Tras negarle el acceso a un aborto a una niña de 10 años que fue violada y ante la repercusión nacional que generó el caso, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a través del decreto 584/18, adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación. 

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“En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad”, señaló Urtubey desde su cuenta de twitter, en la que manifestó los argumentos para dar de baja el decreto de 2012 que impedía interrumpir embarazos una vez superadas las 12 semanas de gestación. 

«Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015”, agregó.