Organizaciones sociales, gremiales, barriales y de consumidores pidieron hoy que se revisen los contratos con las empresas Edesur y Edenor, que se analice una eventual quita de la concesión y evalúe un sistema de administración que incorpore al Estado. Con el lema “30 años fueron suficientes, basta de Edenor y Edesur”, más de 20 agrupaciones hicieron una radio abierta esta mañana frente a las oficinas de Edesur, en San José y Alsina. Indicaron que el servicio es deficiente y no hay inversiones a pesar de los aumentos que llegaron al 5000% en los últimos años.

El presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, Mauro Stefanizzi, sostuvo que es posible converger en una empresa mixta con una fuerte presencia estatal.  “Anunciamos una audiencia pública para mayo a la que citaremos a todos los actores políticos, a gerentes de las empresas, a la comunidad civil y evaluaremos estos treinta años de privatización. Creemos que puede ir hacia un modelo de empresa mixta como sucede con YPF y otras, en donde el Estado tiene una capacidad de intervención que ahora no tiene. Pedimos la revisión de la concesión y si cumplen con los contratos del servicio”, le dijo a Tiempo Argentino.

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Foto: @oficialAAdED1

Vecinos y vecinas de La Boca denunciaron el abandono del barrio e indicaron que hay familias que permanecen sin energía eléctrica desde hace más de una semana. Natalia Quinto, integrante de la multisectorial La Boca resiste y propone, dijo que la empresa tiene una actitud deficitaria que se agravó en los últimos días. “El tema se transformó en parte de la agenda natural. No sólo de nuestro barrio sino de todos. Nosotros tenemos cuadras que están hace ocho días consecutivos sin luz. Las calles Pinzon y Villfañe aún hoy siguen sin servicio. Nuestra agenda se vincula a la cuestión de la vivienda adecuada y dentro de lo que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera vivienda adecuada está la prestación del servicio. Las cuestiones de riesgo eléctrico tienen que ver con la falta de inversión, de control y de seguimiento de la empresa”, afirmó en diálogo con este diario.

De la actividad participaron también el Observatorio del Derecho a La Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, Inquilinos Agrupados, la Red Nacional de Multisectoriales, la Asociación de Defensa de Usuarios, Consumidores (ADDUC), Personal Jerárquico de Empresas del Estado (PJEE) y la Federación Gráfica entre otras agrupaciones.

El presidente de ADDUC, Osvaldo Bassano, sostuvo que no queda otra alternativa más que la intervención directa del Estado para evitar cortes más pronunciados en el servicio eléctrico. Denunció que las empresas no tienen programas de planificación de contingencia, personal suficiente, ni infraestructura adecuada. “Esto demuestra que toda la privatización cayó en un sistema financiero de aumento de tarifa, pero no en inversión. En los últimos cuatro años, el dinero que pagamos por incrementos de más del 5000% y el de los subsidios significó un fuerte aporte de consumidores y del Estado, pero sin inversión. Con artilugios financieros como la evasión fiscal y el autopréstamo con las empresas multinacionales que las controlan, fugaron divisas, pero no invirtieron. Hay un estado decrépito de todo el sistema (Edesur en mayor medida que Edenor), cobrando de más, con un control muy escaso porque hay una norma que cercena al ENRE”, explicó el abogado a Tiempo

Por su parte, Stefanizzi comentó la lucha que mantienen las personas electrodependientes para que se garanticen los derechos establecidos en la ley nacional sancionada en el 2017. “La norma obliga a crear un 0800, a dar la gratuidad del suministro (algo que no pagan ellos porque después se lo devuelve el Estado en concepto de compensación) y a entregar una fuente alternativa de energía. También tienen que establecer líneas seguras con un suministro continuo y nivel de tensión adecuada. Nada de eso sucede, excepto la gratuidad y la línea telefónica. Con Edesur pudimos generar un canal de diálogo, pero es consuelo de tontos porque no se traduce en mejoras ni en los tiempos ni en cuadrillas que se acerquen. No nos sentimos escuchados. Edenor directamente no nos atiende el teléfono”, se quejó.

Bassano, por su parte, agregó: “La calidad de estos servicios es cada vez menos comparable con lo que se paga por eso. Hay una constante para que litigue el servicio al consumidor. En cuanto a la distribución, estas dos empresas constan con aproximadamente casi seis millones de usuarios lo que significa alrededor de diez millones de personas. Forman un grupo empresario monopólico de generación, transporte y distribución. Ese grupo es el que tiene concentrada la energía en Argentina. Son las abanderadas de este sistema que debe ser corregido totalmente”.