En la playita del río, a la vera de la intersección de las rutas 9 y 52 en Purmamarca, estaba Lian Mijael Lamas de 17 años, junto a sus compañeros de la escuela secundaria del Bachillerato 18. Era 17 de junio de 2023 y el grupo de estudiantes acompañaba la lucha docente por los salarios que ya había estallado y mantenía movilizada a la provincia de Jujuy, donde días después se aprobaría una reforma constitucional a espaldas del pueblo, con amplio repudio y medidas de fuerza que continúan en la actualidad.
Pero ese día, Lian salió a acompañar a los maestros sin saber que la represión policial arbitraria y desmedida le costaría, de forma literal, un ojo de la cara. Fue una bala de goma de un efectivo de infantería que le apuntó desde lo alto de un puente, mientras él huía del embate de los uniformados.
Los hechos represivos de esa jornada se multiplicaron en lesiones y privaciones ilegítimas de la libertad de cientos de personas. El daño en la visión de Lian, en su calidad de vida, en sus proyecciones de futuro es también el rostro de la violencia institucional que vive, justo ahora, la provincia de Jujuy.
Desde hace dos semanas, Lian, su familia y su abogada están en la Ciudad de Buenos Aires. Vinieron a procurar que la cicatrización de la herida de Lian continúe de forma exitosa, que la prótesis le sea otorgada pero además, a reunirse con funcionarios nacionales para denunciar la grave situación de avasallamiento a los derechos humanos que vive el pueblo jujeño.
Antes de iniciar la conferencia de prensa, su abogada Silvana Llanes, que acompaña también a otras víctimas de violencia institucional ante los últimos hechos represivos acontecidos en Jujuy, conversa con Tiempo acerca de la situación.
La policía apunta a la cara
“Hemos presentado el escrito para constituirnos como querella ante la Justicia Federal, estamos esperando que se nos dé la intervención, que la Justicia Federal esté a la altura teniendo en cuenta que en la provincia no hay justicia”, cuenta Silvana Llanes. “Hay pruebas sobradas del actuar represor de la policía, en ningún momento hubo disturbios, lo generó la policía cuando avanzó contra los manifestantes que estaban con música en la ruta o haciendo talleres”, aclara refiriéndose al día en que Lian perdió el ojo derecho por una bala policial.
La abogada señala como principales responsables al jefe de la Policía de Jujuy, al ministro de Seguridad y al gobernador, Gerardo Morales. “Por eso hemos iniciado la denuncia en contra de ellos, por el delito de homicidio en grado de tentativa, aquí no se cumplió con ningún protocolo antidisturbios, la mayoría de los heridos tienen impactos en la cara, en el torso, en los brazos para cubrirse”, asegura.
Llanes también representa a Joel Paredes, joven músico de 28 años que perdió un ojo en otra represión policial, en el marco del reclamo docente y en contra de la reforma, en Humahuaca el pasado 1 de julio. Cuando el operativo cayó sobre los manifestantes, él se encontraba haciendo música junto a otros artistas, quienes también fueron reprimidos. La policía apuntaba a sus rostros.
“El Estado agredió, lastimó, lesionó, puso en peligro la vida de estas personas con el agravante de que Lian es menor de edad, ni siquiera se han acercado a pedirle disculpas a él y a su familia, el gobernador es un mentiroso ya que nunca citó al diálogo a ninguna de las comunidades originarias”, asevera.
Entre el temor y las causas armadas
Silvana Llanes es abogada y apoderada de varias comunidades originarias de Jujuy. Afirma que Morales se muestra en los medios locales en diálogo con supuestos representantes de los pueblos indígenas que no son tales sino que se trata de delegados comunales que pertenecen a su partido político.
“Es muy duro escuchar que se diga que los originarios son violentos, Gerardo Morales es un infame traidor a la patria que pone en riesgo la vida de los ciudadanos jujeños”, señala Llanes. Y expresa su preocupación por el hostigamiento y amedrentamiento de la población en general y, en especial, hacia los comuneros de los pueblos originarios “a quienes buscan criminalizar por ejercer la protesta, pero no lo van a poder lograr porque tenemos la Constitución Nacional de nuestro lado”. No obstante, la abogada menciona que hay un clima general de temor ante el avance las causas judiciales que se armaron en contra de quienes participaron en las medidas de protesta de los últimos 40 días.
