analiza que “mirar las piezas de forma individual no es una política pública, sino a demanda del propietario y no como una intervención del Estado.