En una pequeña sala del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de Mercedes se escuchaba a las integrantes de la Comisión por la Libertad para Yanina que en la plaza gritaban: “Se va a acabar, se va a acabar, esta justicia patriarcal”.
Adentro, ella está sentada. “DNI”, le pregunta el Presidente del tribunal a Yanina. “No tengo”. “¿No tiene DNI?”, vuelve a preguntar sorprendido. “No”, repite Yanina manteniendo la cabeza gacha. “¿Nunca tuvo?”, vuelve a preguntar. “No”, responde ella casi con culpa por la inacción del Estado que sólo reparó en ella para acusarla de «mala madre».
En el Tribunal Oral número 4 de Mercedes, integrado por Fabián Brahim, Viviana Guerrieri y Miriam Rodríguez, el pasado 29 de marzo se desarrolló la primera jornada del juicio contra Yanina Faríaz. El Fiscal Guillermo Carlos Altuve, quien también acusó a las hermanas Jara, pide para ella condena por homicidio por omisión agravado por el vínculo y para José Alfredo Leguizamón, el femicida, homicidio simple. De resultar condenada, recibiría cadena perpetua.
Yanina es una joven de 30 años, madre de 2 varones, que al momento del hecho tenían 7 y 4 años, y de Xiomara, que tenía 2 años y medio. Vivía con su hermana Maira en San Miguel. Yanina cuidaba a sus hijos, sus sobrinos y a otros chicos del barrio ya que sus vecinas confiaban en ella, según declaró una testigo y también una de sus hermanas: “Ella nos cuidaba a todos”. Además, vendía productos de limpieza.
A mediados de 2017, su madre le pidió que le cuide su casa, en Cuartel Quinto, Moreno y ella acudió junto con su hijo Juan Gabriel, de 4 años y la pequeña Xiomara. Luego de unos días, su madre llegó con Alfredo Leguizamón, quien habría sido ex pareja de la dueña de casa, aduciendo ella que el hombre cuidaría de Yanina y de los niños. Al poco tiempo, comenzaron los golpes a los niños y la violencia física y sexual a la madre.
Según relató ella a sus compañeras de las organizaciones feministas y de derechos humanos que luchan por su libertad, quería pedir ayuda pero él la encerraba y le clavaba las ventanas por fuera.
El 7 de Agosto de 2017 según el relato de Juan Gabriel, cuando Yanina estaba cambiándole los pañales a la pequeña Xiomara, la nena lloraba y Leguizamón comenzó a pegarle para que dejara de llorar. La golpiza fue brutal y la niña murió en la madrugada del día siguiente en el hospital Garrahan. Yanina ya estaba detenida.
No había espacios en su pequeño cuerpo que no tuviesen hematomas y además se identificaron quemaduras en uno de sus pies y lesiones anales compatibles con la violación.
Leguizamón llega al banquillo sin haber dudas de que fue el asesino, pero Yanina se encuentra imputada junto con él por una calificación más grave y debiendo permanecer durante el juicio junto al hombre que golpeó a su hijo de 4 años, asesinó brutalmente a su pequeña hija y quién la violentó y confinó también a ella. Hombre que además hizo un gesto similar a una sonrisa cuando relataron los tormentos sufridos por la pequeña.
Yanina es víctima de violencia en sentido amplio desde su niñez y llega al juicio sin documento de identidad. Estudió hasta el quinto grado y luego las docentes recomendaron que asistiera a una escuela especial. Nadie la llevó. Tampoco tiene certificado de discapacidad (imposible encarar esa tramitación si ni siquiera tiene DNI).
La psicóloga Raquel Disenfeld ratificó luego de entrevistarla que tiene un retraso madurativo y presenta pocos recursos para enfrentar situaciones. El retraso madurativo, tiene que ver con las posibilidades de desarrollo cognitivo de las personas, dejando por fuera el desarrollo de habilidades sociales, por lo que me referiré a la terminología discapacidad intelectual, que según considero se adecua más a una visión que contemple el entorno.
Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (CDPD), con rango constitucional en nuestro país, la discapacidad se define de manera que habiendo un déficit físico, mental, sensorial o intelectual, la persona experimente barreras producto del entorno, para el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Así, en muchas ocasiones, la discapacidad se acentúa o incluso se produce debido a la pobreza y a la escasez de oportunidades.
Así, Yanina llega al juicio sin haber recibido ningún ajuste de procedimiento, establecido en el artículo 13 de la CDPD. El argumento no puede ser que Yanina no tiene certificado de discapacidad, ya que el certificado no resulta una obligación para quienes vivimos con esta condición y menos aún considerando que Yanina es un NN. Nadie advirtió en el informe de la licenciada Disenfeld que Yanina no puede enfrentar un juicio de estas características sin los apoyos necesarios sin sufrir consecuencias gravísimas para su salud mental. Además, tampoco contó con apoyo psicológico durante sus 20 meses en prisión, en los que sufrió violencia también de parte de otras internas producto de haber sido acusada de “mala madre”.
Este tipo de acusación tiene como antecedentes los casos de Yanina González (también una mujer con discapacidad intelectual) y Celina Benítez. La diferencia es la calificación, a ellas se las acusaba de abandono de persona agravado por el vínculo, a Yanina, de homicidio por omisión. Es decir, ella es más responsable por no evitar el asesinato de su pequeña hija que el mismo asesino.
El poder judicial se basa en un concepto de la maternidad en el que las mamás todo lo pueden, todo lo saben y deben proteger a sus hijos e hijas cueste lo que cueste, sin importar si ellas mismas son víctimas de violencia y qué recursos tenían para afrontar esa situación.
Las mamás con discapacidad intelectual, a menudo, enfrentan dificultades para llevar a sus hijos e hijas al médico, para suministrarles medicación o para realizar trámites. Para estas actividades, suelen requerir apoyos (una persona que las ayude), que generalmente los desempeñan las familias. Esto al tribunal no le interesa. Si Yanina no hizo algo no es porque no podía sino porque no quiso.
El juicio continuará el próximo lunes 8 de abril y sería deseable que Yanina no presencie el juicio junto al femicida, y que al menos pueda desarrollarse utilizando los magistrados, fiscal y abogados un lenguaje simple que permita que Faríaz comprenda qué es lo que está ocurriendo. “¿Señora, usted ratifica o rectifica que no quiere estar presente en la video conferencia?”, dice el presidente del Tribunal. Yanina permanece en silencio, no entiende ese modo de expresión, tampoco por qué el fiscal reitera tantas veces las mismas preguntas esperando que los y las testigos cometan errores, o bien por qué una psicóloga que ni conoce podría tener la capacidad de emitir juicio de valor sobre qué herramientas tenía Yanina para cuidar a sus hijos, para llevarlos al médico.
Yanina llega a este juicio luego de 20 meses en prisión con culpa por no haber protegido a su pequeña hija, acusada de “mala madre”, sin poder ver a sus dos hijos varones por imposición judicial pero con el gran acompañamiento de organizaciones de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, La Asociación Pensamiento Penal, El Centro de Estudios Legales y Sociales, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad e integrantes de Organizaciones Feministas que formaron la Comisión por la Libertad a Yanina. Ellas la visitan, la contienen e incluso le procuraron la defensa del Dr. Alejandro Bois. El abogado defensor pidió su absolución, introduciendo el concepto de femicidio vinculado. Las organizaciones brindan el apoyo que el Estado nunca le brindó a esta joven a quien sus derechos han sido vulnerados desde su nacimiento.
Es realmente imperioso capacitar a los y las magistradas en enfoque de género y también en los derechos de las personas con discapacidad, para evitar que más mujeres resulten revictimizadas y para garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulneradas.
