El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sumó una nueva causa judicial, en este caso por presunto “fraude laboral” cometido en la administración comunal por la situación de unos 25 mil empleados que facturan sus servicios como monotributistas.

El juez federal Sebastián Ramos quedó a cargo de una denuncia de un sector del sindicado de los empleados municipales que acusa al jefe de gobierno de ser el “responsable de una política de gobierno a través de la cual, y mediante el dictado de decretos y resoluciones, se evade la responsabilidad de tributar al sistema de Seguridad Social, Sindical y de Obra Social”.

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En mayo pasado, el sector opositor del Sindicato de Municipales que encabeza Carlos Elías denunció a Rodríguez Larreta por “incumplimiento de deberes de funcionario público por evadir tributos a la AFIP y organizar un sistema de fraude laboral en el Estado local”.

La presentación argumentaba que “la Ciudad de Buenos Aries cuenta con un plantel de alrededor de 25.000 trabajadores que no se encuentran debidamente registrados y que han sido contratados bajo la ficción de ser personal que presta servicios de forma independiente”.

Esa modalidad de contratación –añadía la denuncia- hace que los empleados figuren “inscriptos en el régimen simplificado de Monotributo”, es decir que facturen por su trabajo, que es similar al que realizan otros empleados que gozan de la relación de dependencia laboral. 

Según la fracción disidente del Sindicado de Municipales, la modalidad de contratación mediante facturación de servicios significa “un fraude a las leyes previsionales y laborales que permite la evasión de millones de pesos que no son incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, no otorgan la correspondiente cobertura de Obra Social y no permite participar libremente de las actividades gremiales”.

Sobre ese último punto, la denuncia añade que “las personas que cumplen tareas bajo estas condiciones precarizadas de empleo no tienen la posibilidad de afiliarse al sindicato, siendo presionadas con amenazas cuando intentan reclamar sus derechos”. 

Pese a que la denuncia fue presentada hace más de dos meses, sólo ahora fue asignada al juez Ramos. Cuando la gremial de los municipales se presentó en tribunales, Ramos consideró que los delitos denunciados debían tramitar ante el fuero en lo Penal Económico y se desprendió del expediente, que recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Aguinsky.

Allí quedó trabado un conflicto de competencia que acaba de resolver la Cámara Federal porteña, con un fallo unipersonal del juez Roberto Boico. 

El fallo sostiene que decisión de Ramos de desprenderse de la causa es “prematura”, ya que “no se halla precedida de una investigación suficiente que permita conocer diversos aspectos del hecho denunciado, necesarios para un correcto planteamiento de la cuestión”.

“La ausente actividad instructoria orientada a conocer el alcance de los hechos denunciados y circunscribir así su objeto impide definir la contienda en el sentido pretendido por el declinante”, reprochó Boico. 

Así, el expediente quedó radicado ante el juez Ramos, quien deberá iniciar formalmente la tramitación de la denuncia.