“Nos están sacando a todos de acá. Algunos no querían salir de sus casillas y la policía prendió fuego para que salgan. Ahora están con topadoras sacando todo. A una compañera la amenazaron con sacarle a su hija si no aceptaba el subsidio habitacional”. Eli es una de las decenas de mujeres que hace más de tres meses se instaló con sus familias en la zona de La Containera, en la Villa 31, para reclamar por su derecho a una vivienda digna. Tras amenazas y falta de respuestas, la Policía de la Ciudad concretó esta mañana el desalojo. Con violencia, topadoras y fuego.

Según contaron las vecinas, los policías mostraron una orden de desalojo pero “la leyeron ellos, con firma digital, nadie tenía la aplicación para leerla ni nos dieron ninguna copia”. Desde el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, la respuesta fue la misma que en estos tres meses: que es una “toma ilegal, en un predio donde se va a construir una escuela para los chicos y chicas del barrio”; que “nunca aceptaron ser censados ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció” y que “los vecinos del barrio están en contra de la toma”.

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Este viernes se iban a cumplir tres meses desde que se instalaron las primeras familias. Ya eran más de 200, todas con criaturas y en su mayoría encabezadas por mujeres. Por eso la toma se conoció como “La fuerza de las Mujeres”. El predio de La Containera estaba usado como basural hacía años; las familias se ocuparon de limpiarlo como pudieron para instalar sus casillas. Muchas escapaban de situaciones de violencia de género y habían sido expulsadas del régimen de alquileres del propio barrio, donde los precios aumentan y cada vez hay más rechazo a alquilar a familias con nenes y nenas.

“Estamos acá con todos los chicos. A algunos compañeros que no querían salir les pegaron. Querían sacar sus cosas y no les dejaban. Están todos nerviosos, llorando, con sus hijos con hambre, no nos dejan salir ni entrar. No podemos ir a compra ni agua”, lamentó una vecina desde el predio.

La referente del FIT Alejandrina Barry, quien siguió de cerca el tema desde un primer momento, se acercó al predio esta mañana pero la Policía no le permitía ingresar. Según pudo saber, “hay dos detenidos, sacaron a los nenes mientras estaban durmiendo, una situación terrible”. Tampoco permitían el ingreso de la prensa, alertó.

Antes del desalojo concretado durante las primeras horas de esta mañana por orden de la Fiscalía 11, la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta había ofrecido un subsidio habitacional de 6 mil a 8 mil pesos que caduca a los 6 meses y que no alcanza para cubrir un alquiler dentro o fuera del barrio, advirtieron desde Somos Barrios de Pie Capital. “Ni la fiscalía a cargo de Valeria Messaglia ni el Gobierno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”, denunció Ramiro Geber, abogado de las familias.

“Están haciendo el desalojo, no les importó nada. Con chicos adentro, rompieron todo, nos sacaron a la calle. Me dijeron que la solución es que me lleven a un hotel, algo así, o un subsidio habitacional. Nada más”, lamentó Andrea desde el barrio. El reclamo de las familias era, justamente, que no les ofrecieran ‘soluciones’ temporarias. Pero la respuesta llegó, una vez más, en forma de desalojo.