“Hay camionetas blancas sin patentes con policías atrás por toda la ciudad, la gente no quiere ir a hospitales porque tienen miedo que les inicien una causa, por ahí tienen heridas de balas de goma y desde el Hospital Pablo Soria, en vez de ayudarlos, son cómplices, los denuncian”, asegura.
Otro de sus defendidos, Marcelo Flores, se encontraba en esperando un transporte público para regresar a su casa, alrededor de las 9 de la noche el 20 de junio pasado. Allí se encontró con varios manifestantes que le comentaron acerca de la represión donde Lian había perdido su ojo. En ese momento, fueron asaltados por un grupo de policías que dispararon sin ningún aviso. Flores solo atinó a taparse la cara.
“Tiene casi 48 detonaciones en el cuerpo, fue llevado al Hospital Pablo Soria donde estuvo internado en la misma habitación que Lian, de ahí por orden del fiscal se lo llevaron al penitenciario de Alto Comedero, gravemente herido. Le dan la libertad a las 12 o 1 de la madrugada”, cuenta la abogada. Al otro día, fue trasladado desde su casa al Hospital de Maimará, donde constatan que las curaciones no se habían realizado de forma correcta. «Cuando se comunicaron con el Hospital Pablo Soria dijeron ‘no hay nadie con ese nombre, no ingresó nadie al hospital’, imaginate… no tenían el ingreso”.
Ese clima de temor también involucra a la abogacía. “Los abogados estamos siendo amenazados, estamos siendo perseguidos, no podemos trabajar en libertad, no hay seguridad jurídica, es muy difícil hacer derecho en esta época en la provincia de Jujuy”, afirma Llanes.
Asimismo, resaltó que no hay independencia en la Justicia provincial. “Se que en los juzgados contravencionales están sacando sentencias irrisorias, ridículas, acerca de los anuncios de multas que anunció el Ministerio Público de la Acusación, pero no tomaron en cuenta que el vicegobernador en una entrevista dijo que no hubo daño mayor en la Legislatura”, asevera.
Desde el Estado nacional tampoco hay respuestas
Si bien en estos últimos días, tanto Lian Lamas como su abogada fueron recibidos por la vicepresidenta, Cristina Fernández y por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la abogada señaló que ante los delitos que comete el Estado de Jujuy no hay respuestas concretas del estado nacional: “Nos duele mucho que desde el Estado nacional no tengamos respuesta, estamos totalmente desamparados. Nos están dando la espalda y es muy triste”.
Igualmente mencionó que de las reuniones llevadas a cabo, hubo un compromiso de instar la visita e intervención de organismos internacionales de derechos humanos, a los cuales se les elevó diversos informes acerca de todo lo sucedido hasta el momento.
Una comunidad militarizada
Mientras la estrategia legal para la defensa de los derechos de Lian Lamas, Joel Paredes, Marcelo Flores y otras víctimas de la represión, reside en instar la competencia de la Justicia federal ante la marcada connivencia de la provincial al la gestión de gobierno, la comunidad de Chalala a la que pertenece Lian se encuentra militarizada desde el día de la represión.
“Tenemos permanencia de las fuerzas policiales en la comunidad de Chalala, le hicieron llegar una notificación Lian para que se presente a declarar un expediente pero ahí presentamos que ya estamos en el fuero federal porque en el provincial no tenemos justicia”, asegura. La Cámara Federal competente se encuentra radicada en la provincia de Salta.
“Es una posibilidad de un poquito más de imparcialidad, pero lo que hay que hacer es mostrar todo esto, que la prensa de Buenos Aires vea que Morales está poniendo en riesgo la vida de la población, que es un traidor a la patria, que es necesario que respete a los pueblos originarios y pida disculpas al pueblo jujeño”, concluye la letrada.
