En junio pasado una nueva Caravana de Migrantes partió del Estado de Chiapas con el objetivo de llegar a EE UU. Es un fenómeno social que desde 2018 y se acentuó, mientras las políticas migratorias del Partido Demócrata tampoco se diferencian demasiado de la movida xenófoba generada por Donald Trump.  Para poder desentrañar las raíces de este fenómeno social que, desde hace años, se transforma en un verdadero calvario de millones de desplazados que huyen de la violencia política, de persecuciones de las mafias del narcotráfico, o de situaciones económicas límites, Tiempo se comunicó con Enrique Coraza de Los Santos. Es uruguayo y reside desde hace años en Chapachulas, la frontera sur de México, tras su especialización en diferentes universidades europeas. Es Profesor de Historia y Cultura, y miembro del Colegio de la Frontera Sur de esa localidad e integra el Centro Público de Investigación y Formación en posgrado.

–¿Cómo se contextualiza esta grave situación humanitaria, tras la Cumbre de las Américas, controvertida en materia de temática migratoria?

–Estamos hablando de un proceso de larga duración, sobre todo en la Frontera Sur. Estas cuestiones de movilidad humana tienen más de cien años, sobre todo pensando en las relaciones de Guatemala y México, principalmente con Chiapas que con el tiempo se complejizaron. En los ’70 y ’80 comenzó a ingresar población no sólo guatemalteca orientada a las plantaciones del café y el azúcar. También la que llegaba de otros países de Centroamérica, con las movilidades forzadas por los conflictos armados en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Ya en este siglo se fueron sumando contingentes de otras regiones, como del Caribe y los colectivos asiáticos y africanos. Estamos en un proceso de movilidad que se incrementa y la Frontera Sur se integra a uno de los circuitos globales. Pero además debemos agregar que estamos en un espacio de frontera, con cuestiones geo-políticas, pensando en que, últimamente, México tiene un papel de país gendarme, por los acuerdos con los EE UU.

–Allí no hay un muro.

–Hay otro tipo de muros que no son de material, pero son tan efectivos. Con el aumento de los procesos de control, a través de la militarización del territorio, impuesta con la ley de Seguridad Interior, que establece la figura del enemigo interno y luego con la Guardia Nacional que sustituyó a la Policía Federal. Hoy hay cerca de 30 mil efectivos militares distribuidas entre las dos fronteras. Además, en el Instituto Nacional de Migraciones, asumieron personas con antecedentes en cargos militares o policiales. El caso del director: lo fue de Cárceles. Es un mensaje de cómo se concibe a la migración y la idea de criminalización. También las reacciones sociales que no son exclusivas de la frontera mexicana, sino que es común a otras regiones del planeta: reacciones discriminatorias y xenófobas, como en la llamada Europa Fortaleza y otras zonas calientes como la Península de Arabia.

–¿Este drama social es sólo producto de la profunda desigualdad y falta de oportunidades de distintos sistemas económicos y como efecto del neoliberalismo?

–Sí, también por persecuciones políticas o efectos del cambio climático y los desastres naturales. A pesar de estas tendencias preocupantes, también hay  muestras de solidaridad y acompañamiento, que se expresan con el crecimiento de diversas organizaciones de la sociedad civil.

–¿Qué particularidad en su composición tiene esta última Caravana de Migrantes?

