Llegó el momento. El 13 de junio, el recinto de la Cámara de Diputados recibirá por primera vez un proyecto de ley para garantizar el derecho al aborto legal y seguro. Las exposiciones en el plenario de comisiones fueron caja de resonancia del histórico reclamo por la soberanía sobre nuestros cuerpos pero también instancia de profunda violencia hacia las mujeres por parte de los representantes anti derechos. La presión de la Iglesia fue continua, pero se acrecentó en la última semana mediante mensajes violentos y operaciones de prensa contra los legisladores que impulsan el histórico derecho.

El aborto pasó de ser un tema «piantavotos» a convertirse en un eje de construcción política transversal. Así lo demostraron los legisladores de todos los partidos que impulsaron la iniciativa, siete veces hasta que lograron su tratamiento. Si bien todas las encuestas de opinión de distintas consultoras mostraron un marcado nivel de apoyo de la población –la más baja dio 60% a favor, la más alta llegó al 80%–, en el Congreso el variable conteo provisorio da un saldo positivo leve, con 112 a 107 votos y un número de 35 indecisos que, según fuentes parlamentarias, ya empezó a bajar. La apuesta es que los legisladores que no quieran enfrentarse a la Iglesia en sus distritos se ausenten del recinto. Eso ayudará al sector que aprueba el proyecto.

El tan postergado derecho de las mujeres a interrumpir de manera voluntaria un embarazo necesita mayoría simple para lograr la media sanción de la Cámara Baja. Es decir que con 129 legisladores sentados habrá quórum, pero se necesitará que ese mismo número levante la mano a favor. Luego pasará al Senado, donde el FpV-PJ adelantó su voto positivo, al igual que lo hicieron a modo individual Miguel Ángel Pichetto, titular de Argentina Federal, y Humberto Schiavoni, presidente del Consejo Nacional del PRO. En el debate por tarifas del miércoles, la senadora Norma Durango (PJ pampeano) mostró en su muñeca el primer pañuelo verde en esa aristocrática sala.

Por ahora, en un escenario dinámico, las dos legisladoras del FpV que se cargaron al hombro la iniciativa, Mónica Macha, firmante del proyecto, y Mayra Mendoza, integrante de la Campaña, calculan que votarán a favor 58 de los 65 integrantes de su bloque. Todavía hay dos en duda. Al comenzar el debate en comisiones, ese número era mucho menor, por lo que el trabajo de hormiga de conversar uno a uno con los compañeros dio frutos. “El proceso fue intenso, nos hizo crecer, es histórico. Al que tenía dudas lo ayudó haber visto el nivel de movilización y acompañamiento que tiene el proyecto, la diversidad e importancia de las personas de distintos ámbitos que vinieron a defenderlo”, evaluaron.

Más divididas están las aguas en el Frente Renovador. Si bien el massismo tiene una militancia activa sobre algunos ejes del feminismo, y Malena Galmarini se hizo presente en la conferencia de prensa final que se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos, eso no se traduce en voluntades a la hora de levantar la mano. Un último conteo posiciona a favor a Cecilia Moreau, Alejandro Grandinetti, Felipe Solá, Facundo Moyano y Raúl Pérez. En tanto, ya dijeron que votarían en contra Marco Lavagna, Carla Pitiot, José De Mendiguren, Adriana Nazario y Mariana Morales. Graciela Camaño estaría en contra pero es probable que se ausente para no aportar un voto negativo.

Si bien Daniel Lipovetzky  (PRO) y Brenda Austin (UCR) impulsaron de manera vehemente el proyecto en el plenario de comisiones, se enfrentan hacia adentro de su bloque a una mayoría hostil. Hasta el momento se cuentan 46 votos a favor, 45 en contra y 30 indecisos. Carmen Polledo, presidenta de la comisión de Salud, es una férrea opositora y está vinculada a los grupos católicos que expusieron en las audiencias informativas.

Esta semana las jerarquías provinciales de la Iglesia comenzaron a llamar por teléfono uno por uno a los legisladores. El caso más obsceno lo protagonizó el obispo de Tucumán, Carlos Sánchez, que mencionó por nombre y apellido a los legisladores de su provincia en a homilía del 25 de Mayo.  

Esta semana comenzará a confeccionarse el dictamen que llegará al recinto en el plenario de las cuatro comisiones, contexto en el se realizaron las audiencias por donde pasaron más de 500 expositores. Si bien el proyecto de la  Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito  es la base para legalizar esta práctica y contextualizarla como parte de los servicios de salud, hay todavía puntos en discusión, como la edad, el rol de las consejerías, los días de reflexión y la objeción de conciencia.

Con presencia permanente en las calles, la marea verde excedió el Congreso y sus inmediaciones. Los pañuelos de la Campaña se multiplicaron, atados a cuellos, carteras y brazos. Sindicatos, agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil motorizaron el reclamo. Pero fueron las adolescentes las que trajeron la novedad. Los centros de estudiantes le pusieron una voz renovada al reclamo, en la calle y también desde el atril del anexo C del Congreso.

Del lado de los anti derechos, el debate parlamentario puso en evidencia dos cuestiones como saldo positivo: muchos cambiaron de opinión y ahora reivindican la importancia de la educación sexual y el acceso público a métodos anticonceptivos –el ex ministro de Salud Ginés González García recordó los ataques que sufrió por implementar el programa de salud sexual y reproductiva en 2005–; y abandonaron definitivamente propuestas atroces como la de meter en la cárcel a las mujeres que abortan.

Del lado de los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, hay dos primeros logros a festejar: el tratamiento parlamentario y que la concientización sobre el derecho al aborto legal llegó a todos los rincones. Ya no hay vuelta atrás. «