En Entre Ríos, la caza de patos autóctonos se volvió una cuestión de Estado. Primero, la provincia la había autorizado, junto a la caza de otros animales silvestres. Luego, una organización apeló para que se cancelada la medida y se considere a los animales «sujetos de derecho». Y ahora, un juez admitió parcialmente la demanda y resolvió que se suspenda la autorización del Ejecutivo para cazar patos autóctonos. A la liebre, en cambio, podrán seguir cazándolo al considerarla una «especie exótica».
El vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, Andrés Manuel Marfil, resolvió este jueves admitir parcialmente la demanda presentada por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) y otros, contra el gobierno provincial. De esa manera anuló la Resolución 1099/22 del 11 de mayo pasado, en la que la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos habilitó en su art. 2 la caza –en principio, hasta mitad de agosto, con posibilidad de que sea para todo 2022– de las especies autóctonas Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Capuchino (Anas versicolor) y Perdiz Chica (Nothura maculosa), además de otros animales como liebres, excluyendo áreas protegidas.
La normativa no permite la caza comercial de liebres, perdices ni patos; pero sí la caza deportiva menor, en determinadas zonas. El gobierno provincial justificó la decisión en que otras jurisdicciones, como Corrientes y Santa Fe, lo permitieron, también enmarcado en el contexto de emergencia hídrica de la cuenca del Paraná: «Todo este tipo de medidas son trabajadas de modo interinstitucional: participan organismos ambientales, del sector productivo e instituciones de otras provincias y entre todos se llega a un consenso para llevar adelante el cumplimiento de este tipo de normativas».
Aseguraron que «el Estado provincial se mantiene abierto al diálogo con diferentes ONGs y asociaciones ambientalistas entrerrianas donde se discuten temas referentes a la conservación de la fauna autóctona y su relación con las actividades productivas». Y sostuvieron la caza deportiva menor habilitada es sectorizada y ocupa no más del 29 % de la geografía entrerriana. Los departamentos donde existe veda total son Paraná, Diamante, Federal, Concordia, Colón, San Salvador e Islas del Ibicuy; también en las Áreas Naturales Protegidas y en la superficie de la Reserva de Salto Grande.
Quien realiza la actividad de caza en Entre Ríos debe tener lo que se denomina un “Permiso de Caza”, que se gestiona en los diferentes Puestos Camineros de la Policía de Entre Ríos, ubicados en los accesos a la provincia -como Brazo Largo, Victoria o Túnel Subfluvial-, o en la oficina de la Dirección General de Fiscalización en Paraná. La práctica debe cumplirse con una hoja de ruta, ligada a la autorización del propietario del campo o inmueble donde se va a realizar la actividad deportiva y a las autoridades policiales y de control. Debe ser en horarios diurnos «y respetando la convivencia con los moradores que han dado el consentimiento». En la provincia añaden que existen establecimientos rurales específicamente habilitados para el llamado «Turismo Cinegético». Se trata de operadores turísticos que se dedican a guiar y ofrecer espacios para los cazadores deportivos.
«Carece de fundamentos técnicos»
Organizaciones animalistas y ambientales salieron rápidamente a rechazar la medida del gobierno entrerriano. El Centro para el Estudio y la Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas), de Concordia, repudió «enérgicamente» la habilitación: «Tal decisión carece de fundamentos técnicos debido a la falta de estudios poblacionales en toda la provincia de las especies habilitadas y de estudios acerca de la presión de la caza, además de no contar con un sistema de control y fiscalización eficaz».
Destacaron que «esta habilitación para cazar nuestras especies autóctonas va completamente a contramano de lo que ocurre en el resto del mundo, donde la tendencia es limitar cada vez más la caza debido a la alarmante disminución de las poblaciones y la extinción de especies». Y luego presentaron el amparo.
La organización Güirá Pirá, Club de Observadores de Aves de Concepción del Uruguay, advirtió que la resolución cuestionada «permite la caza de cinco especies de aves autóctonas sin ningún tipo de estudio o fundamentos técnicos que lo avalen».
En su resolución de este jueves, el magistrado habló de falta de estudios y razones que justifiquen la caza de los patos autóctonos. Y ahí entonces dispuso que quede prohibida, por este año, en toda la provincia de Entre Ríos la actividad cinegética en relación a estas especies.
Sin embargo, no hizo caso a todo lo que pidieron las organizaciones. Rechazó que se declare a las especies animales involucradas como Sujetos de Derecho. Marfil consideró que son solo «seres susceptibles de protección» y que el nivel de protección varía en función de cada especie.
También rechazó la demanda en relación a la liebre: sostuvo que por tratarse de una especie exótica introducida con fines cinegéticos resultaría legal la habilitación de su caza, al no contar con «un marco supra legal que la proteja» por no ser parte de la biodiversidad nativa y «no generar daño ambiental su captura».
Tampoco se hizo lugar al pedido que se realicen estudios futuros en relación a los patos y perdices. Eso, según esgrimió, significaría avanzar sobre las facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo que son quienes deben llevar adelante la política ambiental y deben definir primero si los van a realizar o no. Sin ese material la habilitación de una nueva temporada no se podrá llevar a cabo en relación a las especies nativas. La situación también puede generar un precedente en las otras provincias que habilitaron la caza de especies autóctonas. Y tal vez la presión social y animalista pueda llegar hasta la Nación, para que disponga, controle y prevenga el bienestar de estas especies en todo el territorio argentino, evitando situaciones particulares de determinadas jurisdicciones.
