El Canal de Beagle suele remitir a postales paradisíacas y paseos turísticos. Pero hay otra imagen de esas aguas, en el extremo más austral de la Argentina. Una imagen escatológica. Porque allí se vierten los desechos cloacales de alrededor del 40% de la población de Ushuaia. Pese a que hay un fallo vigente para revertirlo, una ONG denunció que las obras están paralizadas y, en los hechos, el lugar “se está convirtiendo en una letrina a cielo abierto”.

Así lo dijo Guillermo Worman, presidente de la organización Participación Ciudadana. “Visiblemente se percibe. En términos de olor no tanto, porque es un cuerpo de agua grande y frío y eso minimiza mucho el impacto. Pero la cloaca cruda se tira igual. Si se hace análisis químico y bacteriológico, tiene alta concentración de coliformes el agua. Hay casas cerca de los puntos de vuelco. Hay chicos jugando en la playa. Cuando filmamos el video para difundir la situación, había una nena con un trineo en la nieve y el punto de vuelco estaba a 20-30 metros. Es un riesgo. La cloaca cruda tiene un montón de inconvenientes en términos de salud”, alertó Worman en diálogo con Tiempo.

El tema no es nuevo. La denuncia de Participación Ciudadana fue realizada en 2013, y en 2014 un juez de primera instancia dictaminó que era necesario modificar el sistema. “Le dio plazo al gobierno y al municipio a que en cinco años tenía que estar construido el nuevo plan de obra para evitar volcamiento de cloaca cruda sobre la ciudad. Se hicieron la gran mayoría de las obras. Hay una planta de tratamiento para el sector Oeste que está funcionando y una para el sector Este que superó el 80% de avance, pero en marzo de 2020 se detuvo la obra por falta de pago”, relató el denunciante. La planta faltante debería ocuparse del 40% de los residuos cloacales de la población local: es lo que se está vertiendo al Canal de Beagle.

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La respuesta oficial ante la acusación llegó a través del diario Clarín. “A la obra le queda un 5% y estamos trabajando a full después de haber estado parados un año y 8 meses por motivo de la pandemia. Esta es una denuncia que no tiene asidero y que debemos poner también en un contexto político para que se entienda bien”, dijo a ese medio el director provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Cristian Pereira.

“No es una respuesta idónea decir que es un reclamo político cuando se está incumpliendo una sentencia que está firme. Como somos parte de la causa tenemos acceso al expediente, y los informes que presentaron (desde el Gobierno) al Juzgado dicen que la obra está paralizada”, afirmó Worman. Quienes impulsaron esa causa la bautizaron “El Riachuelito”. La organización a la que pertenece espera que, tras el final de la veda invernal, hacia septiembre se retomen los trabajos. “Si en dos meses o tres no lo hacen, vamos a hacer una nueva presentación ante la fiscalía para que se accione porque están desoyendo un fallo firme”, anticipó.