A once años de la Masacre de Carcova, así sin tilde, como los vecinos llaman a su barrio, familiares, allegados, organizaciones sociales y políticas siguen reclamando justicia. El terrible hecho de violencia institucional fue protagonizado por efectivos de la Policía Bonaerense cuando un tren de cargas descarriló aquella tarde del 3 de febrero de 2011 en la localidad de José León Suárez, en San Martín. Resultaron víctimas fatales dos adolescentes y otro sobrevivió de milagro.   

La comunidad sanmartinense se reúne todos los años para realizar una misa y caminar desde la estación de trenes de la ex línea Mitre hasta el fondo del barrio donde los chicos fueron asesinados. Joaquín Romero es sobreviviente de la balacera policial y contó que” hoy estoy presente en este lugar para pedir justicia por mis compañeros que fueron asesinados a balazos por policías de distintas comisarías de la zona cuando descarriló el tren de cargas”.

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“Pasó mucho tiempo, pero igual seguimos exigiendo una respuesta judicial. Cuando pasaron los hechos nosotros no estábamos haciendo nada malo”, agregó Romero y aseguró que “solo mirábamos lo que pasaba, fue muy injusto”.

Durante la caminata, de la que Tiempo participó este jueves por la tarde, se puede observar los murales que retratan a las víctimas del gatillo fácil y que están plasmados por todo el barrio. Los vecinos se paran en las puestas de sus casas y miran cuando pasa la caravana multitudinaria que reclama por los adolescentes que fueron acribillados.     

“A mí y a mi familia esto nos genera mucho dolor y tristeza porque es como revivir el pasado”, expresó a este diario Yamila Almirón, hermana de Franco, que fue asesinado. También recordó que “yo era chica, tenía doce años, y me ponía muy mal porque ya no estaba con nosotros”. Pero aseguró que recordarlo, a su vez, le da alegría “porque él transmitía justamente eso”.

“Era muy compañero, en especial con mi mamá, cuando íbamos a la quema a buscar comida él siempre estaba pegado a mi mamá, la cuidaba mucho”. Muy emocionada contó que su hermano mayor “tenía una sonrisa hermosa”.

“Seguimos luchando pero aún no conseguimos justicia. Hace más de una década que venimos marchando y reclamando para que los jueces estén a la altura de las circunstancias”, dijo Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos y militante del Movimiento Evita. Y continuó puntualizando que “esperemos que este año con el nuevo juicio que juzgará a Gustavo Rey podamos encontrar una respuesta a este hecho de gatillo fácil”.

El legislador subrayó que de ningún modo se puede  “reparar el gran daño que ha hecho el Estado -a través de las fuerzas de seguridad- asesinando a Franco y Mauricio o hiriendo a Joaquín que sobrevivió de milagro”. Pero destacó que si sirve para que “esto no vuelva a pasar y podamos decir ni un pibe menos”.

“Los asesinatos fueron protagonizados por la Policía Bonaerense. Como todos los años venimos a realizar este reclamo de justicia acompañando a los familiares de las víctimas y los vecinos”, dijo Fernando Moreira, intendente de San Martín. Puntualizó diciendo que “lo concreto es que el Poder Judicial aún no ha mostrado interés para juzgar y condenar a los culpables”. Señaló que en “este distrito declaramos el 3 de febrero día comunal contra la violencia institucional”.

“Siempre es importante recordar la historia para crear memoria. Mucho más cuando hablamos de la vida de nuestros pibes”, dijo Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, que también participó de la actividad. El funcionario aseguró que cada vez que se juntan es un momento “muy doloroso y triste, sobre todo para las familias de los chicos que resultaron víctimas. Este hecho reivindica la lucha en contra de la violencia que sufren en los barrios”.

“A los chicos hay que tenerlos siempre presentes. Lo hacemos desde el primer momento entre todas las organizaciones sociales”, expresó el Padre Pepe Di Paola. Y aseguró que estar “cada 3 de febrero acá es una angustia muy grande”, pero que los hace“tomar conciencia, más allá de este terrible hecho hay un montón de otros casos de similares características a los que hay que ponerles un freno”, agregó el cura villero.

Desde la organización social y barrial explican que la violencia institucional es un problema estructural que está instalado. Cuentan que ellos solo pueden visibilizar los problemas de los barrios. Pero que si se pretende algo distinto se tienen que producir cambios profundos que reestructuren a la comunidad.  

“Cada vez que hacemos una marcha el reclamo tiene un tono de conmemoración y de no olvidar. También es una nueva puesta para pedir justicia y que el caso no quede impune”, aseveró Waldemar Cubilla, sociólogo, ex detenido y referente de la Biblioteca Popular la Carcova. Y señaló que la violencia institucional “está en todos los barrios y viene siendo una acción punitiva usada en forma desmedida, es como que se libra una cacería”.

“El estigma se ve en la televisión, todo lo que es el área del Río Reconquista toma notoriedad pública por la cocaína adulterada, que en nuestro territorio eso es moneda corriente”, remarcó Waldemar y  detalló que nunca se visibilizan “otros crímenes e injusticias que suceden todo el tiempo”.  

Aseguró que la organización popular solo puede poner “los hechos en evidencia con un pedido de justicia. Pero creo que la clase política debe dar una respuesta, pero no hablo sobre los distintos sectores, lo digo en términos generales y sociales”, agregó el sociólogo. También contó que están trabajando con los consumos problemáticos “para que no sea la droga que construya a nuestros pibes y pibas. Queremos que sea la educación y la cultura del trabajo que ordenen la sociedad”.

“Estamos con nuestros vecinos y vecinas que aún no tuvieron justicia. Por eso como organización propia del barrio acompañamos, no tanto en visibilizar el hecho político que significa la masacre, sino en el sufrimiento compartido con los familiares”, finalizó Waldemar.

Un caso de gatillo fácil

Ocurrió el 3 de febrero de 2011, cuando un tren de carga descarriló por problemas en las vías del ex línea Mitre en el fondo de Carcova. Ese día, la gran mayoría de la gente se acercó a ver que podían recoger de la mercadería transportada y la Policía Bonaerense protagonizó una brutal represión con balas de goma y plomo.

Muchas de las personas de ese barrio viven de la recolección de residuos del CEAMSE. Justamente, los chicos asesinados eran cartoneros. Sin embargo, las fuerzas de seguridad y un sector del periodismo intentaron legitimar los crímenes argumentando que “eran unos delincuentes”, que los uniformados procedieron en “forma correcta en cumplimiento del orden establecido”.  

En el juicio que se realizó en primera instancia se acreditó que los policías excedieron los límites impuestos por la ley y violaron el protocolo de procedimiento de la propia fuerza a la que pertenecen.

Por el hecho -hasta el momento- sólo resultó condenado a 15 años y 6 meses de prisión el ex instructor de tiro Gustavo Vega, de la Bonaerense, por el intento de homicidio contra Joaquín Romero. Respecto a los homicidios de los adolescentes Mauricio Ramos, de 17 años, y Franco Almirón de 16, tras once años de lucha la Cámara de Casación Penal ordenó que se realice un segundo juicio contra el policía Gustavo Rey entre el 25 y 28 de octubre de este año. Este uniformado resultó absuelto por el beneficio de la duda en el primer debate oral que se desarrolló en febrero de 2014. El año pasado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación homenajeó a los chicos asesinados colocando una señalización en la Plaza de los Trabajadores en José León Suárez.