Una mujer atada a un árbol para impedir que el Gobierno de la Ciudad lo extrajera volvió a dar visibilidad a un reclamo de larga data que cuestiona el modo en el que Ejecutivo porteño realiza las tareas de poda y tala. Un reciente fallo del juez Guillermo Scheibler puso un freno a esas tareas, hasta tanto se garantice la protección de los ejemplares. Organizaciones vecinales y ambientalistas exigen que se respete la medida –ya apelada- y convocan a defender 40 árboles en lista para ser extraídos en el Boulevard San Isidro de la Comuna 12.

Una publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad alertó a miembros de la agrupación Basta de Mutilar Nuestros Árboles sobre el inminente retiro de 40 árboles de ese boulevard, junto a otros 30 o 40 de distintos puntos de la comuna. Este miércoles, de 17 a 19, con barbijo y distanciamiento, convocan a concentrarse en San Isidro Labrador al 4600 para pedir que se los deje permanecer allí.

“Cada extracción tiene que tener una resolución firmada por el presidente de la Junta Comunal y tiene que estar disponible para la ciudadanía el informe de por qué se hace. Pero no está como debería, sino que hay que apelar a la ley 104 de información pública y eso lleva tiempo. Entonces no tenemos la justificación de por qué quieren sacar esos árboles”, aclaró María Angélica Di Giacomo, de Basta de Mutilar, en diálogo con Tiempo.

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Desde la organización fueron a relevar esos árboles en lista para ser extraídos y detectaron que “algunos que ya fueron extraídos y otros que no entendemos el motivo”. La resolución para sacar árboles de la Comuna 12 es del 17 de febrero, previa al fallo de Scheibler. El relevamiento indicó que no tenían cartel como establece el artículo 15 de la ley 3263. La Ciudad suele dar cuenta de situaciones de ‘peligrosidad’ en torno a los árboles por sacar, o anuncia retiros de ejemplares en el marco de obras de ‘puesta en valor’, pero en el Boulevard San Isidro eso ya se hizo en 2016, con una obra adjudicada a una de las empresas favoritas del Gobierno porteño: Salvatori S.A.

“En la parte de la ordenanza del juez Scheibler dice que suspende las extracciones y solamente podrán realizarse intervenciones cuando se dan determinadas condiciones. Pero si no se vigila árbol por árbol, es muy difícil que el Gobierno de la Ciudad cumpla con esto”, advirtió Di Giacomo. Con más de una década de militancia en defensa del arbolado, opinó que “el fallo es valiosísimo porque considera al árbol como un ser vivo, no como mobiliario urbano. Lo ve como patrimonio en cuanto a lo que recibimos de nuestros antepasados, es el ser vivo más longevo que tenemos alrededor y debe ser respetado”. En la convocatoria para esta tarde remarcan que “el follaje frondoso es tema de salud pública y mitiga los efectos del cambio climático”.

El magistrado determinó en su fallo que sólo pueden retirarse ejemplares si está comprobado que afectan la “seguridad pública, la integridad de bienes o personas o la realización de obras públicas”. Ordenó además que se difunda la información de los censos de árboles, que se demuestre la capacitación de las personas que hacen la poda y que se realicen tareas de conservación del patrimonio de árboles. Según cuestionó Di Giacomo, “los 2500 millones de pesos de presupuesto del área se usan para poda y extracción, nada para cuidado”.

La causa judicial comenzó con una presentación de la abogada Claudia Heras, quien alertó que el Ejecutivo local “desarrolla una actividad de poda que, al menos desde hace cinco años, está destruyendo los árboles del patrimonio público, a saber, árboles de alineación, de plazas, estaciones de ferrocarriles y bulevares, ya sea por mutilación, mochado, terciado o talado”.