En el marco del conflicto docente nacional y para repudiar la represión del domingo anterior en el Congreso Nacional, el jueves pasado, los docentes y estudiantes del Colegio Mariano Acosta realizaron una clase pública dentro de las instalaciones de la escuela. Docentes denunciaron el ingreso de policías de la Ciudad armados con el propósito de amedrentar a los jóvenes durante la protesta.

Las autoridades de la institución salieron a respaldar a los estudiantes y docentes y a rechazar la acción intimidatoria de las fuerzas represivas e incluso el asesor tutelar de la institución, Gustavo Moreno, presentó una denuncia penal contra la policía y un pedido de informes sobre la cadena de responsabilidades que dispusieron el operativo. 

Lejos de cesar con las instigaciones, el poder político ahora redobló la apuesta. 

Según denunció al portal Nueva Ciudad la rectora del Colegio Raquel Papalardo, recibió una intimación para que inicie sus trámites de jubilación a través de un llamado de la Dirección Administrativa Docente. Sin embargo, según puntualizó, goza de una comisión gremial otorgada por CTERA para ejercer su cargo de rectora que dejaría sin efecto toda posibilidad de jubilación compulsiva. 

Según declaró al portal mencionado, la rectora y docente de la institución desde hace 40 años, “es una persecución porque yo pensaba presentar mis papeles en julio y debido a esto me dicen que me vaya ahora”. 

Si bien las autoridades del ministerio no se dieron por notificadas de la comisión gremial, sí aceptaron el relevo de tareas. Ahora, según Papalardo, “mi mayor temor es que me den la baja de oficio”, en ese caso, explicó a Nueva Ciudad, “te echan y no cobras nada hasta que te salga la jubilación; quedaría sin el cargo de rectoría, sin el cargo de las horas cátedra y sin cobrar la jubilación hasta que el ANSES proceda a dar la jubilación”. 

Por último, se lamentó, “estoy entre la espada y la pared: o presentó los papeles o me dan la baja de oficio, es decir, quedar sin sueldo ni jubilación. Y yo vivo de esto”.

Los ataques e intimidaciones a la docencia se suceden a lo largo y a lo ancho del país. Además de los casos de represión directa a la movilizaciones y los descuentos ilegales por día de paro, los docentes del Suteba Matanza, por ejemplo, ya habían denunciado el uso de fuerzas policiales en el distrito para solicitar los listados de los maestros que participaban en medidas de fuerza en otra clara medida intimidatoria.