Brasilia, Brasil
Una comisión de diputados de Brasil aprobó un polémico paquete anticorrupción que debe ser votado en el plenario de la cámara, en vísperas de una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht que amenaza con un nuevo sismo político por el caso Petrobras.
El paquete, que contó con el respaldo de dos millones de firmas, fue elaborado por los fiscales a cargo de la monumental investigación Lava Jato («lavadero de autos») sobre la confabulación entre empresarios y políticos que desvió más de 2.000 millones de dólares de los cofres de la petrolera estatal.
A los fiscales, sin embargo, les podría salir el tiro por la culata, porque la disposición que tipifica y endurece las penas de la «Caja 2» –donaciones de campaña no declaradas–, podría abrir la puerta a una amnistía de los casos investigados hasta ahora; ello ocurriría si el plenario, de 513 diputados, determinase que la nueva ley libra a los implicados de culpa y cargo, porque ninguna ley es retroactiva.
El paquete fue aprobado por los 30 miembros de la comisión, tanto de la base aliada del presidente conservador, Michel Temer, como de la oposición de izquierda, tras casi 14 horas de debates.
‘¡Déjense de hipocresías!’
Algunos opositores pidieron que el texto no se enviase de inmediato al plenario para evitar que los esfuerzos de moralización de la vida pública no se vean como una tentativa camuflada de amnistía de la Caja 2, un canal habitual para encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción, de acuerdo con numerosos juristas.
El diputado Carlos Marun, del centroderechista PMDB (el partido de Temer) tildó de «hipócritas» a quienes presentaban esos argumentos.
«La discusión acabó. Vamos a votar. Déjense de hipocresías. Si el Plenario quisiera votar, ¿quién se lo impedirá? ¡Sean hombres!», instó Marun a sus colegas.
Los debates avanzan en momentos en que más de 70 ejecutivos del grupo de ingeniería Odebrecht, que tuvo un papel clave en el escándalo de Petrobras, se aprestan a firmar un acuerdo con la fiscalía para confesar, a cambio de una reducción de penas, lo que saben del caso que tiene en vilo al mundo político brasileño, según dijo a la AFP una fuente con acceso a las negociaciones.
Medios brasileños señalan que unos 200 destacados políticos de prácticamente todo el arco político podrían verse implicados en esas denuncias.
Las «delaciones premiadas» se dan en un marco de crisis política que este año condujo a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), acusada de maquillar las cuentas públicas para facilitar su reelección en 2014.
Otras medidas, otras polémicas
El paquete ratifica la vigencia de esas delaciones premiadas, aunque con reparos del PT, que pretendía excluir esa posibilidad cuando se tratase de personas detenidas.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), líder histórico del PT, enfrenta varias acusaciones relacionadas con el caso Petrobras, entre ellas las de corrupción pasiva, formuladas en base a declaraciones del exsenador Delcidio Amaral, que se acogió a los beneficios de la delación premiada.
Lorenzoni excluyó en cambio de su informe inicial la propuesta de acusar de «crímenes de responsabilidad» a jueces y fiscales, considerada por sus críticos como una forma de amedrentar a los magistrados. «No podemos mezclarnos con quienes promueven medidas para acallar e intimidar a los investigadores», explicó el diputado.
