La familia de uno de los acompañantes del joven futbolista de Barracas Central Lucas González, asesinado por efectivos de la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre del año pasado, denunció dos hechos de presunta intimidación: sendos ataques a las dos camionetas, una particular y otra laboral, que suelen utilizar.

Los vehículos sufrieron daños en los neumáticos, cerradura y una ventanilla, que quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad particulares que ya fueron aportadas al tribunal oral número 25, que tiene asignado el juicio contra los –por ahora- 14 policías detenidos, tres por el homicidio y 11 por encubrimiento.

Lucas González fue asesinado cuando, junto con tres amigos, salía de un entrenamiento en Barracas y fue interceptado por tres integrantes sin uniformes de una brigada de la Policía de la Ciudad que supuestamente los confundieron con delincuentes que salían de comprar drogas en una villa de emergencia cercana al lugar.

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Los policías cruzaron un vehículo sin identificación al rodado en el que se desplazaban los cuatro futbolistas, dispararon contra ellos matando a Lucas González, arrestando ilegalmente a otros dos mientras un tercero consiguió escapar y contar todo lo ocurrido a sus padres.

Una rápida investigación a cargo del fiscal Leonel Gómez Barbella y del juez de instrucción Martín del Viso derivó en los procesamientos que, una vez confirmador por la Cámara del Crimen, encaminaron la causa al juicio oral. La investigación continúa, pues el fiscal sospecha que hubo más involucrados en la cadena de encubrimiento, que incluyó la colocación de un arma de juguete en el vehículo en el que viajaban los jóvenes para simular el riesgo de un enfrentamiento armado que nunca existió.

El 16 de junio pasado, alrededor de las 4:40, “personas cuya identidad se desconoce le habrían pinchado en dos ocasiones dos cubiertas de vehículo estacionado en las inmediaciones de su domicilio ubicado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires” al padre de uno de los tres sobrevivientes, cuya identidad permanecerá en reserva por razones de seguridad.

La familia, al igual que las otras tres, debía contar con custodia de la Policía Federal ordenada por el juzgado. Sin embargo, o no estaba, o no advirtió lo que estaba ocurriendo.

El propio damnificado manifestó que “teme a que esta maniobra se vincule con la presente causa” y aportó “cuatro videos correspondientes a filmaciones de las cámaras de seguridad pertenecientes a un vecino frente a su finca cuya visualización permite observar lo narrado por el nombrado”, explica la denuncia.

Las imágenes muestran cómo un automóvil se acerca a la vivienda en cuya puerta está estacionada una camioneta. Una persona desciende del vehículo –que se va de la escena-, se agacha junto a los neumáticos del lado izquierdo y según se comprobaría después los daña con un elemento corto punzante. Además, fuerza la cerradura del lado del conductor, pero no sustrae nada del interior de la camioneta.

Otro de los videos muestra cómo el automóvil que había llevado al agresor al lugar retorna a la escena para recogerlo y marcharse del lugar.

El 16 de junio fue el jueves previo al inicio del fin de semana extra largo por la recordación de Martín Miguel de Güemes y el día de la bandera. Justamente en ese último día feriado la misma familia descubrió que la ventanilla del lado del conductor había sido destrozada a golpes por desconocidos, quienes tampoco sustrajeron nada del interior del rodado. Tampoco allí los custodios advirtieron lo que estaba ocurriendo.

El fiscal Gómez Barbella requirió a la Delegación Avellaneda de la Policía Federal que “se sirva informar, en el plazo de 24 horas, los extremos circunstanciados de lo acaecido (…) con indicación expresa del nombre y cargo del custodio que se encontraba de servicio de custodia de la familia y los motivos por los cuales no habría dado aviso y/o prevenido en los sucesos puestos de manifiesto”.

La respuesta no lo satisfizo y denunció a los custodios ante la Justicia  por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Los videos fueron aportados al tribunal oral que debe juzgar a los policías pero, además, se inició una causa (que por ahora está caratulada como “daños”) ante la fiscalía número 11 de Quilmes, que quedó registrada con el número 13-00-15639-22.

La custodia de las cuatro familias fue asignada a otra fuerza de seguridad.