En medio de la pandemia, los vecinos del barrio Carlos Mugica, de Retiro, lidian no solo con las complejidades de un precario aislamiento sanitario, sino que deben afrontar los problemas de obras no concluidas o ni siquiera empezadas y el avance de los intereses inmobiliarios de la mano del gobierno de la Ciudad sin tener voz ni participación en los proyectos. Este viernes el gobierno porteño pretende sesionar sin los vecinos en el Consejo de Gestión Participativo temas nodales referidos a la urbanización de su barrio, como el tipo de escrituras, la formalización de servicios públicos y la operatoria de canje voluntario de sus viviendas. “Están jugando con el tema de la pandemia para que los vecinos no puedan participar de las reuniones; las discuten y aprueban ellos solos”, denuncian desde la Mesa de Urbanización Participativa Villa 31 -31 Bis.

Por ley todos los vecinos tienen la posibilidad de participar de las reuniones del Consejo de Gestión, pero “ahora no se dan las condiciones para cumplir ese requisito”, explica con criterio Silvana Olivera, vecina del barrio y miembro de la Mesa de Urbanización. “Usan la pandemia para aprobar artículos que no pueden tener cabida en una escritura de vivienda social. Estas escrituras son una trampa, por ejemplo es la única escritura de todas las villas de la ciudad que le permite al gobierno vender las deudas hipotecarias a privados, así se lavan las manos y dejan librado el camino a los desalojos”.

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Si bien las escrituras son para las viviendas nuevas, son el modelo que quedará para el total del macizo del barrio, explica la referente barrial. “Hoy vamos a denunciar públicamente que quieren avanzar a espaldas de  los vecinos. Pero no sólo es esto –señala Olivera– sino que también buscan aprobar la formalización de servicios básicos, es decir, la regularización dominial”.

Sobre este punto explica que a cuatro años de iniciada la urbanización los servicios básicos (agua, cloacas y electricidad) no están garantizados: “Por la Ley 6129 la infraestructura de servicios, tanto la red de agua, las cloacas como el tendido eléctrico deberían estar terminados, pero no es así, como se vio durante la pandemia. De hecho gran parte de los contagios de coronavirus se deben a que manzanas completas estuvieron sin agua un mes y medio, y gracias a eso se contagió la mitad de la población, según los números del propio gobierno”.

Las viviendas nuevas a las que se pretende que se muden los vecinos, no tienen gas natural, todo funciona –o debería funcionar– a electricidad. Este reclamo de los vecinos no fue escuchado hasta el momento y los enfrentará a pagar facturas mucho más elevadas. El tendido eléctrico, sin embargo, no está terminado cuentan desde el propio barrio y no es adecuado para abastecer de electricidad a todas las viviendas.

La operatoria de canje voluntario, que les da  a elegir a los vecinos que viven bajo la autopista a trasladarse a las nuevas construcciones, es otro de los puntos que debe tratarse, pero la ley de 2018 no está reglamentada. Olivera explica que muchas de las familias no se quieren mudar por los problemas estructurales de los nuevos edificios que tienen garantía sólo por un año: “Con una hipoteca a treinta años, esos problemas no pueden ser resueltos en ese tiempo y queda a cargo de los bolsillos de cada familia. Las de YPF tienen un año y ya se caen a pedazos, las primeras que hicieron las entregaron pero no se firmaron escritura porque las fallas estructurales no tienen arreglo, lamentablemente es así. Y los vecinos no quieren pagar una hipoteca de todo una vida cuando ya al entrar se encuentran con filtraciones que arruinaron todo el durlock, cuando las lozas están rotas, cuando ya ha habido incendios y explosiones porque los cables de luz no dan abasto porque todo es eléctrico”.

El nivel de abandono es altísimo, reclaman, “sólo les interesa el negocio inmobiliario que tienen en nuestro barrio. La urbanización nunca se detuvo acá, siguieron las demoliciones que afectaron a vecino que se tuvieron que mudar, lo que generó un movimiento de familias que las expuso al contagio”.

El gobierno porteño no puede explicar el avance en temas centrales de la urbanización y relocalización que deberían ser debatidos ampliamente por los vecinos, que en un contexto de aislamiento no pueden siquiera discutir que tres meses de mora en el pago de las cuotas los lleve directamente a una ejecución hipotecaria. Los vecinos reclaman la participación que les corresponde por derecho y que no está garantizada en este contexto, en que una gran parte de ellos están contagiados de coronavirus. Dejar de lado a los propios interesados hasta ahora no ha dado buenos resultados, el contexto de la pandemia debería llamar a una mínima reflexión de los funcionarios responsables, y escuchar el reclamo público de los vecinos y sus organizaciones.