Tras 18 días de protestas, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se vio obligado a firmar un “acuerdo de paz” con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) que decreta la aplicación de rebajas a los combustibles, amplía beneficios y acepta compromisos de preservación ambiental en la explotación mineral, entre otros.

El largo conflicto, que incluyó represión, muertes, el encarcelamiento temporal del principal dirigente indígena, Leónidas Iza, y un intento de juicio político, deja muy débil al gobierno del banquero de derecha ya castigado con la caída sostenida de su imagen y escaso apoyo legislativo. También vuelve a poner al centro de la escena al poderoso armado de agrupaciones indígenas, que supo provocar la caída de tres presidentes entre 1997 y 2005 y poner en jaque al gobierno del mismo Rafael Correa. Y a la vez alimentar la polarización en el país, lo que adelanta un escenario no exento de posibles nuevos conflictos.

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Con la mediación necesaria de la Iglesia católica, el gobierno logró reunir a los dirigentes que lideraban la protesta para la firma del «acta por la paz» que garantizaba el levantamiento del paro nacional y las movilizaciones. La foto fue mostrada como un triunfo, y sobre todo como una expresión de alivio frente al momento más tenso que vive el gobierno de Lasso desde sus inicios, en mayo del año pasado. El acuerdo, que fija la creación de una mesa de diálogo, fue firmado por el presidente de la Conaie, Iza, y el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

Luego de la firma, Lasso se dirigió a la nación, y en un discurso emitido por radio y televisión, reconoció el abandono estatal que los sectores rurales padecen desde hace décadas y anunció que «el campo y la ruralidad serán la prioridad nacional».“Vamos a emprender juntos la tarea de transformar la paz que hoy hemos conseguido en progreso, bienestar y oportunidades para todos”, dijo. En su mensaje Lasso también hizo un llamado a la reconciliación en el país: “Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos por un solo objetivo: reconstruir el Ecuador”.

Mientras tanto los cerca de 10 mil manifestantes de pueblos nativos que habían llegado a Quito regresaban por la noche a sus comunidades del norte y sur andino, así como a la selva de la Amazonia a bordo de autobuses y camiones, y ondeando banderas de Ecuador y la wiphala de los pueblos originarios, acompañados por algunos vítores de ciudadanos que apoyaron su lucha. De igual manera otro sector de la población realizó contramarchas en rechazaban a las manifestaciones de indígenas en la capital. Para el líder indígena es una demostración del “racismo” exacerbado desde las últimas protestas de 2019. El otro factor que se coló en la discusión fue el eterno fantasma del correísmo detrás de la revuelta. El oficialismo y sus seguidores vinculan a Iza con el expresidente y hasta lo acusan de “infiltrarse” en el oficialismo para desestabilizar. Cierto es que el correísmo, a través de su numeroso bloque Unión por la Esperanza (Unes), en el Congreso, fue el que impulsó el pedido de remoción contra Lasso, aunque no tuvo participación directa en la actividad callejera. La sesión realizada el miércoles reunió 80 de los 92 votos necesarios para cesar a Lasso en su cargo por «grave crisis política y conmoción interna» y Lasso logró permanecer en su puesto, calificando de «intentos golpistas” a la jugada legislativa. Lasso aseguró que quedaron “en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador». Lasso tampoco ahorró calificativos para Iza, a quien llama “anarquista”.

Las protestas dejaron seis muertos, incluido un militar, más de 600 heridos entre civiles y uniformados, y 150 detenidos, de acuerdo con diversas fuentes.

El acuerdo de paz incluyó la aplicación de una reducción total de 15 centavos en los precios de los combustibles más utilizados en el país, que fue cumplida el viernes. Con la rebaja pactada el jueves, el galón de diésel descendió de 1,90 a 1,75 dólares y la gasolina extra de 2,55 a 2,40 dólares. El Ejecutivo también derogó un decreto para la entrega de nuevos campos petroleros, otro de los pedidos de la Conaie, que también movilizó a unas 4.000 personas para cerrar vías hasta en 19 de las 24 provincias, según estimaciones oficiales. También se pautaron otras medidas compensatorias como el incremento de U$S 50 a 55 de un bono para los más pobres y la condonación de créditos vencidos por hasta U$S 3.000 con la banca pública. «