Después de haber huido hace casi dos años a Abu Dhabi para ponerse bajo la protección de una petrodictadura y coincidiendo ahora con nuevos escándalos de espionaje y corrupción que afectan al régimen que él mismo promovió y presidió, el rey emérito ha decidido visitar España este fin de semana. El motivo no ha sido el de rendir cuentas ante Hacienda y, sobre todo, ante la ciudadanía por todas sus fechorías, sino el de participar en una regata en Galicia con su barco y, de paso, ver a su hijo, Felipe VI, en su palacio en Madrid para luego volver a su residencia dorada.

El nombre del barco de su propiedad, Bribón (“persona que engaña, estafa o roba”, según el Diccionario de uso del español de María Moliner), con el que va a regatear encaja perfectamente desde que lo compró con la trayectoria política y personal de este miembro de la dinastía de los Borbones, de triste recuerdo en nuestra historia contemporánea por la larga tradición de corrupción, parasitismo y militarismo que siempre lo ha caracterizado. No por casualidad el grito “¡Abajo los borbones!” presidió dos momentos revolucionarios tan relevantes como los que condujeron a la proclamación de la I y la II Repúblicas españolas en 1873 y 1931.

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La reacción de indignación que está generando esta visita de alguien que sigue haciendo ostentación de sus privilegios va más allá de las gentes de izquierda y de pueblos como el catalán y el vasco –que en todas las encuestas se muestran mayoritariamente contrarios a esa institución antidemocrática– y se está manifestando abiertamente en las redes sociales y muchos medios de comunicación. Incluso periódicos como El País reconocen la improcedencia de este viaje del emérito echándole en cara que en ningún momento ha manifestado estar dispuesto a rendir cuentas ante la Justicia y la opinión pública por la larga lista de ilegalidades que ha ido practicando desde el inicio mismo de su designación como rey por Franco. El hecho de que el Tribunal Constitucional español lo haya librado de toda responsabilidad penal debido a la inviolabilidad que, entendida en términos absolutos, lo protege en toda su actividad, ya sea pública o privada, no impide, sino todo lo contrario, que la mayoría de la ciudadanía en el Estado español considere injustificable tal grado de impunidad.

Esa inviolabilidad es la que le ha permitido, con la complicidad de la casi totalidad de los medios de comunicación y de los partidos del régimen, incluido el PSOE, ir acumulando una enorme fortuna gracias a su papel como ministro de Economía, de Industria y de Asuntos Exteriores (como lo calificó una periodista), en complicidad con las empresas transnacionales españolas para sus grandes negocios, especialmente con las petrodictaduras árabes, pero también en América Latina. Un legado del que sin duda su hijo, el actual monarca, se ha beneficiado, por mucho que pretenda desvincularse ahora del mismo, y al que está dando continuidad, como demuestra el reciente acuerdo al que ha llegado el gobierno con el emir de Catar.

No olvidemos, sin embargo, que Juan Carlos I se ha caracterizado también no solo por ser alguien que ha engañado, estafado y robado sino que además, pese al mito creado en torno a su papel durante el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 (en realidad, solo frenó al ala más reaccionaria de los golpistas que no quiso seguir las órdenes de su gran amigo, el general Armada), ha mostrado en sucesivas ocasiones su beligerancia contra cualquier aspiración popular a desbordar los límites marcados por el famoso consenso de la Transición política que él presidió, y a someter a su propia institución al control parlamentario. Su figura y la de Felipe VI han sido y son símbolo máximo de la continuidad de un régimen que no fue fruto de una ruptura con la dictadura y que sigue estrechamente asociado al neocaciquismo oligárquico, a la preservación de los privilegios de la iglesia católica, a la guerra sucia de un aparato de Estado procedente del franquismo contra todo tipo de disidencias y a los intereses del imperialismo estadounidense; todo ello desde la defensa fundamentalista de “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, según predica el artículo 2 de la Constitución. Por eso no sorprende que tanto el padre como el hijo hayan evitado siempre la condena explícita de los crímenes de la dictadura franquista, que, como han demostrado recientemente, sean los mejores amigos del régimen marroquí opresor del pueblo saharaui, o que Felipe VI obtuviera el apoyo entusiasta del PP y de Vox con su discurso criminalizador contra los más de 2 millones de personas que el 1 de octubre de 2017 ejercieron legítimamente en Catalunya el derecho a decidir su futuro.

Con todo, pese al creciente descrédito de la monarquía, estamos lejos todavía de que la desafección popular hacia esta institución se transforme en movilización unitaria y sostenida a favor de un referéndum sobre la forma de Estado y, sobre todo, de un proyecto republicano capaz de responder también al malestar social que se está extendiendo entre la población frente al constante aumento de todo tipo de desigualdades e injusticias.