Aportes truchos: denuncian la utilización de empleados de la Ciudad

La Alameda pidió que se investiguen los 8 millones de pesos que fueron a parar a las campañas de Cambiemos a través de empleados y funcionarios políticos.

Lilita Carrió y Horacio Rodríguez Larreta festejas los resultados de las elecciones legislativas de 2017.

(Foto: Télam)
30 de Julio de 2018

La fundación La Alameda presentó este lunes una ampliación de denuncia por irregularidades en la campañas electorales de Vamos Juntos 2017, como por la campaña presidencial 2015 y más casos de falsos aportantes de Cambiemos provincia de Buenos Aires.

Los referentes de la Alameda Gustavo Vera, Tamara Rosenberg y Ximena Rattoni se presentaron en los tribunales de Comodoro Py para que se investigue las donaciones de unos 300 empleados públicos a la campaña que encabezó Elisa Carrió.

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 “Decenas de personas se encontraron como falsos aportantes y muchos son empleados del propio Gobierno porteño que fueron usados para encubrir miles de pesos que no pueden justificar su origen. Fueron los trabajadores municipales que nos advirtieron que encubrieron los aportes a través de la planta política, subsecretarios y directores de los ministerios del Gobierno porteño y nos encontramos con que decenas de ellos figuran con montos muy elevados de aportantes a la campaña local, como bonaerense y nacional de Cambiemos”, explicó Rosenberg, una de las fundadoras de la Alameda.

“Aparecemos aportando varios de planta gabinete de la dirección en donde trabajaba. Se creyeron que como respondemos a los directores no íbamos a decir nada. Pero en mi caso el aporte fue hecho a mi nombre sin mi consentimiento”, relató uno de los aportantes truchos al diario Perfil. 

Según denunciaron, más de 4 millones de pesos fueron a parar a la campaña de Vamos Juntos a través de empleados y funcionarios políticos y se llega a los 8 millones si se suman los aportes de la campaña presidencial y bonaerense.

La Alameda le entregó al juez Sebastián Casanello planillas con nombre, apellido y DNI de los empleados y funcionarios del Gobierno porteño que son indicados como aportantes privados.

Una de las hipótesis de los denunciantes es que los funcionarios políticos (subsecretarios o directivos) hicieron los aportes con su tarjeta de crédito y luego ese dinero sería devuelto en efectivo.

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