Mientras un sector de la oposición vuelve a instalar en la agenda el debate sobre la quita de derechos a trabajadores y trabajadoras, como es el caso de la eliminación de la indemnización laboral, algunas empresas privadas envalentonadas con la discusión, llevan adelante medidas que afectan gravemente al sector. La reconocida Universidad Maimónides, fundada el 20 de junio de 1990, es una de las pocas casas de altos estudios que mantiene a todo su personal en negro en sus 27 carreras de grado, en 4 carreras con títulos superiores y en sus 26 posgrados, divididos entre la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Empresariales.

La decisión de las autoridades de la Maimónides es mantener en la ilegalidad a cientos de profesores y profesoras y al resto del personal administrativo, sin reconocerles el vínculo laboral. Cada docente universitario debe pagar su monotributo, su propia obra social, y tiene vedado realizar reclamos para mejorar su situación ya que eso representaría la no renovación de contrato por parte de las autoridades universitarias.

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“Dado el descontento mostrado  en varias  reuniones organizadas, habrá modificaciones en las cátedras a partir del 2do cuatrimestre”. Fue la respuesta de Silvia Sofovich, Directora de la carrera de Psicología, a un grupo de docentes universitarios que, luego de 12 años de trabajo “en negro” en la universidad, decidieron reclamar mejores condiciones de trabajo. “Nosotros y nosotras  formamos  parte  de un   colectivo  de profesionales  y docentes recibidos  en distintas universidades públicas y privadas,  con  una  larguísima  experiencia y hoy fuimos víctimas de la  ausencia  del Convenio  Colectivo  de  Trabajo del  que  se  aprovechan  muchas  de las  universidades privadas  en nuestro  país” declara a Tiempo Alejandra Tortorelli, quien hasta el 1 de septiembre era titular de las cátedras de Filosofía, y Antropología Filosófica de la facultad de Psicología de la Universidad Maimónides. El mismo destino tuvieron otros titulares de cátedras como: Dinámica Grupal y Vocacional, todas dentro de la carrera de la Licenciatura en Psicología.

En menos de una semana la universidad despidió a cuatro docentes titulares e integrantes de diferentes cátedras y otros renunciaron ante diferentes presiones, pero la lista puede continuar ya que muchos otros reclaman mejores condiciones laborales. La universidad Maimónides  mantienen el esquema de explotación e ilegalidad a su personal docente y no docente, desde  el  inicio  de  sus  actividades, bajo un  “Contrato de  Investigación y  Docencia  a  Plazo  fijo”. De esta manera sostiene a lo largo del tiempo  una  de  las  relaciones  contractuales  que  establece  con  sus  docentes  y  empleados  bajo  la  modalidad  de  “locación  de  servicios”. Cada trabajador y trabajadora está  obligado a  facturar  como  monotributista,  mientras  perdure  su  relación  con  la  universidad,  aunque sea por  décadas,  anulando   todos  sus  derechos   como  trabajadores: jubilación, obra  social, servicio  social, vacaciones, aguinaldo, antigüedad  docente, etc.

“En esta situación de ilegalidad hay alrededor de 2400 trabajadores que realizan sus tareas a diario en la Maimónides, y estamos convencidos y convencidas que nuestra desvinculación es para que ningún otro profesor, profesora o personal administrativo, reclame por mejores condiciones de trabajo”, agrega Tortorelli. El destrato hacia el personal desvinculado fue brusco y sin aviso previo: la titular de la carrera, Silvia Sofovich, decidió armar cátedras paralelas con otros docentes contratados y avisar a los estudiantes que debían cursar en un aula virtual diferente a la que venían cursando.  

El grado de precarización y explotación en la Universidad Maimónides, se profundizó por el contexto de pandemia. Los docentes de cada materia fueron obligados  a  dar  clase  en comisiones  de  alumnos  cada  vez  más  numerosas por  medio  del  teletrabajo, realizando esa  tarea  a  través  de  equipos   tecnológicos personales y  con la  conexión  a internet  que abonan de su bolsillo,  sin  recibir  dispensa  alguna  por  parte  de la  universidad, incumpliendo además con la ley de teletrabajo vigente.

“Lo que nosotros y nosotras nos preguntamos como trabajadores de la educación es ¿Cómo pueden funcionar Universidades sin tener empleados y docentes registrados legalmente, aunque las carreras estén aceptadas y autorizadas  ante la CONEAU? ¿Cómo puede ser que en la Ciudad de Buenos Aires se permita a tantas universidades privadas funcionar con este escandaloso  grado de ilegalidad? Y ¿Cómo puede la lógica empresarial borrar todo derecho laboral y hacer de una Universidad un taller clandestino de trabajo esclavo?”, preguntan en un comunicado docentes y ex docentes de la Universidad.