El líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, fue detenido el jueves junto a otras 25 personas, tras haber realizado una protesta en las puertas de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), en Juan Domingo Perón 2941, por la muerte de Beatriz Flores, de 75 años, una jubilada que fue atropellada por una moto cuando intentaba escapar de un operativo montado por ese organismo y la Policía de la Ciudad para desalojar a vendedores ambulantes.

Los militantes de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) habían convocado a manifestarse a las inmediaciones de la Comisaría 3° de la Policía porteña, donde se presumía que trasladarían a los detenidos, pero finalmente, tras cuatro horas de permanecer en los patrulleros, fueron liberados.

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“Los abogados de la organización trabajaron mucho para que no fueran trasladados, porque en la comisaría la situación se iba a poner más espesa”, explicaron a Tiempo desde la CTEP, y agregaron que “el operativo de seguridad de la Policía de la Ciudad se transformó en una gran cacería por las calles de Once”.

A muy pocos metros de la sede de la AGC, Beatriz, oriunda de Perú, vendía habitualmente medias en la esquina de la avenida Pueyrredón y Sarmiento, donde el viernes 13 se llevó adelante el procedimiento por parte del gobierno porteño. “Para ese día las medidas por el coronavirus aún no eran tan restrictivas, aunque se sabía que se venía un mayor control, por eso Beatriz salió a trabajar, porque los vendedores ambulantes viven el día a día y no sabía cuando iba a poder volver a salir”, argumentó la fuente consultada.

Pero el procedimiento terminó de la peor manera: “Beatriz escapó desesperada para que la policía no le robara la mercadería y fue atropellada por una moto”, continuaron las fuentes. La jubilada sufrió múltiples fracturas y, tras agonizar varios días en el Hospital Ramos Mejía, el martes murió.

Tanto los allegados y familiares de la víctima como los integrantes de diferentes agrupaciones que nuclean a los trabajadores informales apuntaron sus críticas al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, a quien consideraron el responsable político del hostigamiento que reciben a diario los vendedores ambulantes por parte de la policía. Además, los militantes apuntaron contra Matías Lanusse, el actual director ejecutivo de la AGC, y su mano derecha, Alejandro Cohen. Lanusse supo coordinar la temida Unidad de Control de Espacio Público (UCEP), que se caracterizó por correr por la fuerza a las personas en situación de calle, siendo la fuerza predilecta del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri, cuando aún no había sido creada la Policía Metropolitana, la antecesora de la Policía de la Ciudad.

Así las cosas, los 26 militantes del MTE fueron acusados de atentado, resistencia a la autoridad y lesiones. Interviene la Fiscalía Contravencional 14 de la Ciudad, la misma que actúa en el caso de Beatriz.