Las comunidades mapuches Lof El Sosneado y Lof Suyai Levfb de las localidades de Malargüe y San Rafael, provincia de Mendoza, ocupan el centro de la polémica por los dichos del gobernador de esa provincia, Rodolfo Suárez (Frente Cambia Mendoza) en su cuenta oficial de Twitter, tras la publicación en el Boletín Oficial de dos resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Sin embargo, la abogada Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay de Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos XUMEK de Mendoza, explicó que dichas resoluciones no implican cesión o entrega de títulos de tierras a favor de las comunidades. El mensaje del gobernador y sus aliados responden al “oportunismo político en año electoral”.
Fake news oficial
“Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado, que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”, expresó Suárez en Twitter.
La publicación fue acompañada de una nota dirigida al Asesor de gobierno donde pide que “de manera URGENTE se proceda a realizar los estudios necesarios y a iniciar ante los organismos que resultaren competentes las presentaciones que pudieran corresponder para obtener la revocatoria y/o nulidad y/o declaración de inconstitucionalidad” de las Resoluciones INAI 36/23 y 42/23. De esta manera, el gobernador dio a entender que éstas tienen como principal resultado la cesión de las tierras que ocupan dichas comunidades. “Por años el gobierno nacional ha permitido la desidia que hemos visto en la Patagonia en materia de seguridad, protegiendo a grupos que dicen ser descendientes de pueblos originarios y que someten los principios de libertad y propiedad privada. En Mendoza no lo permitiremos”, afirmó también en esa red social.
En esta misma línea, el senador y ex gobernador provincial, Alfredo Cornejo (Frente Cambia Mendoza), afirmó en su cuenta de Twitter que “No hay ni hubo Mapuches en Mendoza” y que se trata de “Una lógica peligrosísima. La misma que utilizan para regalarle tierras en Mendoza a mapuches que no son mapuches. Preocupa que se alimente a supuestos líderes que siembran violencia y no reconocen al Estado argentino”. También tomaron estado público las declaraciones del intendente de San Rafael, Emir Félix, que expresó que “se está haciendo un uso de la ley 26.160 alejado del ánimo con que fue creada, generando inseguridad jurídica” ya que “quienes se consideren habitantes originarios deben poder demostrar tal condición, algo que no ocurre en este caso, desvirtuando el espíritu de la ley”. Para él, las resoluciones sientan un precedente que genera tensión social y abren un panorama de reclamos a lo largo y ancho del territorio. No conforme con ello, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, dijo que “no existe la comunidad mapuche como tal en nuestro departamento” y “lo que sucede en Malargüe y San Rafael, puede llegar a complicar la propiedad privada”.
Una excusa para el racismo
Ñushpi Quilla Mayhuay Alancay es abogada y responsable del área Pueblos Indígenas de la Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos XUMEK. Consultada por Tiempo, explicó que –lamentablemente- las resoluciones del INAI no generan título propietario sobre las tierras. “La ley 26.160 de ninguna manera otorga títulos propietarios ni le da esa facultad al INAI. Lo único que hace es generar una carpeta técnica donde un equipo interdisciplinario realiza el relevamiento del territorio comunitario. Ese relevamiento no solo es territorial sino histórico, comunitario, identitario porque en términos armónicos con la Constitución Nacional, la comunidad tiene que demostrar su ocupación tradicional, actual y pública”, expresó. La abogada señaló que las versiones que instalaron los funcionarios y medio de prensa demuestran las grandes falencias y los niveles de ignorancia de las leyes vigentes, sobretodo en funcionarios públicos de alta jerarquía como el gobernador, diputados nacionales e incluso el intendente del municipio de Malargüe. “A estas comunidades lo que se les reconoció fue la ocupación tradicional, pública y actual de territorio, lo que no garantiza, ni otorga ningún título propietario. Hay que recordar que estas comunidades están judicializadas, en proceso de reclamo por el reconocimiento de sus derechos territoriales. Te lo digo en términos jocosos, ojalá fuera tan fácil el reconocimiento de los títulos propietarios comunitarios indígenas”, manifestó. A fin de obtener un título propietario, las comunidades deberán continuar los juicios y, en caso de que la Justicia disponga el otorgamiento de los títulos, se dispondría también una indemnización a quien se considere afectado.
De esta manera, el escándalo suscitado solo puede entenderse como un oportunismo político para desplegar el discurso de violencia, discriminación y racismo contra el pueblo mapuche. “Hemos llegado a escuchar en estos días cuestionamientos sobre si realmente son o no del pueblo mapuche, otra vez vuelven a resonar los discursos de que los mapuches son de Chile. Como Estado argentino desde el año ´92 tenemos la ley que adhiere y hace de carácter vinculante el Convenio 169 OIT que establece el derecho a la autoidentificacion de las personas indígenas. El Estado no puede venir a decirle a las personas que se hagan un estudio de ADN para ver si son o no indígenas, porque la identidad tiene que ver con el desarrollo de la cultura, la filosofía de vida, el entendimiento de la persona con ese pueblo indígena, la historicidad, sus ancestros. Es realmente preocupante cuando se empiezan a dar estos discursos en donde volvemos a tener esta mirada completamente racista y, específicamente, contra el pueblo mapuche, porque claramente es uno de los pueblos que trastocan bien fuerte los intereses económicos y políticos en el sur de la Argentina”, aseguró.
Cesiones de tierras que no generan escándalos
Las tierras que ocupan de forma tradicional, actual y pública las comunidades mapuches se encuentran en dos zonas claves para los intereses económicos del empresariado. En el caso de la Lof Suyai Levfb, se trata de tierras cercanas a Las Leñas que ostenta una gran cantidad de complejos turísticos, en tanto que la Lof El Sosneado se encuentra dentro del territorio homónimo que también goza de una riqueza en recursos naturales y atractivos turísticos. Durante las últimas horas, no solo funcionarios públicos sino también empresarios se manifestaron en contra del reconocimiento de las tierras hacia las comunidades siendo que los derechos de los pueblos indígenas forman parte de la Constitución Nacional y de las leyes vigentes.
Sin embargo, la abogada Alancay recordó que el gobierno de Suárez y sus aliados políticos no manifestaron ningún rechazo cuando el propio gobernador firmó un decreto a fines de 2021 dándole las tierras de humedales y glaciares de la zona de Campo Potreros en Malargüe a El Azufre S.A. para construir un centro turístico de esquí.
“La provincia entregó 12 hectáreas con una figura legal de ´asignación de tierras´ para la construcción de un complejo turístico, estamos hablando de tierras fiscales, de zona de fronteras donde no le correspondía el Estado provincial disponer, y fue como ellos dicen ´gratis´ porque acá lo que les indigna es que se les entrega gratis”, expresó. La cesión por decreto de las tierras para la explotación privada se encuentra judicializada ya que implicó el desalojo de comunidades, además de la denuncia por el impacto ambiental.
