El gobierno de Pedro Castillo enfrenta una jugada parlamentaria que desafía la gobernabilidad y para analistas es directamente “la preparación de un golpe de Estado” en Perú. El Congreso con mayoría opositora aprobó esta semana una ley que limita los alcances de la Cuestión de confianza, una controvertida facultad constitucional que otorga al Ejecutivo la opción de disolver el parlamento y convocar a elecciones legislativas, si éste le es esquivo en reiteradas oportunidades. La administración de Castillo, que intentó contrarrestarla con proyectos propios que fueron rechazados, se presentará ante el Tribunal Constitucional para pedir la inconstitucionalidad de la ley sancionada por “insistencia” –en segunda lectura tras el rechazo del Ejecutivo- por 79 diputados contra 43 y tres abstenciones.

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“Lamentable que el Congreso haya renunciado a un debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes, con una ley que pone en riesgo nuestra democracia. Adoptaremos acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho”, señaló la jefa de Gabinete, Mirtha Vásquez, antes de anunciar que se llevaría el tema al terreno judicial. Justamente mañana era la fecha establecida para que el pleno legislativo apruebe o no el cuerpo de ministros que encabeza Vásquez, tras los drásticos cambios que llevó adelante Castillo y producto de los cuales hubo una ruptura dentro del bloque oficialista de Perú Libre. Según dijeron los principales referentes de ese partido, Vladimir Cerrón y su hermano Waldemar, todos los diputados “natos” deberían acatar la decisión de su Asamblea Nacional Extraordinaria de no apoyar el gabinete “caviar”, es decir, liberal y moderado, nombrado por Castillo. Esto rompería el bloque entre los que provienen de Perú Libre y los del sector sindical docente vinculado a Castillo. Si bien las declaraciones habían sido enérgicas, los acontecimientos de las últimas horas habrían hecho bajar los decibeles al sector más extremo del bloque y se hablaba de una posible aprobación del gabinete para evitar un mal mayor.

Ese mal mayor podría ser lo que, por ejemplo, el analista César Hildebrant llama en su revista En sus trece, la “cocción de un golpe de Estado”. Es que según la norma aprobada el miércoles, el Ejecutivo queda facultado para plantear la cuestión de confianza en temas “relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno”. Es decir que excluye “las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales”, así como a “las que afecten los procedimientos y competencias excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionales autónomos”. Esto está directamente vinculado con la vacancia presidencial, una figura que puede invocar el congreso ante hechos de subjetiva valoración como ser la “incapacidad moral” del gobernante. Es decir que si el gobierno sufre el rechazo legislativo de sus ministros o presenta alguna reforma constitucional, el Congreso con mayoría opositora podría declararlo incapaz o impedir eternamente la elección de sus funcionarios, sin el contrapeso de la cuestión de con-fianza.

A partir de la presentación judicial, el Tribunal tiene 30 días para expedirse. En el gobierno no confían mucho en obtener los cinco votos necesarios para lograr la declaración de inconstitucionalidad.