El gobierno español está en una encrucijada para concretar una “contrarreforma” laboral antes del 31 de diciembre y así poder acceder a un nuevo tramo del millonario fondo pospandemia que puso en marcha la Unión Europea. Son cerca de 57 mil millones de “buenas razones” para que gremios y patronales se pongan de acuerdo. Pero los intereses son muchos y los tironeos desde ambos lados del mantel también.

El gobierno de Pedro Sánchez es una coalición en la que el PSOE es mayoría pero tiene peso determinante Unidas-Podemos, el partido nacido al calor de las protestas del 15 de mayo de 2011 en torno a Pablo Iglesias. Retirado de la política – al menos momentáneamente – Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda, está mostrando dotes de liderazgo dentro de ese sector de la izquierda que la convierten en la enemiga del establishment hispano.

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Díaz se puso al hombro la reforma laboral y desde ese lugar “pateó el hormiguero” de una modificación perjudicial para los trabajadores que impuso el Partido Popular durante la gestión de Mariano Rajoy, en 2012. Eso le granjeó rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que nuclea a las cámaras patronales, del amplio arco de las derechas españolas pero también dentro del partido de Sánchez.

“Ha mostrado mucha capacidad para negociar y por eso apuntan contra ella en este momento”, dice a Tiempo Francisco López. Residente en Buenos Aires desde hace años, López es secretario de Participación Militante de Círculos y Áreas de Podemos Exterior.

La pelea que lleva adelante Díaz es para que -frente a la amenaza de no recibir los fondos restantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – los empresarios acepten algunas modificaciones a la normativa de Rajoy, sentados a una mesa con la dirigencia sindical, cosa de mostrar en Bruselas que están dispuestos a aprovechar esa millonada según parámetros aceptables para la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la UE.

Esa ley, con la excusa de que la rigidez laboral impedía que los empresarios contrataran personal, redujo la indemnización de 45 días por año trabajado a 8, “es decir, nada”, apunta López, que también representa al Frente Progresista Trece Rosas para las próximas elecciones al Consejo Residentes Españoles (CRE, ver aparte). Además, la normativa extendió las temporalidades de prueba “casi al infinito”.

El argumento de quienes apuestan a cambiar la reforma del 2012 toma en cuenta datos de la UGT (Unión General de Trabajadores), una de las centrales obreras, junto con Comisiones Obreras (CCOO), que discuten el asunto con los empresarios sobre precarización y pérdida de empleo en estos once años. Según un trabajo que firma Pepe Álvarez, secretario general de UGT, entre 2013 y 2018 la tasa de temporalidad creció al 26,8 por ciento. “Sólo 10 de cada 100 contratos son de carácter indefinido – dice el informe- y la tasa de temporalidad de los menores de 25 años es del 72,8%”. Esto es, que la temporalidad se convirtió en una buena forma de no regularizar la situación de los trabajadores pagando salarios que en algunos casos no superan los 300 euros. Y de reducir artificialmente tasas de desempleo con precarización.

“El uso generalizado de contratos temporales supone un freno para el potencial de crecimiento y la cohesión social en España. Sigue siendo difícil pasar de un contrato temporal a otro indefinido”, había advertido en 2019 la UE. Pero no es que eso implicaba un giro progresista. Sobre todo porque los empresarios se recuestan Bruselas para defender sus posturas y desde la capital belga no son de dar señalas claras para no mover demasiado el avispero.

La CE, en ese marco, con una mirada ecuménica pide a los actores sociales de España que consensuen una ley de empleo. “Le corresponde a los Estados miembros determinar las reformas y las inversiones incluidas en sus planes nacionales. El papel de la Comisión es evaluar si estas son compatibles con los criterios del plan de recuperación y del semestre europeo”, indica. Pero la espada de Damocles amenaza. De ese plan pospandemia ingresaron 9000 millones de euros. El resto está en veremos y el plazo para abrir las arcas o demorar nuevas entregas es el 31 de diciembre.

Eligen representantes los residentes españoles

Los Consejos de Residentes Españoles (CRE) se definen como órganos consultivos de las oficinas consulares de cada distrito del exterior. Los integrantes son elegidos por votación y este 28 de noviembre, finalmente, luego de varias controversias por la negativa inicial a aprobar las candidaturas que se presentan, será el comicio en Buenos Aires. Tres listas se presentan, una ligada al PP.

Españoles Unidos; el Memoria, Verdad y Justicia, de La Lorca; y el Frente Progresista las 13 Rosas, con apoyo del PSOE y Unidas Podemos. Este sector rinde homenaje con su nombre a las 13 jóvenes fusiladas por la dictadura de Francisco Franco en Madrid el 5 de agosto de 1939, a cuatro meses del fin de la Guerra Civil Española.

Hay algunas coincidencias en las propuestas electorales, como eliminar el “voto rogado” -la obligación de reclamar la inscripción para emitir el sufragio– y la ampliación del acceso a la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes que quedaron fuera de los alcances de la Ley de Memoria Histórica.

Francisco López, portavoz de Trece Rosas, cuenta que dentro del programa electoral, el Frente impulsa la cooperación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y organismos estatales españoles “para la creación de un banco datos genéticos de quienes tuvieron familiares desaparecidos en la guerra civil y posterior dictadura franquista, para facilitar la identificación de los restos que se vayan exhumando en España y para posibilitar las identificaciones de niños robados”.