El cambio no llegó a los barrios. A Kevin Benega lo mataron hace tres años, el 7 de septiembre de 2013, y su crimen sigue impune. Estamos igual o peor que antes, gritaron a Tiempo desde La Garganta Poderosa. Sí, gritaron. Como lo hacen desde el día en que se organizaron para ser un amplificador de las voces mudas de los más humildes. De los más débiles. De los más castigados.
Kevin tenía nueve años cuando se escondió debajo de la mesa de su casa y lo sorprendió una de las 105 balas que se cruzaron dos bandas narcos en el Barrio Zavaleta de Pompeya, en el marco de una zona liberada por las fuerzas de seguridad.
Desde aquel día, durante los siguientes dos meses, los vecinos del barrio hicieron cerca de 200 presentaciones, ante el Ministerio de Seguridad que en aquel entonces comandaba Sergio Berni, en las que denunciaban abuso de la fuerza de los efectivos de seguridad. Pero la realidad es que ahora estamos en la misma o hasta en una peor situación, porque los uniformados operan con absoluta impunidad, denunciaron una vez más desde La Garganta.
Hace cuatro días, por ejemplo, un grupo de siete gendarmes ingresó a la casa de un vecino de Zavaleta sin orden de allanamiento. Por eso les abrimos una causa en la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). Esta es la dinámica de todos los barrios de la Capital Federal y es así todos los días, repudiaron desde La Garganta. Es moneda corriente en Zavaleta que los gendarmes entren sin orden de allanamiento a la casa de un vecino por cualquier razón, operando por encima de cualquier normativa legal y apañados por los políticos. Entran y salen de las casas en las villas como si fueran espacios públicos y eso es muy difícil de denunciar, agregaron.
Esa dificultad obligó a los vecinos a articular otros mecanismos para que no haya un tercer Kevin (el primer Kevin fue víctima de otro disparo en 2009). Para que no haya, como repiten siempre, ni una bala más y ni un pibe menos. Desde el barrio decidimos hacer lo que el Estado no hace, y armamos una comisión de vecinos propia dentro de la PROCUVIN. Esto significa que somos nosotros los que estamos custodiando a las fuerzas de seguridad. Ese es el control popular de las fuerzas de seguridad. Y de esta manera podemos accionar contra los abusos, aunque esto no haya inhibido a los uniformados que siguen cometiendo abusos porque no sufren las consecuencias, denunció La Poderosa.
Tal es así que el único procesado en la causa por el crimen de Kevin, oficial de prefectura Daniel Andrés Stofd, hoy cumple funciones en una zona costera de Entre Ríos. Es quien comandaba uno de los patrulleros de Prefectura que decidió liberar la zona cuando Kevin todavía estaba vivo, y resultó premiado con un traslado a Concepción del Uruguay, donde ahora está laburando, con un fierro en la cintura, expresó con clara rabia Luciano Ortiz Almonacid, abogado de la familia de Kevin.
El letrado contó a Tiempo que la causa sigue parada por el fiscal Adrián Giménez, quien la tiene desde el inicio de las acciones y quien la tuvo sin despachar durante muchísimo tiempo, pese a los reiterados pedidos de avance que hicimos como querellantes y además de la insistencia permanente de la madre de Kevin para que se investigue a otros miembros de Prefectura y Gendarmería que son también responsables.
Stofd está procesado por incumplimiento de funciones de funcionario público y según Ortiz Almonacid el fiscal está haciendo todo lo posible para que prescriba la causa, ya que las penas a este tipo de delitos suelen ser menores de tres años. En ese sentido, el abogado agregó: Hace un mes que el fiscal no resuelve el pedido de elevación a juicio, buscando la prescripción de la causa y la impunidad del hecho. Y esto se da en un marco en que los derechos humanos están en un momento cada vez más sensible en América Latina.
