Once presas travestis y trans detenidas en la alcaidía Roberto Petinatto de La Plata denunciaron haber sufrido torturas, tormentos y abusos sexuales por parte de miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo que fue desestimado por la justicia platense.  

Las detenidas permanecen encerradas en aislamiento extremo en un espacio que está destinado al alojamiento de varones. Allí son humilladas, degradadas y discriminadas constantemente. Además, tienen serios inconvenientes para acceder a la salud y la alimentación.

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“Pudimos constatar que están en condiciones de detención deficitarias que vulneran los derechos y las recomendaciones de los estándares nacionales e internacionales que rigen en la materia”, aseguró a Tiempo Augusto Infante, abogado del Programa de Litigio Estratégico de la CPM. Y recordó que “es una problemática estructural que existe en todos los ámbitos de encierro punitivo”.   

La situación lesiva quedó al descubierto tras un reclamo de las detenidas y la Asociación Civil OTRANS Argentina. Por eso en diciembre pasado la CPM se hizo presente en el lugar, recogió testimonios de las víctimas y presentó un hábeas corpus colectivo y correctivo ante el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata en el que solicita la intervención ante los graves hechos denunciados. “Sin embargo no se hizo lugar a la prueba y no se celebró la audiencia. Tomaron como única fuente para la resolución judicial los informes del SPB”, denunció Infante.

Varias de las detenidas denunciaron que sus traslados a la Alcaidía habían sido en camiones junto con la población de varones y que sufrieron violencia sexual y humillaciones por parte de los detenidos y miembros de SPB.

“Los penitenciarios reconocieron que el personal de requisas está compuesto sólo por varones. Nosotros hemos denunciado que durante los traslados las detenidas han sufrido abusos, agresiones sexuales por parte de los oficiales y presos varones”, aseveró el letrado. Y remarcó que “reciben malos tratos constantes vinculados a las cuestiones de género. Ante la gravedad de estos delitos, la Justicia no ha tomado ninguna medida”.   

Son once las detenidas que vienen denunciando agravamientos en las condiciones de detención. Las mujeres allí cautivas aseguran ser torturadas, atormentadas y abusadas sexualmente por los penitenciarios. También que no reciben atención médica, que las aíslan como método de castigo y que les dan comida fría.   

Diez de las once detenidas tienen HIV y si bien manifestaron recibir la medicación correspondiente, denunciaron que no pueden acceder a una dieta especial ni a controles periódicos. Pero sí advirtieron que no les dan medicación para patologías crónicas -como por ejemplo budesonida para EPOC- y que son sus familiares quienes terminan suministrándola.

En cuanto al régimen de vida cotidiano, manifestaron estar fuera de la celda una hora por día por separado, y una hora y media todas juntas en el pabellón, en el horario del almuerzo. Luego son encerradas en sus celdas donde permanecen cerca de 21 horas en aislamiento extremo. No cuentan con salidas recreativas, ni acceso al patio, puesto que es una cárcel de varones y el SPB no les permite tener contacto, ni que circulen por los mismos espacios.

Otra situación que fue denunciada es sobre la higiene personal: “El sector de duchas está completamente descubierto y fácilmente visible desde el pasillo, no existe mampara, cerramiento o cortinas que garanticen la intimidad de las detenidas que allí se bañan”, explicó Infante. Y señaló que las ventanas “dan de manera directa al sector de control y a otros pabellones que son habitados por varones. Por lo cual estas mujeres son observadas por los penitenciarios y los presos”.

Las detenidas denunciaron un trato violento y discriminatorio por parte de los oficiales. En este sentido, aludieron puntualmente a las requisas y controles psicofísicos. En ese momento reciben burlas, humillaciones, vejámenes y destrato.

Cabe destacar que en el hábeas corpus solicitaron que “se prohíba el aislamiento absoluto o excesivo, como así también de distintas modalidades de encierro dentro de un mismo pabellón”. Se pidió que realicen las reparaciones necesarias “a fin de garantizar un alojamiento digno y que se ordene el respeto del derecho a la salud”. También que se arbitren los medios necesarios para la “prevención de las violencias de género y que se garantice el derecho a la igualdad”.

El escrito fue presentado en el Juzgado de Garantías N° 4, pero el titular se encuentra de licencia. “Por lo cual el juez que intervino es del 6, se llama Agustín Carlos Crispo, quien decidió rechazar la acción de hábeas corpus sin valorar las prueba y la gravedad de los delitos denunciados. Es por eso que ahora vamos a realizar un recurso de apelación que será presentado en los próximos días”, concluyó el abogado Infante.