El gobierno interino de Dina Boluarte, a quien en Perú ya acusan de ejercer una dictadura que carga en su haber unos 27 muertos por la represión a las protestas que piden su renuncia y la liberación del destituido Pedro Castillo, logró un poco de oxígeno gracias a las fuerzas de derecha y algunas de centro que aprobaron esta semana la convocatoria a elecciones generales recién en abril de 2024, en una sesión legislativa en la que fracasó el intento de la izquierda de convocar a un referéndum constituyente.
El gobierno de Boluarte concluirá, según esta agenda, el 28 de julio de ese año, cuando asuma el gobierno aclamado en esos comicios. Aunque el escenario del Perú a ese largo plazo es verdaderamente incierto, en días en que la mandante interina acaba de sufrir una nueva crisis de gabinete, la segunda desde el inicio de su corta gestión en reemplazo de Castillo, de quien era vicepresidenta. Los pasos vacilantes de este gobierno que impuso el estado de excepción con apoyo de las fuerzas armadas y que combate en las calles a quienes se manifiestan por Castillo, que permanece encarcelado preventivamente por 18 meses y acusado de «rebelión», y por la instauración de una Asamblea Constituyente, provocaron, además un roce diplomático con México, por haber asilado a la familia del expresidente.
Hace unas horas, Boluarte renovó a parte de su gabinete, movió algunos puestos, y nombró como presidente del Consejo de Ministros (jefe de gabinete) al abogado Alberto Otárola, quien se desempeñaba hasta ahora como titular de Defensa y fue una de las cabezas visibles del gobierno para aplicar mano dura ante la movilización popular. Se trata del segundo jefe de gabinete en dos semanas de gestión de Boluarte y el séptimo en año y medio.
En 30 días, Otárola deberá enfrentar al Congreso para que le de el «voto de confianza», según establece la Constitución, algo que los sectores de izquierda anticiparon que no harán. «No voy a darle la confianza a un gabinete que de nuevo no tiene nada, que solo representa el continuismo puro y que carga sobre sus hombros 27 muertes. Lamentablemente, la señora Boluarte no da muestras de un discurso conciliador verdadero. Solo se ha limitado a cogobernar con la derecha», escribió en su cuenta de Twitter la congresista Sigrid Bazán, del bloque Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Bazán fue una de quienes propusieron incluir en la votación del martes la convocatoria al referendum para que la población se exprese sobre la necesidad de convocar a una Constituyente, uno de las principales ejes de la campaña de Castillo. El otro grupo mayoritario que sostenía este proyecto fue Perú Libre, el partido marxista que llevó al expresidente en su boleta. PL también proponía que las elecciones fueran en abril del año próximo, cosa que también fue descartada por la mayoría parlamentaria que aprobó la fecha de 2024 por 93 votos contra 30. «Anoche el Congreso dio un nuevo golpe al pueblo, al no cumplir con el adelanto de elecciones inmediatas y el referéndum para la Asamblea Constituyente. No vamos a abandonar la lucha de nuestro pueblo, seguiremos en lucha hasta el cumplimiento de todas las exigencias populares», declaraba el librista Jaime Quito al día siguiente. La posibilidad de retomar la discusión sigue abierta, sobre todo porque el Parlamento debe tratar el adelantamiento en segunda lectura a partir de marzo, por tratarse de una reforma a la Carta Magna de 1993.
En tanto, las denuncias contra Boluarte son solo políticas. Mientras se desarrollaba la sesión, una congresista de Perú Libre denunció a la interina y a sus dos principales ministros por genocidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la cantidad de muertes registradas en la represión de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Margot Palacios, que dirigió su denuncia también contra los jefes policiales y militares, asegura en su presentación que existe en el Perú «un contexto de violación de Derechos Humanos» y que ante «violaciones flagrantes con suspensión de la vida de las víctimas, que hacían uso de su derecho político a manifestarse» los peruanos «tenemos que recurrir a la justicia internacional».
Justamente desde el lunes se encuentra una delegación de la CIDH para investigar las muertes de los últimos días. El jueves visitó en prisión al expresidente peruano para verificar las condiciones de su reclusión en una base policial al este de Lima. En la cuenta de Twitter de Castillo, su abogado, Wilfredo Robles, había escrito que pedía la reunión entre su defendido y la misión de la CIDH. En la publicación se difundió también un mensaje de Castillo, quien aseguró estar «privado arbitrariamente» de sus derechos.
Un día antes, el grupo se reunió con Boluarte, donde escuchó las explicaciones de la interina sobre «las acciones tomadas para propiciar la calma y tender puentes de diálogo, en estricto respeto de la Constitución y la institucionalidad democrática», según aseguró ella misma en un comunicado posterior al encuentro. «
Misión de Solidaridad Internacional
Representantes de organismos de Derechos Humanos argentinos nucleados en la Misión de Solidaridad Internacional y DD HH, que cumplió misiones en Colombia, Ecuador y Bolivia denunciaron en Buenos Aires el «golpe de Estado» ocurrido en Perú y adelantaron que viajarán a ese país, como lo hicieron oportunamente a los mencionados.
La reunión en la que se fijó la posición pública tuvo lugar en la sede de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), en el barrio porteño de Congreso, y recibió también denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en Perú vía Zoom por dirigentes campesinos que rechazaron la decisión del Parlamento de adelantar las elecciones.
Sobre el final del encuentro se emitieron videos con saludos de solidaridad para con el pueblo peruano de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y del Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, quien denunció que el «golpe de Estado contra Castillo fue impulsado por Estados Unidos y la derecha, con la complicidad de Dina Boluarte», quien asumió el cargo luego de que el congreso declarara la vacancia del mandatario.
La Misión de Solidaridad Internacional y DD HH tuvo fuerte presencia a partir de noviembre de 2019, cuando realizó una recorrida para verificar denuncias de violaciones a los Derechos Humanos tras el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, y luego hizo sendas visitas a Colombia y Ecuador con el mismo objetivo. El viaje a Perú aún no tiene fecha definida y queda por planificar qué tipo de actividades podría desplegar si rige el estado de excepción en el país.
AMLO apunta a EE UU
El presidente de México, Andrés López Obrador, sugirió hace unas horas que los Estados Unidos habrían estado involucrado en la caída de Pedro Castillo y reprochó su rol en la grave crisis política del país andino que desembocó en su destitución. «Que ya no haya injerencismo, que no sucedan estas cosas como las del Perú, porque estén involucrados los estadounidenses o no en el Perú, hay sospechas porque no cuidan ni siquiera las formas», señaló. López Obrador es uno de los principales defensores del exgobernante: denunció que es víctima de las élites política y económica de su convulsionada nación
En cuanto a Castillo, atendiendo un expreso pedido suyo, una delegación de la Comisión internacional de Derechos Humanos lo visitó en la prisión de Barbadillo, una base policial al oeste de Lima, donde cumple 18 meses de prisión preventiva acusado de rebelión. Se verificó que su situación es buena, mientras su familia ya está instalada en México.
