El líder del PP español, Alberto Núñez Feijóo, inició este viernes una gira por el sur de América para verse con gobernantes y dirigentes políticos afines a ese sector de la derecha cada vez más corrido al extremo y que no le hace asco a tensar al máximo los límites de la democracia. Tras el primer encuentro con el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, tiene prevista otra con el ecuatoriano Guillermo Lasso, pero hará “Ole” en la Casa Rosada y el Palacio de la Moneda. Sí, en cambio, en Buenos Aires se volverá a cruzar con Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

Quizás para cambiar figuritas sobre la táctica de bloqueo continuo a la renovación del Consejo de la magistratura de España, algo que preocupa al gobierno del socialista Pedro Sánchez por las implicancias para el sistema de Justicia de esa nación, que hace cuatro años no puede cumplir con el mandato constitucional por falta de consensos entre los partidos políticos. Algo de lo que todos ellos saben bastante.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano encargado de “garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial” y también de la designación de funcionarios y de la selección y la inspección de los magistrados judiciales. El mandato de los 20 miembros – entre ellos jueces y juristas- tiene 5 años de duración y se renueva en su totalidad sin posibilidad de reelección de los que cumplieron funciones. La designación de los miembros corre por cuenta de ambas cámaras. La composición actual es la que se eligió en 2013, cuando gobernaba con amplia mayoría el PP. Debería haberse renovado en diciembre de 2018, pero para entonces en La Moncloa estaba el PSOE en una coalición con Unidas Podemos. De modo que los actuales integrantes van a cumplir diez años en el cargo de manera reñida con lo que establece la Constitución.

 Esta anomalía generó repudios varios entre las organizaciones de letrados, y llevó a la renuncia el 11 de octubre del titular del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, en protesta por la falta de acuerdos para el nombramiento de jueces.

El NO del PP es un arma poderosa en este momento ya que 12 de los 20 miembros del CGPJ deben ser nombrados por una mayoría de tres quintas partes de las dos cámaras del Parlamento.

A esa altura el caso era un escandalete continental: el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders viajó especialmente a Madrid para tirarles de las orejas a los partidos mayoritarios. “Es necesario salir de esta crisis”, dijo el belga. El sermón de Reynders y la dimisión de Lesmes tuvieron el efecto de lograr un encuentro entre Núñez Feijóo y Sánchez para intentar destrabar el entuerto. Todo parecía encaminado a una salida razonable, según las declaraciones posteriores a la cumbre.

Pero el líder conservador -que dentro de su partido se las tiene que ver con sectores más ultras como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que disfruta corriendo a los propios por derecha- reculó velozmente a horas de que formalizara el anuncio. Argumentó que el partido está en contra de una reforma al delito de sedición que el oficialismo pretende votar en el Congreso. Que esa iniciativa debilitaba el poder del Estado y beneficiaba a los independentistas. Y que por esa razón rompía las negociaciones.

Sánchez respondió al reclamo de la agrupación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que estudia “medidas” para destrabar la situación de bloqueo permanente. Mientras tanto, Núñez Feijóo salió de gira para verse con sus correligionarios de esta parte del Atlántico. Una región donde este tipo de argucias de los sectores de la derecha en el Poder Judicial disfrutan un auge de varios años.  «