El presidente de Colombia, Gustavo Petro, atraviesa una crisis de proporciones debido a la detención de su hijo mayor por supuestos vínculos con narcos y la financiación de la campaña presidencial, en que la ultraderecha de su país no perdió oportunidad para pedir la destitución del primer presidente de izquierda de la historia del país, ya que además fuentes judiciales aseguran que el propio Nicolás Petro afirmó que parte de la campaña que llevó al poder a su padre fue financiada por el narcotráfico. 

«Continuaré decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y su compromiso por una Colombia mejor», dijo el presidente mediante un comunicado oficial. El jueves pasado, el congresista del uribismo, Christian Garcés, declaró que «la Comisión de Acusación de la Cámara debe arrancar de inmediato con el juicio político a Petro». Por su parte, el senador «Jota Pe» Hernández, de Alianza Verde, anunció a través de sus redes sociales que denunció al mandatario y solicitó que se le investigue. «Su propio hijo, con pruebas en mano, confirmó a la Fiscalía que la campaña presidencial sí recibió dineros irregulares. Solicito que se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel», dijo.

En nombre del padre

La situación del hijo de Petro, quien según el fiscal que investiga el caso, admitió haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña, movilizó al propio líder de la extrema derecha colombiana, el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo haber pasado un «injusto proceso» por causas similares.

La tensión se produjo en horas en que Petro logró un encuentro inédito con los jefes del Ejército de Liberación Nacional la última guerrilla en pie (ver «Encuentros…»).

Foto: DANIEL MUNOZ / AFP

En el comunicado emitido por el gobierno, Petro lamentó las noticias sobre «presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa», en referencia al departamento Atlántico. Al respecto puntualizó: «En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales».

«Tengan ustedes la absoluta certeza de que este Gobierno se acabará de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia: no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo, y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales», aseguró.

«No soy Uribe, no soy Duque»

Al hablar en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, afirmó: «No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy Uribe, no soy (Juan Manuel) Santos, no soy (Iván) Duque».

Nicolás Petro admitió que el dinero de un condenado por narcotráfico entró a la campaña presidencial de su padre, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos. Nicolás «recibió altas sumas de dinero» de parte del señor Samuel Santander Lópesierra, conocido como el «Hombre Marlboro», a quien consideran como el zar del contrabando, el tráfico de licor y cigarrillos: purgó 18 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y también estuvo preso durante varios meses en la cárcel de Cómbita en Boyacá. Aunque también es una de las personas más poderosas del departamento norteño de La Guajira, en la costa Caribe colombiana: fue elegido senador en 1994 luego de haber sido concejal y diputado en la década de los ’80. Y en la actualidad aspira a ser alcalde de Maicao.

Dineros

«Una parte de estos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos (…) y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022», acusó el fiscal del caso, Mario Burgos, en una audiencia judicial.

Nicolás Petro tiene 37 años  y es diputado del departamento del Atlántico. Inicialmente rechazó las acusaciones en su contra que efectuó su propia exmujer, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, también detenida. Pero cambió el tono después de un receso y aseguró que decidió «iniciar un proceso de colaboración».

El juez Omar Beltrán le otorgó la libertad condicional por razones de seguridad en las primeras horas de este sábado. Según le dijo al juez el defensor de Petro, «es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales» y «si él fuera a una cárcel, su señoría, no dura ni 24 horas». La medida restringe a Petro salir de la ciudad de Barranquilla, mantener contacto con otros involucrados en la causa y participar de reuniones políticas. El fiscal lo imputó por presuntamente «adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad» a dineros obtenidos de forma irregular, además de «incrementar en forma injustificada» su «patrimonio económico».