–Debemos diferenciar dos cuestiones. Primero, la aparición de los colectivos de migrantes que toman la forma de Caravanas se da desde de octubre del 2018. Es en sí una transformación del fenómeno de movilidad de las personas. No moverse en forma individual o en pequeños grupos sino en forma masiva. Lo que buscan es fundamentalmente la seguridad en el tránsito,  ante la violencia o robos del crimen organizado. Muchas veces para resguardarse de la corrupción o la trata de personas implementada por bandas mafiosas. O incluso como forma eficiente de irrumpir con masividad en la frontera y superar el accionar de los guardias fronterizos. Las caravanas se iniciaban principalmente en Honduras, conformadas con migrantes de Guatemala, El Salvador y a veces con nicaragüenses, a partir de abril de 2018, con la administración de Ortega Murillo y el aumento de la represión. Con el tiempo se agregó población haitiana, cubana y colectivos africanos. Partían de Chapachulas. Migrantes que estaban en situación de espera, inmovilizados por meses porque no se resolvía su situación o sus solicitudes de asilo. Ante esa incertidumbre, partían organizados hasta la Frontera Norte. Esto entraba en contradicción con la política migratoria de México, que es fundamentalmente la contención y la deportación de migrantes. La última Caravana se conformó en un 80 % por venezolanos. Y el segundo elemento es que no se los detuvo en un lugar cercano a la frontera que se llama Viva México sino que se los dejó proseguir su camino hasta unos 50 kilómetros de Tapachulas. La estrategia de Migraciones fue ofrecerle una suerte de visa humanitaria que les permitía avanzar en pequeños grupos. Se les daba un permiso de tránsito válido por 30 días: representó una válvula de escape que disolvió la Caravana, se segmentó en cientos de pequeños grupos de familiares o conocidos que intentaron durante un mes arribar a la frontera sur de EE UU.

–¿Cómo es el dispositivo de la llamada Frontera Vertical en el territorio mexicano?

–Un mecanismo que se implementa desde hace años. Comenzó con la administración de Felipe Calderón y luego se continuó con Peña Nieto. Se trata del control a lo largo de todo el territorio, a veces con fronteras fijas y otras móviles. Este dispositivo fue denunciado por organizaciones de DD HH: es violatorio de la legislación, al impedir el libre tránsito, principalmente en las carretera, pero también en el aeropuerto Benito Juárez. Ocurrió con colegas que venían a un Encuentro de CLACSO, que fueron detenidos y deportados. En muchos casos el personal de control migratorio se sube a buses con una selección fenotópica, criterios raciales, pide documentación, realizan detenciones e inician el trámite de deportación.

–¿Estas prácticas se incrementaron con las políticas migratorias ratificadas en la Cumbre de las Américas?

–No es algo nuevo. El Pacto Mundial de las Migraciones que se realizó antes de la emergencia pandémica, establece la llamada «migración segura ordenada y regular». No es otra cosa que una nueva modalidad de control de la población y del territorio, liderado por la Internacional de Migraciones. No debemos olvidar que la lidera una de las asesoras de Biden en este tema. Estas formas de control, no abonan una mejoría en la situación de las personas, que por diversas razones tienen la urgente necesidad de huir de su lugar de origen. Incrementa su vulnerabilidad. Para dar una idea: en México deambulan unas 400 mil personas al año. No existen números exactos, pero la propia OIM, informó que entre 2014-2021, habían muerto 3059 migrantes en tránsito por el territorio mexicano. Entre 2016-2020, 3732 migrantes denunciaron ser víctimas de delitos: el 44% se dio en Chiapas, según el Registro de la Identidad de Personas de la Secretaria de Gobernación de México.

–Teniendo en cuenta la profunda desigualdad estructural de Latinoamérica, y el agravamiento de la crisis alimentaria y energética con la guerra en Ucrania, qué futuro avizorás?

–Se exacerbará lo que vimos desde la pandemia, el aumento de esta población «desechable», que puede ser detenida, que puede ser procesada y ser deportada, sin medir las consecuencias humanas. Devolverlos a su país de origen es retornar a las condiciones que les ha hecho salir, y en muchas situaciones eso significa la muerte. Todas las previsiones nos indican que este fenómeno no va a parar, sino que crecerá. Por lo tanto, la pregunta es: ¿en qué medida como sociedad nos plegamos y seguimos siendo parte de esta lógica, o buscamos la forma, ya sea denunciando y solidarizándonos con los colectivos de migrantes para que logren finalmente alcanzar los objetivos por los cuales han tenido que salir?  «